
Perú vive una grave crisis institucional y política, tras la decisión del presidente, Martín Vizcarra, de disolver el Congreso, cuya mayoría opositora reaccionó suspendiendo al jefe de Estado y designando en su lugar a la vicepresidenta del país, Mercedes Aráoz.
Sin embargo, Vizcarra afianzó este martes su poder, al obtener el respaldo de miles de ciudadanos, de la cúpula militar y de la policía, así como de los gobernadores regionales, pero también de los parlamentarios de izquierda.
En cambio, nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, que enfrenta el rechazo de casi el 90 por ciento de la ciudadanía, comparado con Vizcarra, quien goza de una gran popularidad desde su ascenso al poder en el 2018, tras la renuncia del presidente, Pedro Pablo Kuczynski, por corrupción.
El respaldo a Vizcarra se fundamenta precisamente en su cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro anteriores mandatarios son investigados por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Vizcarra se ha quejado de la oposición sistemática por parte de los diputados, ante cualquier medida que vaya contra los esquemas de impunidad y de protección de intereses subalternos.

Además, Vizcarra acusó a la mayoría parlamentaria en torno al Fuji-morismo de innumerables argucias y trampas políticas, destinadas a perjudicar ya no al Gobierno, sino a la sociedad en su conjunto.
En una intensificación de esa lucha de poder, Vizcarra había lanzado el domingo un ultimátum al Congreso, al anunciar que lo disolvería si el lunes le negaba un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Ese órgano es el encargado de interpretar la Carta Magna y funciona como última instancia judicial en recursos de amparo, pero Vizcarra consideraba que el proceso de elección de los magistrados no era transparente ni garantizaba la división de poderes en la nación.
Vizcarra buscaba impedir que la Corte fuera dominada por el partido fujimorista, que controla el Legislativo y optó por desafiar al mandatario, eligiendo precisamente a un nuevo magistrado, uno de los seis que deben ser reemplazados por el fin de su período en el cargo.
El presidente peruano aplicó entonces una norma constitucional que le habilitaba a disolver el Congreso, si esa cámara le negaba una cuestión de confianza para realizar cambios en el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional.
Además, Vizcarra convocó a elecciones para el 26 de enero del 2020, con lo que dio otro tiro de gracia después de que el Congreso archivara el pasado jueves su proyecto de adelantar los comicios a abril de 2020, lo que implicaba recortar un año el mandato del jefe de Estado y del Legislativo.

La propuesta era apoyada por el 75 por ciento de los peruanos, pero los parlamentarios opositores no desean elecciones anticipadas, pues perderían su holgada mayoría y, además, no pueden ser reelegidos, por una reforma de Vizcarra ratificada en referéndum en el 2018.
La crisis actual es el reflejo de la abierta división entre el gobierno del presidente, Martin Vizcarra, y el Congreso desde las elecciones generales de 2016, cuando el partido fujimorista Fuerza Popular logró la mayoría parlamentaria.
Vizcarra ha acusado a Fuerza Popular, dirigida por la encarcelada Keiko Fujimori, de tratar de usar las instituciones democráticas para su beneficio personal.
El presidente, Martín Vizcarra, espera que la disolución del Congreso ponga fin a una etapa que llamó de entrampamiento político y que esa medida excepcional permita que la ciudadanía finalmente se exprese y defina en las urnas el futuro de Perú.
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