La Habana, Cuba. – La construcción de un proyecto de nación revolucionaria sustentada en un modelo socialista, exigía a la Cuba de 1960 un viraje radical a nivel de estructura.
La eliminación paulatina del concepto de propiedad privada era, sin dudas, una prioridad en el sistema. De ahí la instrumentación de un proceso de nacionalizaciones en el país a partir de agosto de 1960.
Al principio fueron leyes menores; sin embargo, la alarma roja para la oposición se disparó a partir de los dictámenes de expropiación de la banca norteamericana, del gran capital nacional y la Ley de Reforma Urbana.
Estas medidas de beneficio social muy pronto tuvieron su riposta en un aumento del diferendo Estados Unidos-Cuba. En un preludio de bloqueo, el vecino del Norte prohibió la exportación de mercancías norteamericanas a la Isla, exceptuando alimentos, medicinas y equipos médicos.
En respuesta a la hostilidad, Cuba decretó la nacionalización de todas las empresas yanquis de importancia secundaria radicadas en la Isla. Por este concepto más de 163 pequeños y medianos negocios pasaron a manos del Estado.
Con la Resolución No.3 del 24 de octubre de 1960, Cuba concluyó el proceso de transición hacia una propiedad socialista y asestó el más duro golpe al capital norteamericano y a la más encumbrada burguesía isleña.
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