La Habana, Cuba.- Aunque el sistema político norteamericano se presenta a si mismo como una democracia, ninguno de los documentos fundacionales de la República, o sea, la Declaración de Independencia de 1776 y la Constitución de 1787, mencionan esa palabra.

Sin embargo, Estados Unidos pretende cuestionar y descalificar todo proceso político que se aparte de su "modelo" de democracia representativa, intenta "supervisar" elecciones en cualquier parte del mundo y presenta su sistema como "el que todos los Estados deben adoptar para ser considerados democráticos".

La Declaración de Viena, adoptada en 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, estableció que “la democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la vida”.

Es sobre la base de esos postulados, que se erige el sistema político cubano, una propuesta escogida y defendida por los propios ciudadanos, genuinamente autóctona, fundamentada en la independencia y la soberanía.

Las virtudes del sistema electoral en la Isla caribeña le dieron tal fortaleza a la nación, que eliminar este proceso político se convirtió en el centro de la agresión permanente de los Estados Unidos contra Cuba.

En ese plan del gobierno estadounidense dirigido a una supuesta supresión del Sistema Político Cubano, se establece, tomado de la Ley Helms-Burton, la formación de los partidos políticos, que serían los actuales grupúsculos mercenarios. Por supuesto, que se le quitaría al pueblo cubano la facultad de proponer a sus propios candidatos. Las facilidades que hoy gozan los electores para estar contemplados en el Registro de Electores y para votar, también desaparecerían.

Frecuentes escándalos de corrupción, fraude, competencia de recursos financieros entre los adinerados candidatos: todo esto y más se ha visto en el sistema electoral estadounidense. Los gastos de las campañas son multimillonarios. Es un complejo engranaje político en el que los turbios pasos electorales se dan en estrecha coordinación con los intereses industriales, financieros y comerciales que controlan la superpotencia.

Ya en el siglo XIX, el prócer independentista José Martí (1853-1895) había comprendido que aquel enlodado ejemplo norteamericano no podía serle útil para el proyecto político de la nueva República que anhelaba.

La lección fue aprendida para siempre, por sucesivas generaciones de cubanos.