La justicia en la mira ecuatoriana

2011.05.05 - 08:06:07 / web@radiorebelde.icrt.cu / Joaquín M. Rivery Tur

Rafael Correa
La Habana, Cuba.-
Una andanada de ataques e insultos está cayendo en estos momentos sobre el Gobierno ecuatoriano de Rafael Correa desde los medios de difusión de la derecha por su decisión de convocar este sábado 7 de mayo un referendo para reformar el aparato de justicia en el país.

A los ricos no les interesa que se depuren las filas de los jueces con los cuales han contado siempre para obtener ventajas en los litigios jurídicos con contrapartes más débiles. Se trata de un problema general de América Latina que comenzó a cambiar con la implantación de medidas de orden en Venezuela, que se han extendido también a Bolivia y, ahora, a Ecuador.

La prensa dirige su artillería a Correa por los problemas de la seguridad sobre todo en las grandes ciudades, pero todos los gobiernos anteriores han permitido que los delincuentes pasen en prisión más de seis meses sin que los magistrados los procesen y con ello han posibilitado que queden en libertad impunemente, pues la ley establece un límite de 180 días para el inicio de las diligencias judiciales.

La agencia Andes indicaba que el Presidente había anunciado que el Gobierno hace semanas trabaja en cinco ejes con los que tiene la intención de iniciar la reestructuración del sistema judicial. Correa aclaró que “si fuéramos irresponsables habríamos esperado a ganar la consulta popular, pero la arrancada se dio porque el Gobierno aspira a realizar los cambios necesarios en dos años, y por eso se dio inicio al trabajo aún con el riesgo de perder el referendo.

Actualmente, según el anuncio de Andes, el Ejecutivo trabaja con asesores judiciales de Chile y Brasil en el modelo de gestión estratégico que contempla la existencia de un administrador de juzgados que organice aspectos como los horarios de las audiencias; en la gestión de talento humano para la designación de jueces con la existencia de una veeduría; y en el plan de acceso a la justicia que implica descentralización y desconcentración por zonas para la facilidad de procesos.

Otro de los ejes es el plan de tecnología e información, un proyecto que ya se trabaja con éxito en tres estados del sur de Brasil donde viven alrededor de 25 millones de personas, casi el doble de la población ecuatoriana que tiene poco más de 14 millones de habitantes.

“Ahí ya tienen justicia cero papeles, argumentó el mandatario, cuando antes tenían una gran congestión de causas. Con eso se gana en agilidad y transparencia”.
La asesoría también trabaja en un plan para mejorar la infraestructura y equipamiento para optimizar los procesos judiciales.

El Mandatario recordó que en otros países la función judicial se reestructuró en una década, pero Ecuador tendrá que hacerlo en dos años.

El gobernante ecuatoriano, que goza de un alto grado de aprobación de gestión (77%, en marzo de 2011, según las encuentras), manifestó que en el caso de que la ciudadanía vote en contra de la consulta popular, no se podrán efectuar los cambios necesarios en el sistema.

Según la empresa de opinión SP Investigación y Estudios, el 60 por ciento aprobaría el referendo.

Este 7 de mayo, casi 12 millones de ecuatorianos decidirán si se realizan los cambios propuestos en dos grupos de preguntas, la mitad de los cuales son enmiendas constitucionales y se refieren precisamente a la reestructuración de la justicia que no funciona.

El pueblo deberá responder también si está de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado sean dueñas o tengan participación en los medios de difusión masiva.

Igualmente se buscará la opinión de los ecuatorianos sobre la modificación del Consejo de la Judicatura (máximo órgano rector de la justicia) y sobre la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial.

Otra enmienda persigue la creación de una ley que defina plazos razonables para la caducidad de la prisión preventiva ante una situación que “está causando muchos problemas”.

Fuera de las reformas constitucionales, se preguntará si los ciudadanos están de acuerdo que calificar como delito el enriquecimiento privado no justificado, también se sondea a la población sobre la eliminación de los casinos y juegos de azar y espectáculos donde se someta al maltrato animal, como las corridas de toros.

También se cuestionará sobre los medios de difusión y su contenido y sobre la obligatoriedad de los patronos de inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que al final de su vida no vivan en la miseria.



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