A fin de ampliar la cobertura y elevar la calidad de vida de los beneficiarios, asegurando su integración y participación social, fue publicado el Acuerdo 10249 en la Gaceta Oficial de la República, que autoriza la prestación de servicios de cuidados a personas adultas mayores y en situación de discapacidad por parte de actores económicos no estatales.
La normativa establece un marco regulatorio para la creación de residencias de gestión privada que complementarán la red de instituciones estatales como casas de abuelos y hogares de ancianos.
Según el texto, los servicios podrán ofrecerse bajo tres modalidades: residencias de cuidados diurnos, residencias de cuidados permanentes o una combinación de ambas.
Los interesados en ejercer esta actividad deberán obtener la aprobación de la autoridad facultada correspondiente, para lo cual será requisito indispensable contar con el aval del director general de Salud municipal, que certifique el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud Pública (Minsap).
Otro aspecto medular del acuerdo es la corresponsabilidad social como principio rector. En ese sentido, la norma dispone que los titulares de estos servicios —ya sean trabajadores por cuenta propia u otras formas de gestión no estatal— deberán ofrecer al menos el diez por ciento de las capacidades habilitadas para la atención de personas en situación de vulnerabilidad, consideradas de interés social.
En estos casos, se aplicará la tarifa aprobada para las casas de abuelos y hogares de ancianos estatales, y se prevé que, ante la insolvencia económica del beneficiario, el pago total o parcial sea asumido por la Asistencia Social.
En tanto, el Minsap queda encargado de establecer los requisitos de las instalaciones, garantizar la atención médica y estomatológica de los acogidos, y desarrollar la capacitación obligatoria a través de las escuelas para personas cuidadoras, cuyo costo será regulado por el Ministerio de Finanzas y Precios.
Esta última cartera también evaluará y propondrá beneficios fiscales e incentivos económicos para estimular el desarrollo de estos servicios, especialmente en correspondencia con la cantidad de personas vulnerables atendidas.
Fuente: Granma