• Thursday, 09 de July de 2020
  • 🎧 Ataque a Embajada cubana en EE. UU.: más de un mes de silencio cómplice

    2020-06-03 15:40:37 / web@radiorebelde.icrt.cu / Lainerys Carbonell González


    Ataque a Embajada cubana en EE. UU.: más de un mes de silencio cómplice

    Silencio cómplice es la frase que describe la actitud del gobierno de Estados Unidos tras el ataque terrorista ocurrido el pasado 30 de abril contra la embajada cubana en Washington.

    A más de un mes de los sucesos, la administración norteamericana no ha pronunciado ninguna declaración pública en rechazo a la agresión armada contra la sede diplomática cubana. Al respecto, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, así como varias figuras nacionales e internacionales, dentro de las que se incluyen representantes políticos, intelectuales y de los derechos humanos han pedido de manera oficial que el caso no continúe como un hecho común y se le dé la connotación política que implica.

    A pesar de los múltiples llamados, Washington calla, quizás en un intento de minimizar las denuncias.

    El ataque contra la embajada de Cuba fue obra de Alexander Alazo, ciudadano de origen cubano que vive en Estados Unidos desde el año 2010.

    El gobierno cubano estableció los lazos del atacante con organizaciones anticubanas, mostró evidencias de que además de la alegada enfermedad mental del agresor, el ataque responde a la actual política estadounidense que incita al odio contra Cuba.

    De ahí el silencio del Gobierno de Estados Unidos, un silencio que conocemos, y que ha acompañado durante años a las acciones que grupos violentos radicados en territorio norteño han ejecutado contra la mayor de las Antillas. Cada oleada de terror ha estado precedida por fuertes campañas de odio, rencor y amenazas; de intentos por desacreditar la actuación de Cuba en la arena internacional, en medio de escenarios donde el cerco económico aprieta cada vez más fuerte contra nuestro país.

    Ataque a Embajada cubana en EE. UU.: más de un mes de silencio cómplice

    El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en la conferencia de prensa virtual ofrecida el pasado 12 de mayo, sobre el ataque terrorista a la Embajada de Cuba en Estados Unidos, expresó: «Aquí hay un atacante, un fusil AK-47, 32 casquillos de proyectiles, 32 orificios de bala y la declaración del ejecutor de los hechos de la intención de agredir y de matar».

    La conducta previa a la agresión no denotó precaución, el atacante no escondió su odio hacia la nación que le vio nacer ni sus delirios reales o ficticios. Andaba escaso de dinero y sin empleo fijo, como mencionó su esposa a varias fuentes.

    Días antes de los sucesos el agresor chequeó el lugar, planificó cada paso de lo que pensaba hacer, todo eso en medio de Washington, a pocas cuadras de la Casa Blanca, en una zona muy vigilada. Dispuesto a todo, el día cero condujo su auto varios kilómetros portando fusil de asalto y disparó contra su objetivo.

    No obstante, aunque sigue sin haber respuestas para el país, tras las denuncias del ataque terrorista y de forma paradójica Cuba fue incluida por EEUU en la lista de naciones que no coopera en la lucha contra el terrorismo.

    ¿Qué hubiese sucedido si los hechos fuesen a la inversa? ¿Qué posición asumiría Donald Trump, y una administración caracterizada por su marcado discurso de odio, divisionismo y violencia? Un gobierno que echó por tierra los avances diplomáticos logrados entre ambas naciones, reduciendo su personal acreditado en la isla bajo el tan poco creíble pretexto de afecciones provocadas por incidentes sónicos. Afecciones desmentidas y desmontadas por la ciencia.

    Según las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, sobre Relaciones Consulares de 1963 y la Convención de 1973 sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos. Los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas pertinentes a su alcance para cumplir con sus obligaciones internacionales, esto implica la adopción de medidas adecuadas para proteger los locales de una misión diplomática acreditada en su país contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad.


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