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  • Impulsa mayoría parlamentaria del partido de Evo Morales ley de garantías constitucionales

    2019-12-08 08:08:46 / Noticiero Nacional de Radio


    Impulsa mayoría parlamentaria del partido de Evo Morales ley de garantías constitucionales

    El presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, funcionarios de su Gobierno y líderes sociales podrían verse protegidos por una Ley de Garantías aprobada por la mayoría parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados.

    La normativa pasó ya a consideración del Senado y fue impulsada por los legisladores del MAS, para evitar que sean detenidos y perseguidos judicialmente los dirigentes de organizaciones sociales y sindicales de los pueblos indígenas, campesinos, comunidades interculturales y afro-bolivianos, que participaron en las movilizaciones contra el golpe de Estado que derrocó a Morales.

    La ley sancionada por la mayoría parlamentaria del MAS también busca regular los juicios emprendidos en contra de altas autoridades, como el propio Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, a quienes las autoridades golpistas acusaron de terrorismo y sedición.

    Entre sus disposiciones, la iniciativa contempla la tramitación de salvoconductos para personas que tramitan asilo, lo que podría favorecer al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, refugiado en la embajada de México en La Paz y en contra de quien el gobierno golpista presentó los mismos cargos por terrorismo y sedición.

    Impulsa mayoría parlamentaria del partido de Evo Morales ley de garantías constitucionales

    El presidente de la Cámara Baja y miembro del MAS, Sergio Choque, comentó que se trata de una ley de garantías de los derechos constitucionales, que No busca la impunidad, sino la consolidación de los acuerdos que se llegaron con la participación de la Conferencia Episcopal, las Naciones Unidas y otros entes internacionales para pacificar al país y convocar a nuevas elecciones.

    No obstante, la diputada opositora, Rose Marie Sandóval, anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad en contra de la normativa aprobada por los diputados del MAS, aunque la autoproclamada presidenta, Jeanine Añez, ya advirtió que vetará la esa legislación o No la promulgará, porque fomenta la impunidad y va en contra de la Constitución Política del Estado.

    El texto ahora está bajo la observación del Senado, donde el Movimiento al Socialismo (MAS) también posee mayoría y se da por descontado que lo aprobará. Si así fuera, el procedimiento legislativo dará un plazo de diez días a la presidenta, Jeanine Añez para que se pronuncie, pero si su decisión es vetar la ley, en ese caso el Parlamento podría promulgarla.

    En el colmo del cinismo, el ministro del interior o gobierno, Arturo Murillo, insistió en culpar a Evo Morales por las 34 muertes registradas en el transcurso de golpe de Estado, cuando en realidad murieron a manos de las fuerzas de seguridad que se pusieron a servicio de la asonada.

    Con la agresividad verbal y la prepotencia que caracteriza a los funcionarios del gobierno de facto, Murillo reiteró que el ejecutivo de Añez prepara una acusación contra Morales ante la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) por crímenes de lesa humanidad.

    Murillo descartó que Morales pueda retornar al país y amenazó con que si lo hace, nadie garantiza que No vaya directo a la cárcel. En cambio, Morales espera que más tarde o temprano, tanto Añez, Murillo y los militares que se atrevieron a disparar con balas al pueblo movilizado contra el golpe, serán alcanzados por la justicia.

    Morales remarcó que las masacres de Sacaba y Senkata No quedarán impunes, en referencia a los sucesos ocurridos en ambas localidades, donde al menos diez personas murieron durante la represión del ejército y la Policía contra manifestaciones.

    El presidente derrocado ya agradeció que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos constatara hechos de violencia que podrían constituir graves violaciones a los preceptos humanitarios, por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno represor de Jeanine Áñez.


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