Las transnacionales del bloqueo

2011.04.02 - 12:30:31 / web@radiorebelde.icrt.cu / Astrid Barnet Rodríguez

La Habana, Cuba.- A lo largo de más de 50 años las Administraciones norteamericanas se han ido turnando para continuar su asedio contra nuestro pueblo y su Revolución. Cuba ha resistido y ha vencido al bloqueo demostrando una férrea resistencia, apegada a su inalterable historia de luchas, al mismo tiempo que la comunidad internacional ha patentizado en la Organización de Naciones Unidas (ONU) su rechazo a esta criminal acción.

¿Por qué entonces persiste el bloqueo a la Isla? ¿Por qué se conciben argumentos para tener siempre a Cuba en el banquillo del mal y de esta forma prolongar y mantener un bloqueo inhumano y criminal?

Muchas podrían ser las respuestas, pero existe un elemento fundamental que continúa moviendo para tales acciones al ejecutivo norteamericano: la presencia y actividad de las transnacionales.

Recordemos que, dos meses después del 19 de febrero del 2008, cuando nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro, anunció que renunciaba al cargo de Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, se publicó en la CNN Money.com, con el título: Lo que está en juego en Cuba para las corporaciones, que las acciones de la compañía Office Max se habían elevado en un doce por ciento con esta decisión del compañero Fidel, debido a pasar a ser dueña de la Compañía de Electricidad y de la papelera Boise Cascade, propiedades estadounidenses que se le reclamaban a Cuba.

Desde la segunda mitad de la década del setenta se conoce de la influencia política de las transnacionales con el objetivo preciso de frenar las ideas antibloqueo, condicionadas por algunas compañías que argumentaban que el bloqueo contra la Isla menoscababa sus intereses.

En esa fecha se pusieron a prueba los poderes corporativos transnacionales norteamericanos en su guerra económica y comercial contra la Isla, en la que prevaleció la posición e influencia del Joint Corporate Conmittee on Cuban Claims (JCCCC) --creado en 1975--, y que reunió a decenas de compañías afectadas por las nacionalizaciones, con la finalidad de exigir al Gobierno de Washington elevadas compensaciones por supuestos daños.

Desde un inicio, el JCCCC emerge acompañado en su posición por otro grupo de transnacionales asociadas a intereses económicos en estados como los de Louisiana, Florida y California, y parten del argumento de que los renglones exportables que allí se producen son similares a los de la Isla. Algo que llegaría a provocar (supuestamente) una competencia comercial si se produjese el cese del bloqueo, y algo también que se contradice (lamentablemente) con toda una serie de análisis e investigaciones realizadas por varias Universidades norteamericanas e incluso, prestigiosos analistas políticos y económicos quienes han expuesto y demostrado la no afectación a dichos intereses ante el propio Comité de Finanzas del Senado estadounidense.

Por supuesto que, a esta situación, nunca podrá estar ajeno el sector ultrareaccionario y terrorista de la comunidad cubana en Estados Unidos, con reclamantes particulares en su mayoría. Sector que aún continúa ejerciendo una fuerte presión a partir de sus representantes permanentes en el Gobierno de la Casa Blanca y de otros involucrados históricamente dentro del conflicto. Es conocido, por ejemplo, el papel de la firma Bacardí que, desde su nacionalización en febrero de 1962, ha colaborado en acciones subversivas contra la Isla.

En suma, actores con intereses de capital que compiten y ejercen influencia en el proceso de formulación de políticas y que apuestan a que se mantenga el bloqueo, como es el caso de las transnacionales reclamantes --las que plantean que se afectarían al competir con nuestros productos--; la extrema derecha de la comunidad cubana, además del caso de otro actor que, perjudicado o no con el triunfo de Enero de 1959, aspira a invertir y negociar en el mercado de la Isla, y lo hace en la actualidad bajo innumerables restricciones y trabas para ambas partes.

Después que el JCCCC logró detener el debate congresional sobre la posible eliminación del bloqueo a Cuba durante la Administración Carter, continuó con fuerza su labor de zapa, velando porque ante las fusiones que (normalmente) se producen entre compañías o la compra-venta de acciones, se garantizara que los nuevos dueños mantuviesen los derechos de reclamación en Cuba.

De este proceso surge la mencionada Office Max y otros reclamantes como The Bank of America el que, en 2004, asume la categoría de “sucesor” de las reclamaciones originarias de The First National Bank of Boston, luego que este se fusionara con The Bay Bank, renombrado como The Bank of Boston quien, a su vez en 1999, se fusionó con la entidad inversionista bancaria Fleet Financial Group para convertirse en Fleet Boston Financial Corporation, adquirido finalmente por The Bank of America. Todos, por supuesto, movimientos de capital bancario amparados por las leyes norteamericanas.

Hay que recordar que, en 1964, este gran grupo de entidades y representantes financieros dedicados a la eternización del sistema, dictaron la llamada Ley de Reclamaciones Cubanas y la Enmienda Hickenlooper. Bajo el amparo de la primera, iniciaron un primer proceso de certificación que culminó en 1972 con la aceptación de 5 911 reclamantes, con un monto total de más de 1 850 000 dólares, y la aplicación de una tasa anual del seis por ciento de intereses. Hoy se elevarían a más de siete mil (7 000) millones de dólares.

Un dato significativo: no obstante a que 5 013 reclamantes son personas naturales, treinta transnacionales norteamericanas concentran casi el 60 por ciento del valor total del dinero; además de que los documentos extendidos desde esa fecha pueden constituir títulos negociables en las bolsas de valores. Todo un negocio.

Es por ello que no nos debe sorprender que el monto actual del valor reclamado sea mucho mayor –y que continúe elevándose--, y en igual proporción la presión e influencia de las transnacionales dentro del Gobierno norteamericano, si se le compara con las presiones ejercidas durante la década del setenta. Conviene recordar que, en aquella etapa,  durante los encuentros que tuvieron lugar entre las partes cubana y estadounidense (1975 y 1977), el primer punto de la agenda propuesto por Estados Unidos lo constituyó el tema de las compensaciones a dichas propiedades nacionalizadas.

Veinte años después, otra señal dio muestras de la influencia de estas transnacionales “afectadas” o “dueñas” de las reclamaciones: la Helms Burton o Ley contra las inversiones de terceros en Cuba, como también se le califica. Ese engendro legislativo estableció en sus Secciones 205 y 207 que el retorno de las propiedades nacionalizadas por Cuba a manos de ciudadanos o entidades estadounidenses, son condición esencial para el retorno a las normales relaciones económicas y diplomáticas entre ambos países.

Dos años después de suscrita dicha legislación, Washington también logró que la Unión Europea cediera en este tema, a partir de su compromiso a no realizar inversiones en las propiedades “confiscadas” por el Gobierno cubano.

No hay que olvidar que América Latina, históricamente, ha sufrido las embestidas de las Administraciones norteamericanas cuando las propiedades de sus transnacionales han sido nacionalizadas o sus intereses afectados. Recordemos, entre otras, las acciones de la United Fruit Company en Guatemala; al grupo financiero Guggenheim y a la Gulf Oil Company en Bolivia; a la ITT en Chile, para derrocar al gobierno de Salvador Allende y a la Perrine Bank en Jamaica, contra Manley.

Varias de esas transnacionales también fueron afectadas con las nacionalizaciones en Cuba, a diferencia de que el mismo esquema subversivo les falló en Playa Girón y en toda la ulterior cadena de hechos y acontecimientos que, durante más de 50 años, continúan demostrando la irrevocabilidad de nuestra Revolución.



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