Cuba cuenta ya con una Ley que regule las contravenciones administrativas en Cuba, alineada con la Constitución de la República adoptada en el 2019. Así expresó el Ministro de Justicia Oscar Manuel Silvera Martínez, encargado de su presentación a los diputados.
En el Quinto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, resaltó que se incorporan en la normativa principios fundamentales del derecho administrativo sancionador, tales como legalidad, proporcionalidad, tipicidad, finalidad educativa y preventiva, entre otros.
Al intervenir significó: «La norma se fundamenta en los principios generales del ordenamiento jurídico vigente y tiene como objetivo regular las acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que vulneren disposiciones legales, siempre que no constituyan delitos según la legislación penal. Se excluyen de esta categoría las infracciones derivadas de relaciones contractuales, licencias, autorizaciones, concesiones, vínculos disciplinarios o convenios nacionales».
Detalló que la Ley reconoce como sujetos de contravenciones tanto a personas naturales como jurídicas, ampliando el espectro de responsabilidad administrativa. «Esta inclusión responde a la necesidad de fortalecer la legalidad en todos los ámbitos de la vida económica y social».
Uno de los elementos más innovadores de la norma -ponderó- es la implementación de un sistema de cuotas para la imposición de multas, lo que permite una mayor individualización de las sanciones, lo que garantiza proporcionalidad y equidad, y contribuye a la perdurabilidad de la norma en el tiempo.
Además, dijo a los diputados que se incorporan beneficios para quienes cumplen con el resarcimiento de daños y el pago de multas, y se establece la agravación de sanciones en casos de reincidencia, reforzando el carácter preventivo y educativo del sistema.
Esta ley -subrayó- definirá como contravenciones aquellas conductas expresamente descritas que no constituyan delito, pero que afecten o pongan en peligro la vida social, el orden público y el bienestar general, así como otras que impacten ámbitos más especializados del actuar administrativo, que requieran el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración.
Al presentar el Dictamen, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, José Luis Toledo Santander, ponderó la trascendencia de unificar en una norma, con rango de ley, las conductas que constituyen contravenciones contra la seguridad ciudadana y el orden público, incluyendo definiciones, principios, sistema de sanciones y reglas aplicables a toda la normativa contravencional, con una propuesta que busca fortalecer la importante área, asegurando un sistema justo, claro y efectivo que promueva el respeto al orden público y la convivencia social.
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