El Consejo Nacional de Innovación, encabezado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, analizó en su reunión ordinaria correspondiente al mes de octubre, el anteproyecto de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cuba, un documento previsto a discutir en el cronograma legislativo de la Asamblea Nacional del Poder Popular a finales de 2026, pero que por su importancia la dirección del país decidió priorizar y finalmente presentarla en diciembre de este año.
El ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), Armando Rodríguez Batista, explicó que la comisión redactora, un grupo multisectorial, tuvo como base para la creación normativa los principios de la política, que a su vez buscan dar solución a los principales problemas actuales del sistema de ciencia, tecnología e innovación.
Hay una relación muy importante entre lo que diagnosticamos y después lo que estamos proponiendo como principios de política para elaborar la ley. Quiero confirmar que en estos 20 problemas identificados en el diagnóstico se resumen, probablemente, los cinco aspectos más importantes del sistema de ciencia, tecnología e innovación: la gobernanza, la alianza, la interpretación del sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación, la conducción del sistema; segundo, el potencial humano, que para muchos compañeros es el nudo gordiano del desarrollo de la ciencia en la Cuba de hoy; tercero, el financiamiento; cuarto, las conexiones y otro aspecto relevante es la evaluación del sistema.
El titular del Citma comentó en su presentación a los miembros del Consejo Nacional de Innovación, un hecho que calificó como un acto de legitimidad, porque muchas de las propuestas emergieron de este espacio; que el anteproyecto está compuesto por ocho artículos.
Un capítulo dedicado a las disposiciones generales; otro capítulo destinado al sistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI); el capítulo 3 dedicado al potencial humano; el capítulo 4 de los instrumentos de la política científica, tecnológica y de innovación; el capítulo 5 dedicado a la gestión de la tecnología y la innovación; capítulo 6 sobre el financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación; capítulo 7 de los sistemas territoriales de CTI y capítulo 8 evaluación, seguimiento y responsabilidad.
Actualmente el anteproyecto transita por la etapa de consultas especializadas que, a decir del ministro del Citma, busca ser un momento para que todo el mundo pueda aportar, no sólo en los centros científicos. «El objetivo es que nadie se quede fuera de esa discusión porque creemos que todo el mundo puede aportar a la futura ley general de ciencia, tecnología e innovación».
Precisamente los integrantes del Consejo Nacional de Innovación ofrecieron sus puntos de vista. El profesor Luis Alberto Montero, decano de la Facultad de Química de la Universidad de La Habana, consideró que se trata de un documento muy sólido, profesional, aún en su nivel de anteproyecto, el cual -de ser aprobado- debe representar un paso adelante en la gestión y la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país, si se logra su aplicación consecuente.
Montero reconoció que la conceptualización y las medidas son muy avanzadas y revolucionarias en nuestro entorno, con respecto al financiamiento de las actividades, hay que destacarlo, subrayó.
Pocas veces he visto un documento donde tan claramente se expongan formas correctas de financiación y tan avanzadas y tan de acuerdo a nuestros tiempos.
De igual manera consideró que el anteproyecto omite desde su propia concepción y objetivos la importancia capital de promover las ciencias básicas y las investigaciones básicas, sólo se limita a protegerlas en el artículo 88G. «Estas ciencias, argumentó, son los cimientos sobre los que se construye todo el sistema de CTI en cualquier país, tanto en su base de conocimiento como para la formación del potencial humano de la más alta calificación del sector.
La Doctora en Ciencias Vilma Hidalgo de Los Santos, directora general de la Fundación de Innovación y Desarrollo de la Universidad de La Habana, entre sus propuestas planteó la necesidad de incluir como función fundamental de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, la de crear un ambiente colaborativo de interacción y articulación entre todos los actores.
«La palabra economía del conocimiento es clave y aparece sólo una vez en el documento, yo creo que se debe enfatizar en varias de las sesiones y fundamentalmente en lo que son objetivos y también en las funciones, porque en definitiva este sistema intenta y trata de fomentar esa economía del conocimiento para elevar el impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación en la economía y en la sociedad cubana», opinó.
Los doctores en ciencias Gilberto Quevedo Sotolongo, de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas y Luis Velázquez, presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, enfatizaron en sus intervenciones, en aspectos relacionados con artículos que deben ser ampliados y el alcance de la norma.
«Hay un artículo, no hay que tratarlo totalmente aquí, ya que es muy importante, que es el artículo 7, que tiene que ver con los derechos morales y patrimoniales, esto es un tema muy complejo, no sé si es en una norma complementaria o no, pero ahí está puesto muy escueto y uno de los problemas que se presenta ahora es quiénes son los dueños de una propiedad, no necesariamente que sea patentable, los dueños de un resultado», apuntó el profesor Quevedo.
«Yo creo que es importante destacar algo, que esta no es una ley simplemente del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente, sino que es una ley transversal, que está relacionada con todos los sectores del conocimiento, ministerios, centros de investigación, universidades, empresas, etcétera», insistió el Presidente de la Academia de Ciencias de Cuba.
Al término del encuentro, el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció el esfuerzo fundamental que ha realizado la comisión redactora para tener una base de anteproyecto.
De manera clara compartió cuál es su aspiración con esta norma que regulará la actividad científica, tecnológica y de innovación.
«Tenemos que lograr que sea una ley que estimule el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. Tiene que ser una ley que resuelva las trabas que todavía nos quedan para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación y que cubra los espacios vacíos que hay en materia de legislación para apoyar determinados procesos en ciencia, tecnología e innovación y que dé respuesta a las aspiraciones que sistemáticamente han planteado nuestros científicos en un grupo de encuentros que hoy en el país se han sistematizado», ahondó el dignatario.
El objetivo -agregó- es que de manera definitiva la ciencia y la innovación en el país se conviertan en una fuerza importante en el desarrollo económico y social del país.
El jefe de estado indicó realizar una consulta lo más amplia posible para que el proyecto de ley general de ciencia, tecnología e innovación de Cuba que se lleve al parlamento en diciembre sea robusto e impulse con su implementación el papel dinamizador de estas actividades como motor del desarrollo económico y social del país, hacia una economía del conocimiento y la inserción de la ciencia cubana en el mundo.
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