Sobre la importancia de trabajar en una cultura de transparencia y participación ciudadana, destacando que el pueblo informado tiene un papel crucial en la toma de decisiones y en la conducción de políticas públicas, comentó Armando Rodríguez Batista, titular del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (Citma).
En conferencia de prensa, el Ministro se refirió a la Ley 168/2024 “De la Transparencia y el Acceso a la Información Pública”, publicada hoy en la Gaceta Oficial de la República, la cual se fundamenta en los preceptos constitucionales que establecen los principios fundamentales del Estado socialista de derecho.
La norma de alto rango está en sintonía con la legislación nacional y los acuerdos internacionales de los que Cuba es parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.
Explicó que para su elaboración se estudiaron decretos leyes en el ámbito nacional y se hizo un estudio comparado de más de 100 leyes de transparencia y acceso a la información a nivel mundial.
Se tuvieron en cuenta, entre otros elementos, los preceptos constitucionales, el Decreto Ley sobre la Seguridad y Protección de la Información Clasificada y Limitada y políticas y disposiciones normativas relativas al sistema de registros públicos, la gestión documental y archivos, el sistema de información de gobierno, la informatización de la sociedad, la protección de datos personales y la comunicación social del Estado y el Gobierno cubanos.
Señaló que el proceso de elaboración de la ley, conducido por el Citma, implicó un amplio mecanismo de consulta especializada, resumiendo un criterio colectivo con la participación de múltiples instituciones y expertos de todo el país.
Destacó el Ministro que esta ley es la más alta expresión de la voluntad política del Estado y el Gobierno cubanos de transparentar su gestión, todo esto en un contexto económico y mediático tan complejo como cuando se aprobó en 2024.
Daimar Cánovas González, viceministro del Citma, precisó que la nueva ley representa un hito en el ordenamiento jurídico cubano al establecer, por primera vez, un marco normativo integral para el ejercicio de ese derecho ciudadano, consagrado en la Carta Magna.
Subrayó que, aunque la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a la información contenida en documentos y bases de datos, así como la obligación de las instituciones de actuar con transparencia.
No existía hasta ahora ninguna disposición jurídica que ordenara e implementara cómo debía hacerse, y es esa brecha normativa la que viene a cubrir la nueva disposición, reiteró.
Martha Ferriol Marchena, directora de Gestión Documental y Archivos, del Citma, apuntó que la norma responde a la necesidad de implementar de manera organizada los derechos y deberes recogidos en los artículos 53 y 97 de la Constitución de la República.
También en el artículo 97 de nuestra Carta Magna se reconoce el derecho de toda persona a acceder a sus datos personales en registros, archivos u otras bases de datos e información de carácter público, así como a exigir su no divulgación y obtener su debida corrección, rectificación, modificación, actualización o cancelación.
Abundó la experta en que los solicitantes son responsables del uso de la información a la que acceden y por tanto, hacerlo indebidamente puede generar responsabilidad administrativa, civil o penal, conforme a la legislación vigente.
La ley incluye entre las excepciones al acceso a la información pública “la información clasificada o limitada y aquellas circunstancias, hechos o atributos que, de divulgarse, constituyan un daño, peligro, afectación o violación” para la soberanía, defensa y seguridad nacionales, los datos personales, un procedimiento judicial o administrativo en trámites, los derechos de propiedad intelectual, la confidencialidad de datos comerciales y el medio ambiente.
Los directivos del Citma insistieron en que, no obstante haber sido ampliamente debatida y examinada, el reto de la Ley está en su implementación para instituciones y sectores de la sociedad ya que implica un cambio sustancial en lo que han sido las prácticas en ese ámbito.
Sobresale en este proceso la importancia de lo dispuesto en cuanto a la capacitación y el encargo que corresponde al Citma, el fomento de buenas prácticas y la calidad de la información (que sea rápida, clara y confiable) así como la voluntad de que compartir información pública sea parte de la cultura organizacional del país.
La norma cubre un vacío legislativo en relación con el derecho ciudadano al acceso a información pública de calidad, veraz, objetiva, oportuna, y además de ser un reto, constituye una oportunidad pues ofrece a la población la posibilidad de una mayor participación y control popular.
(Con información de ACN)