La más alta fiscalización de la Asamblea Nacional del Poder Popular se inició en la Dirección Provincial de Justicia de La Habana, con una evaluación integral que incluyó los aspectos caracterización del Sistema: una panorámica general del sistema en la capital, la Gestión de Cuadros y Recursos Humanos: estrategias implementadas para el completamiento de las plantillas, el trabajo de atracción y formación de jóvenes, y para la superación postgraduada.
Igualmente se evaluó la Transformación Digital, el estado y avance de los procesos de digitalización, El funcionamiento Institucional y Control y el modelo de funcionamiento interno de la Dirección Provincial y los mecanismos establecidos para el control y fiscalización de sus unidades municipales, en intercambio al que asistió Pilar Alicia Varona Estrada, Viceministra de Justicia.
En concordancia con lo dispuesto por el Artículo 108, inciso q), de la Constitución de la República del año 2019, el parlamento inició la más alta fiscalización de los órganos del Estado, en esta ocasión, al Ministerio de Justicia, la cual se ejerce a solicitud del Presidente de la República; el Consejo de Estado; el Consejo de Ministros; las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular; y los diputados.
Su realización impactará en la calidad de los servicios que presta el Ministerio de Justicia, reconocerá aciertos y se pronunciará por erradicar las dificultades que aún subsisten, para lo cual los diputados de las comisiones señaladas desarrollarán un amplio trabajo en todas las provincias y municipios, entrevistarán a las personas y conocerán de primera mano sus criterios relacionados con a estos servicios.
Los diputados analizarán y controlarán los resultados del Ministerio de Justicia durante el año 2024 y el primer semestre del año 2025 en áreas relacionadas con el cumplimiento del Cronograma Legislativo; las acciones acometidas para garantizar el eficaz cumplimiento de las leyes; la marcha de la función de asesoramiento jurídico a los organismos de la Administración Central del Estado y demás entidades y el funcionamiento de las Direcciones Provinciales de Justicia.
Asimismo controlarán el cumplimiento y calidad de la prestación de servicios, con especial atención a los notariales y registrales; asesoramiento jurídico a personas jurídicas, y la asistencia y representación legal a personas naturales; Defensoría; Caja de Resarcimientos; atención a la población; así como el cumplimiento de las acciones que le competen al Ministerio de justicia en el Programa de Gobierno concebido para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, entre otros aspectos.