La Habana, Cuba.- El gobierno chileno parece tener fiebre con la incontenible hilera de conflictos sociales desatados por la fuerte inconformidad popular contra la política de endurecer los procesos de recetas neoliberales, sobre todo las privatizaciones.

En los pocos meses que Sebastián Piñera ha estado en la presidencia, se ha visto enfrentado a numerosísimas demostraciones de rechazo a su política, y la última de ellas fue la gran manifestación que conmemoró la muerte de Salvador Allende mediante un golpe de Estado que le costó la vida.

El Ejecutivo hizo frente a la gran marcha de la misma forma que lo hubiese hecho Pinochet, lanzando hordas de policías militarizados contra los que protestaban y alegando que la enorme fuerza de los cañones de agua y los gases lacrimógenos iban dirigidos a grupos de encapuchados que lanzaron piedras y cocteles Molotov contra los policías.

El saldo del 11 de septiembre solamente en Santiago de Chile fue 350 puntos de conflicto, una menor es estado crítico por un disparo en el tórax (no balas de goma) 40 policías lesionados y 280 personas detenidas, según informe oficial del subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla.

Ubilla se quejó: "El país no resiste más este tipo de situaciones". El problema más grave para el gobierno es que el movimiento que iniciaron los estudiantes ha devenido una corriente popular que se va desarrollando,  sumando causas y no parece haber una posibilidad cercana de detenerlo.

El problema fundamental, la causa de todo el descontento, continúa siendo la durísima línea de aplicar medidas neoliberales (esencialmente privatizaciones) que rechazan no solo los estudiantes, sino amplias capas de la población"

El problema fundamental, la causa de todo el descontento, continúa siendo la durísima línea de aplicar medidas neoliberales (esencialmente privatizaciones) que rechazan no solo los estudiantes, sino amplias capas de la población.

El domingo 21 de agosto cerca de medio millón de personas colmó el Parque O’Higgins en una jornada por la educación pública; y el jueves 25 de agosto, una marcha de unas 400 000 personas se desplazó por el centro de Santiago. Junto a las consignas acotadas desde mayo pasado al fin del lucro en la educación, a su calidad y gratuidad, nuevos conceptos circulan impulsados por las organizaciones sociales y los sindicatos: no a la destrucción del medio ambiente, no reprivatización de la minería del cobre, declaraciones contra la inequidad reinante en el país y hasta el planteamiento de una Asamblea Constituyente que acabe con la trampa dejada por Pinochet a gusto de la oligarquía chilena.

En lugar de privatizar, se reclama la renacionalización de recursos naturales entregados a grandes empresas asociadas a transnacionales, una reforma tributaria, cambios al sistema privado de pensiones, y, claro, una educación pública de calidad y gratuita, entre otras.

Como se aprecia en las reclamaciones populares, la confluencia de todas va a dar en fin de cuentas al cambio de la institucionalidad neoliberal que benefició a los oligarcas y ahondó la desigualdad.