El pasado 15 de agosto en las redes sociales y medios de prensa se difundió el artículo periodístico El Misterio del QR: Trabajadores por cuenta propia evaden el pago por transferencia mientras el pueblo exige medidas más duras, donde una vecina del municipio Arroyo Naranjo denunció una experiencia que pone de manifiesto las crecientes irregularidades en el sector de los Trabajadores por Cuenta Propia, (TCP) al intentar realizar una compra en un establecimiento ubicado en calle Finlay 910 entre Gestrudis y Lagueruela, municipio 10 de octubre.
Se encontró con una negativa rotunda: “Aquí no aceptamos transferencias”, le indicó la dependienta, cuando intentó pagar su compra de refrescos y confituras para sus nietos.
La Dirección Provincial de Comercio en La Habana, al conocer del incidente envió al lugar a inspectores y especialistas al amparo de la Orden de Trabajo 1/33/del 2025 con el objetivo de verificar la denuncia.
La dependienta reconoció que cuando sucedió el incidente que generó la denuncia no estaba recibiendo transferencia, la razón según explicó, por no contar con la cuenta fiscal en su poder.
Este hecho contraviene la normativa que establece la obligatoriedad de aceptar pagos por medios electrónicos en ciertos establecimientos.
Durante la inspección sorpresiva, fueron detectadas otras irregularidades, entre ellas violaciones de precio en la comercialización del pollo troceado cobraban la libra a 350 pesos cuyo precio tope es 312. También se comprobaron productos vencidos en los estantes como la Mermelada de Mango de 3,2 kg y el sorbeto Renata.
La inspección no pudo obtener evidencias de los documentos de la titular, por encontrarse residiendo en los Estados Unidos. No existe ningún representante del titular.
No se presenta licencia sanitaria ni la licitud de los productos que comercializan, como tampoco los comprobantes de pago de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).
En correspondencia con las irregularidades y violaciones detectadas, se le notificó a la trabajadora con una multa de 30 mil pesos por violar el Decreto Ley 67 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, además de incumplirse la Resolución 225 del 2014 del Ministro de Finanzas y Precios, así como del Decreto Ley 91 del 2024.
Se adoptó la medida del cierre por 7 días del establecimiento Todotuti, donde de incumplirse dicha medida se realizará denuncia ante las autoridades competentes por un delito de “Desobediencia”.
La comisión de inspectores y especialistas indicaron que la titular debe de presentarse en un término de 7 días en la Dirección Provincial de Comercio de La Habana, sita en calle 33 entre Avenida de Paseo y calle A Plaza de la Revolución, con toda la documentación original que respalde la actividad de Trabajo por Cuenta Propia.
Este operativo efectuado pone de manifiesto la importancia de mantener un sistema de control riguroso en los establecimientos comerciales sean estatales, Mypyimes o Trabajadores por Cuenta Propia, con el fin de asegurar que se respeten las normativas vigentes, y se protejan los derechos de los consumidores.
Carlos Alberto Suárez Leyva, jefe de Atención a las formas de Gestión no Estatal de la Dirección Provincial de Comercio de la capital, al frente del grupo de inspectores y especialistas que actuaron en TPC Todotuti aseguró que la entidad continuará con las inspecciones para garantizar que se cumpla con lo que esta legislado y orientado, donde dijo que se actuará con firmeza ante cualquier violación, siempre promoviendo un entorno de comercio justo transparente en beneficio del pueblo.