
El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que las redadas masivas contra migrantes comenzarán después del 4 de julio. Explicó que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) “los van a detener y llevar de vuelta” a sus países. “Tenemos un gran sistema para eso, y ha sido muy efectivo y será muy efectivo”, declaró el mandatario.
Según ha trascendido, el ICE iba a detener a alrededor de dos mil de indocumentados en las ciudades de Nueva York, Miami (Florida), Houston (Texas), Los Ángeles y San Francisco (California), Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia), Baltimore (Maryland) y Denver (Colorado).
Esas noticias sobre las redadas indignaron a grupos de activistas y a la oposición demócrata, cuya líder, Nancy Pelosi, pidió a la administración de la Casa Oval que suspendiera esas operaciones contra los migrantes.
El Congreso aprobó un fondo de emergencia de 4,600 millones de dólares para enfrentar la crisis y le envió el proyecto de ley al presidente para que lo firme. También México ha endurecido su política migratoria aumentando los niveles de arresto y deportación de indocumentados que entran en su territorio para dirigirse a Estados Unidos.
Fuentes demócratas también confirmaron la realización de reuniones entre altos funcionarios de la Casa Blanca y líderes de ambos partidos en la Cámara de Representantes, para discutir el tema. Incluso se ha llegado a asegurar que el debate en torno al tema podría generar una nueva discusión que lleve a las partes a decidir entre salvar a los migrantes que ya están aquí y tienen una orden de deportación final o la inmigración futura que llega a la frontera en busca de asilo.
También los demócratas insisten en que la Casa Blanca debe aceptar el debate de una reforma migratoria integral que, además de incluir el tema de la seguridad en la frontera y la crisis humanitaria, resuelva el problema de los 11 millones de indocumentados que permanecen en la nación norteña.
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