El 3 de enero de 1961 Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba. El 31 de marzo de ese año, el Presidente John F. Kennedy suprimió totalmente la cuota azucarera cubana en mercado norteamericano y el 3 de febrero de 1962, mediante la Orden Ejecutiva Presidencial 3447, se implanta oficialmente el bloqueo total contra Cuba.

Las acciones ejercidas contra la Isla por sucesivas administraciones estadounidenses no se enmarcan en la definición de "Embargo". Por el contrario, trascienden éste y tipifican un "Bloqueo" al perseguir el aislamiento, la asfixia y la inmovilidad de la nación, con el perverso propósito de ahogar a su pueblo y llevarlo a claudicar de su decisión de ser soberano e independiente.

Desde la Conferencia Naval de Londres, de 1909, es un principio aceptado en el derecho internacional que: “el bloqueo es un acto de guerra”.

Pero desde el 3 de febrero de 1962, cuando Kennedy estampó su firma, los continuos inquilinos de la Casa Blanca, tanto republicanos como demócratas, han ratificado la ilegal política bajo el manido y falso pretexto de que es "asunto bilateral”.

La Ley Torricelli -promulgada en 1992 y firmada por George Bush, padre – reforzó las medidas económicas contra Cuba y brindó sustento normativo a la extraterritorialidad del bloqueo.

Cuatro años después, en 1996, bajo el gobierno de William Clinton se puso en vigor la Ley Helms-Burton, con el objetivo esencial de obstaculizar y desestimular la inversión extranjera en la Isla, así como internacionalizar el bloqueo.

Pese a la retórica oficial que pretende convencer a la opinión pública internacional que el actual gobierno norteamericano ha introducido una política de cambios positivos, la Administración Obama mantiene intacto el andamiaje de leyes y disposiciones que conforman las bases legales y regulaciones del bloqueo.

Ese engendro continúa siendo una política absurda e ilegal, principal obstáculo al desarrollo económico de Cuba.

El Presidente de Estados Unidos cuenta con prerrogativas suficientes para modificar significativamente esa criminal sanción, incluso sin la intervención del Congreso.

Según cálculos moderados, los daños económicos ocasionados por el bloqueo superan los 104 mil millones de dólares, cifra que rondaría los 975 mil millones si se considera la depreciación de esa divisa frente al oro en las últimas décadas.

Desde 1992, Naciones Unidas aprueba una resolución que exige su levantamiento. El pasado año fue condenado por 186 países, con Estados Unidos e Israel como sus únicos defensores.