
Insatisfacciones con la construcción de viviendas en Cuba. Fotos: Sergei Montalvo Aróstegui
El incumplimiento del plan de construcción de inmuebles por el sector estatal, los subsidios, así como los trámites solicitados por la población en las oficinas de las Direcciones Municipales de Planificación Física y Vivienda, centraron el debate de las Comisiones de Industria, Construcciones, Energía, y Asuntos Constitucionales y jurídicos del Parlamento cubano.
El presidente de la Comisión de Industrias, Construcciones y Energía, el diputado Santiago Lage Choy ofreció una información sobre las visitas efectuadas a 120 municipios del país en los que se comprobó el incumplimiento del plan de construcción de viviendas estatales en el año 2016 y en el primer semestre de 2017 de los programas de remodelación de cuarterías, rehabilitación de edificios multifamiliares, impermeabilización de cubiertas y sustitución de redes hidrosanitarias.

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros asistió a los debates.
Las autoridades de la vivienda en el Ministerio de la Construcción (MICONS), del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) y del Instituto de Planificación Física presentaron algunos de los ejes fundamentales para estabilizar el plan de construcción de viviendas, la política de subsidios, así como la proyección de nuevas tecnologías que disminuyan la fuerza de trabajo que cada vez es menor.
La diputada por la provincia de Holguín, Marlenis Barzaga Rodríguez reclamó una acción más efectiva y urgente ante las problemáticas del sistema de viviendas que afecta a la población.
Las modificaciones realizadas a la Ley General de la Vivienda No 65 muestran insatisfacciones por parte de la población. En algunos casos se han aprobado los subsidios y estos no han tenido el respaldo financiero.
Igualmente existe morosidad en los trámites, en lo fundamental, en aquellos relacionados con los dictámenes técnicos y regulaciones urbanísticas que asume el Instituto de Planificación Física.

Asimismo se conoció sobre la falta de procedimientos en la norma jurídica para la entrega de azoteas estatales y como resultado, irregularidades en la construcción por esfuerzo propio.
No existe amparo para la legalización de los barrios precarios que reúnen las condiciones establecidas por la ley. Otra problemática está vinculada al Decreto Ley 322 que no permite otorgar licencia de construcción a los cambios de uso que se encuentran aprobados y otorgados.
Entre los temas analizados por los diputados en plenario resalta el referido a los trámites a la población, a partir del Decreto 322 modificativo de la Ley de la Vivienda. Al respecto, se conoció que al cierre de 2016 se oficializaron 124 mil 534 trámites, de ellos resueltos el 83, 3 por ciento, y fuera de término una cifra ascendente a los 2 660. En relación a la entrega de parcelas se conoció que sólo se han aprobado el 16,5 por ciento.

Odalys Escandell, viceministra primera del MINCIN
Sobre la venta de materiales en la red de tiendas de Comercio Interior, la viceministra primera del sector, Odalys Escandell, precisó que los aseguramientos se han cumplido todos los años, e instó a fortalecer la producción local para lograr suministros estables en los territorios.
Sugirió también destinar establecimientos para expender los materiales a las personas que posean subsidios, a fin de contribuir a que los beneficiados concluyan la construcción o reparación de su vivienda en el plazo establecido.
Los diputados al efectuar el análisis integral de la vivienda y su problemática en el país recomendaron al MICONS y al Instituto de Planificación Física revisar las normas jurídicas que frenan algunos de los trámites que debe realizar la población como el procedimiento para otorgar licencia de construcción a usufructuarios gratuitos y la pertenencia de legalizar aquellos barrios precarios que reúnan las condiciones establecidas por la ley.
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