
La Habana, Cuba.- Sin lugar a dudas que, actualmente, se crean climas políticos que favorecen los procesos nacionales y permiten avances en materia de cooperación e integración económica, e incluso, de unidad política en diversos países de nuestro continente. Así transcurren procesos y organismos directivos económicos como ALBA, MERCOSUR, PETROCARIBE y UNASUR.
Mas, en un contexto como el actual, ¿cuál es el papel que pueden tener las empresas transnacionales en el modelo de desarrollo latinoamericano? ¿Qué propuestas alternativas podrían realizar los gobiernos de izquierda para contrarrestar el poder de las compañías multinacionales?
En caso de que los gobiernos latinoamericanos progresistas les otorguen el trato de aliadas, ¿tiene sentido seguir oponiéndose frontalmente a la presencia de las grandes empresas transnacionales en esos países, para considerarlas, entonces, como agentes de desarrollo? ¿O resulta mejor abogar porque paguen más impuestos y contribuyan realmente a la generación de empleos?
Desde hace décadas las corporaciones transnacionales juegan un papel fundamental en los procesos de globalización capitalista, producto de la acelerada expansión del capital transnacional por todo el Planeta. De esta forma, sus efectos adversos continúan siendo la actividad esencial de repulsa por parte de todos los movimientos antiglobalización y de solidaridad a nivel internacional, pero no así por parte de las instancias de algunos gobiernos con vistas al diseño y construcción de un modelo de desarrollo alternativo que permita prescindir de las empresas transnacionales.
Entonces… ¿Qué hacer? ¿Cómo operar?
Elevar la participación estatal en el accionado de algunas compañías, construir un sector público fuerte y aumentar los impuestos a las compañías transnacionales, han sido algunas de las medidas que han tomado algunos Gobiernos sudamericanos (Bolivia, Ecuador, Venezuela), como un primer paso imprescindible para avanzar en la recuperación del papel del Estado frente al poder del capital transnacional en la región.
Por ejemplo, Bolivia emitió el primero de mayo de 2006 el decreto de nacionalización de los hidrocarburos. Acción ésta que no provocó la emigración de la corporación Repsol del país, pero sí sirvió para elevar los impuestos estatales percibidos a partir de la explotación del petróleo y gas. Medidas similares tuvieron lugar ese mismo año en Venezuela, que promulgó una ley mediante la cual se constituyeron sociedades mixtas para la explotación de hidrocarburos y, en Ecuador, donde se elevaron los porcentajes de recaudación del Estado en alrededor de un cincuenta por ciento.
En suma, procesos encaminados hacia la soberanía e independencia económica de los pueblos y en los que se incluyen alianzas o bloques económicos regionales como el ALBA y el Banco del Sur.
Así nos encontramos con procesos actuales de transformación y de cambio en diferentes fases de transición. Estas últimas, por supuesto, deben partir necesariamente del respeto a las diferentes identidades de pueblos y comunidades.
De esta forma puede constatarse, por un lado, que la concepción teórica del desarrollo se va alejando poco a poco del pensamiento neoliberal pero, al mismo tiempo, la idea de crecimiento económico y los modelos clásicos de medición y evolución del capitalismo continúan formando parte del pensamiento dominante.
Como significara recientemente el analista económico, Héctor Mondragón, "si el mercado mundial es el que manda y los pueblos no logran modificar y regular sus estructuras, las leyes del mercado fabricadas por el colonialismo continuarán imponiendo el economicismo colonial".
La preocupación por encontrar proyectos económicos alternativos y realistas es uno de los grandes desafíos actuales de la izquierda en el ámbito internacional. Sus premisas y vertientes trascienden entre valores éticos y sociales defendidos tradicionalmente --como la disminución y la eliminación de la desigualdad entre países y clases, la democracia social y económica, y la sostenibilidad ambiental--, y propuestas radicales como son, entre otras, limitar la propiedad privada, luchar por la soberanía alimentaria, abolir los códigos patriarcales de dominación y profundizar en los esquemas de la economía feminista y cancelar la deuda externa.
Propuestas todas que, en mayor o menor medida, se enarbolan como marcos de reflexión por parte de los movimientos sociales progresistas y de antiglobalización. Sin embargo, su fuerza y radicalización resultan aún insuficientes. Se requieren, inobjetablemente, procesos concretos y radicales de ruptura en el marco de la confrontación entre intereses antagónicos. Se necesita, por tanto, un pensamiento dialéctico orientador de soluciones y contentivo de exigencias encaminadas a la salvación del Planeta y de los pueblos.
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