El monopolio de la prensa, la dictadura y las presiones

2010.09.07 - 09:43:44 / web@radiorebelde.icrt.cu / Joaquín M. Rivery Tur

Prensa argentina
La Habana, Cuba.- El gran capital argentino está en una furibunda campaña para preservar el monopolio de la fabricación y distribución del papel de periódicos que le permite mantener el control de los grandes medios, pero el Gobierno de Cristina Kirchner se le ha atravesado.

Siempre es el gran dilema cuando los intereses de los que desean dominar y encauzar el pensamiento de la opinión pública encuentran dificultades y, como va demostrando el caso argentino, las grandes cadenas de difusión masiva no se detienen ante nada cuando defienden los intereses de su clase.

Entrar en contubernio con una dictadura que dejó 30 000 desaparecidos durante los nefastos días del poder castrense que potenció la capacidad del sector financiero privado no fue un obstáculo.

Cualquier asesinato de periodistas de izquierda, cierre de publicaciones populares, asedio a emisoras progresistas, inmediatamente nunca cuentan con una condena de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ni con la inquietud del Departamento de Estado norteamericano.

Pero basta que las dificultades estén en contra de los grandes medios que forman opinión pública para que ambos y otros batracios políticos que se pegan a ellos (aunque se llamen ONG —los paga generalmente la CIA— salten inmediatamente en defensa de la llamada libertad de prensa.

El Gobierno de Cristina Kirchner ha iniciado un proceso judicial contra Papel Prensa, la única productora de papel para periódicos que existe en el país austral y que se encuentra en manos de un monopolio formado por la cadena del diario Clarín (tenía que estar, por supuesto) y La Nación, aunque el Estado tiene una porción de las acciones inferior al 30 %.

La acción oficial contra el monopolio de Clarín y la Nación tiene orígenes ya antiguos. El principal accionista de Papel Prensa en los años 70 era el banquero David Graiver, que pereció en un sospechoso accidente de aviación en México en 1976.

Inmediatamente comenzaron las presiones de todo tipo contra la viuda, Lidia Papaleo, hasta que prácticamente la obligaron a vender su paquete de acciones en noviembre de ese mismo año.

Poco después fue secuestrada, torturada y encerrada en cárceles clandestinas de la dictadura. Tuvo mucha suerte de no haber muerto durante una sesión de tortura o haber sido lanzada desde gran altura en el Río La Plata. Tal vez fue un error de los gorilas militares que gobernaban entonces o de los nuevos directivos de Papel Prensa, que no parecían tener grandes escrúpulos y sí fuertes vínculos con los dictadores.

Conocidos los hechos, el gobierno de Cristina Kirchner emprendió un proceso penal contra ambas cadenas de medios de difusión sobre la base del contubernio con la dictadura militar para lograr el monopolio de la fabricación y distribución del papel de periódicos, un arma de gran poder para frenar a los contrarios.

Esta semana Argentina se levantó sacudida por el escándalo levantado por la acusación oficial y por el desmentido del monopolio, que se escudó bajo la justificación de que el Gobierno quiere controlar la prensa, un argumento igualmente viejo.

El hecho de que Lidia Papaleo haya sido secuestrada y torturada pocos meses después de verse obligada a firmar la cesión de Papel Prensa muestra que a los implicados les interesaba verla callada, pero ella sobrevivió y acaba de conceder una entrevista al diario Tiempo Argentino, en la cual reconoció que teme por su vida y pedirá su inclusión en el programa de protección de testigos del caso levantado contra Clarín y La Nación.

"Sé que los poderes aún de ciertos grupos son muy grandes (...) voy a pedir ser testigo protegido". “No me van a desaparecer, pero sí creo que puedo tener un accidente". dijo Papaleo en la primera entrevista que concede en 34 años para referirse al caso Papel Prensa. “Firmé bajo presión”, reiteró.

Aparte de la acción judicial, el Gobierno elevó al Congreso un proyecto de ley para declarar “de interés público” la producción, distribución y comercialización de papel para diarios, algo que la oposición —Clarín y La Nación— rechazan y Washington dice que les preocupa.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP, compuesta por dueños de diarios monopolistas) consideró “inconstitucional” la medida, aunque ellos deberían de esperar, por lo menos, el resultado final de la investigación judicial para emitir una opinión.

Pero la SIP, Clarín y la prensa de derecha tienen una guerra particular contra el gobierno de Cristina Kirchner debido a algunas iniciativas oficiales que han perjudicado a la mayor cadena de diarios del país austral.

"Lo que se está viendo en estos momentos es la situación real de una empresa y se sacan a luz los documentos que son la vida real de una empresa", dijo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien aclaró que el gobierno no busca expropiar la compañía en la que el Estado es socio minoritario (28%).

La pelea es dura. De todas formas, las sospechas sobre la muerte de Graiver, las presiones sobre su viuda, su encarcelamiento y tortura durante la dictadura están dando duro al corazón de Clarín, el cual controla decenas de empresas periodísticas o no y está acostumbrado a imponer sus criterios.



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