
Un editorial del diario Folha de Sao Paulo mostró este sábado sorpresa ante los movimientos más recientes del ministro de justicia, Sergio Moro, quien no solo obtuvo acceso privilegiado a información confidencial de la Policía Federal, sino que habló de destruir esas pruebas, dos hechos por los que debería ser acusado de abuso de autoridad.
Se trata de las conversaciones obtenidas por un supuesto grupo de “hackers”, ya detenidos, quienes estarían detrás de la entrega al portal digital The Intercept, de los diálogos que confirmaron el complot político-judicial y mediático para encarcelar a Luis Inacio Lula da Silva, cuya condena fue dictada por el entonces juez Moro, en connivencia ilegal con los fiscales.
Antes de que la Policía anunciara la captura de los hackers y los responsabilizara con las revelaciones de The Intercept, Moro ya había adelantado la noticia y vinculado públicamente a los detenidos, cuando se suponía que la investigación estaba bajo secreto de sumario y él No podía acceder a esa información.

Además, Moro se comunicó con otras autoridades para alertarlas de que sus teléfonos también podían haber sido hackeados, sin esperar antes a una información oficial al respecto.
Pero lo que detonó el mayor cuestionamiento a Moro, es que en una maniobra para protegerse, prometió eliminar todo el material obtenido por los hackers apresados, lo que obligó a la Policía a salir a desmentirlo: porque sólo el juez de la causa puede tomar esa decisión, No el ministro de justicia.
Moro es centro de las conversaciones filtradas, pero también es ministro de Justicia y, por tanto, comandante de la Policía Federal, que es la responsable, con autonomía total, de llevar adelante la investigación sobre el hackeo a su celular.
Profesores de derecho y analistas fueron los primeros en censurar desde un inicio la actuación de Moro, al tiempo que voces más potentes, como la del juez del Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, subrayó que sólo el Poder Judicial puede disponer la eliminación de los contenidos obtenidos ilegalmente de la red social Telegram.
El presidente del sindicato de la Asociación Nacional de los Delegados de la Policía Federal, Edvandir Felix de Paiva, consideró también que las declaraciones y actuaciones de Moro son “impropias” y generan incomodidad y extrañeza en quienes llevan adelante la investigación.

En ese contexto, el editor del portal digital The Intercept, Leandro Demori, escribió hoy el editorial del diario Folha de Sao Paulo, donde se cuestionan los pasos de Sergio Moro.
Según Demori, las acciones de Moro para destruir conversaciones hackeadas causan espanto, pero son comprensibles para muchos, considerando los daños que la divulgación de esos mensajes causaron en la reputación del actual ministro de justicia, más los indicios de que el ataque informático tuvo de hecho un gran alcance.
Demori remarcó que aunque la Policía Federal está subordinada a Moro, tiene autonomía para conducir sus investigaciones, sigue protocolos rigurosos y está sujeta a mecanismos de control externo previstos por la ley.
Para Demori, al buscar Moro informaciones sobre una investigación confidencial y usarlas para difundir conclusiones prematuras y confundir a la opinión pública, el ministro de justicia No respetó la autonomía de la Policía Federal, perjudicó el trabajo policial y comprometió aquello que debería ser su único objetivo: el esclarecimento de los hechos.
El cofundador del portal digital de The Intercept No tardó en comentar el editorial de su colega, Leandro Demori, publicado hoy en el diario Folha do Sao Paulo.
Greenwald destacó que estaba equivocado, cuando durante los últimos dos meses en que estuvo leyendo todas las irregularidades que Sergio Moro hizo en las sombras como juez, no creyó posible que fuese más corrupto y abusase más de su poder como Ministro de Justicia.
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