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  • Domingo, 13 de Junio de 2021
  • Cerca de Medio Millón de personas en Cuba, podrán legalizar sus viviendas

    2019-06-26 13:37:58 / web.radiorebelde@icrt.cu / Hilia Tamayo Batista



     Cerca de Medio Millón de personas en Cuba, podrán legalizar sus viviendas
    Fotos: Hilia Tamayo

    La Habana cuenta con un total de 16 Oficinas de Trámites de la Vivienda, una en cada municipio, excepción en Habana del Este que posee otra en la localidad de Guanabo, las que se encuentran prestando servicios de atención directa a la población desde la entrada en vigor de los Acuerdos del Consejo de Ministros sobre Ordenamiento y Legalización de Viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales se han atendido un total de 14 374 personas.

    El Jefe de Departamento Jurídico de la Dirección Provincial de la Vivienda en La Habana, MsC, Erick Ortega García explicó que casi a un mes de la entrada en vigor de los dos acuerdos han recibido 7 mil 209 trámites jurídicos por los funcionarios de la Vivienda y 2 563 asuntos en tramitación por los Departamentos de Control del Fondo de las Direcciones Municipales de la Vivienda, comportándose la cifra de manera similar a los trámites recibidos por las Direcciones Municipales de Planificación Física.

    Las Oficinas de Trámites se mantienen prestados servicios en los horarios habituales de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes, lográndose la atención del 100 % de las personas que concurren a la Oficina. El Acuerdo No. 8574 vino a satisfacer una inquietud de la población, generada a partir de la entrada en vigor del Decreto-Ley 288/11 del Consejo de Estado modificativo de la Ley General de la Vivienda que eliminó la prohibición sobre las compraventas de viviendas entre particulares, que de acuerdo a su procedimiento se efectúan desde entonces directamente ante notario público, quedando sin solución la situación generada sobre las personas que adquirieron viviendas a través de compraventas, hasta ese momento ilegales, y que de acuerdo a esta prohibición fueron objeto de confiscación, reubicación en algunos casos y declaración de arrendatarios permanentes del Estado.

    En este aspecto, el Acuerdo puesto en vigor establece un procedimiento que permite a estos arrendatarios adquirir la propiedad de la vivienda, previo acuerdo del Consejo de la Administración Municipal correspondiente, descontándose de su precio legal, el valor al que ascienden el monto total de las mensualidades abonadas como consecuencia de ese arrendamiento. El propio Acuerdo limita a aquellos arrendatarios que adquirieron esa condición como consecuencia de la aplicación del Decreto-Ley 232/03 sobre confiscación por hechos relacionados con drogas, corrupción y otros comportamientos ilícitos, el Decreto Ley 149/94 sobre confiscación de bienes obtenidos mediante enriquecimiento ilícito, o como resultado de la acción confiscatoria de los tribunales mediante sentencias penales. Estos arrendatarios van a mantener esta condición y no accede al procedimiento establecido en las nuevas políticas.

    El Jefe de Departamento Jurídico, MsC, Erick Ortega García precisó que los Departamentos de Control del Fondo de las Direcciones Municipales de la Vivienda, es el área administrativa encargada de registrar los inmuebles que se encuentran en el fondo estatal. Posee el control de la totalidad de viviendas existentes que se encuentran reconocidas en concepto de arrendamiento permanente del Estado y controla además las habitaciones, cuartos y accesorias ubicadas en ciudadelas o no otorgadas como usufructos, entre otras funciones.

     Cerca de Medio Millón de personas en Cuba, podrán legalizar sus viviendas
    MsC. Erick Ortega García, Jefe de Departamento Jurídico de la Dirección
    Provincial de la Vivienda en La Habana.

    Como quiera que la política implica la acción estatal de ceder en propiedad inmuebles hasta este momento estatales, este Departamento juega un papel esencial de conjunto con las Direcciones de Planificación Física, pues se encarga de visitar el 100 % de los casos que soliciten la transferencia de la propiedad, efectuar el levantamiento del inmueble en cuestión, posteriormente se entrega en Planificación Física, a fin de que esa instancia valore y disponga mediante Dictamen Técnico, el cumplimiento o no de las regulaciones territoriales, urbanísticas, y las normas técnicas de construcción.

    El proceso de legalización de viviendas se regula en el acuerdo 8574 en tres partes esenciales, La primera comprende las viviendas construidas totalmente por la población terminadas o en ejecución. Estos casos se reciben directamente por los funcionarios de las Direcciones de Planificación Física que se encuentran en las Oficinas de Trámites. En el caso de las viviendas terminadas, emiten Dictamen Técnico con el cual las personas, una vez obtenido, solicitan la legalización ante la Dirección de la Vivienda.

    En caso de viviendas en ejecución por esfuerzos propios, las Direcciones de Planificación Física reconocen los derechos sobre lo edificado, “DPS” el derecho perpetuo de superficie, en los casos que resulte, y autorizan la documentación técnica para la terminación de la obra y legalización posterior ante notario. La segunda parte, comprende los usufructos de cuartos, habitaciones y accesorias que ya se convirtieron en viviendas adecuadas, o exista interés del titular en convertirlas en viviendas adecuadas y los ocupantes de locales estatales convertidos en viviendas adecuadas o en ejecución.


    En el primer caso, en que el cuarto o habitación o local estatal ya resulta una vivienda adecuada, y siempre que cumplan las regulaciones territoriales, urbanísticas, y las normas técnicas de construcción, se emite Dictamen Técnico, Acuerdo de asignación por el Consejo de la Administración Municipal y Resolución disponiendo la transferencia bancaria de la vivienda que debe pagar el 100 % de su precio legal. En todos estos casos se aplica lo establecido en el Decreto Ley 342/16 modificativo de la Ley General de la Vivienda, que establece que los propietarios de viviendas asignadas por Acuerdo del órgano local del Poder Popular, si decide trasmitirla en concepto de compraventa o donación en los primeros quince (15) años de su adquisición, está obligados a ingresar al Presupuesto del Estado el monto total subsidiado.

    En el segundo caso de locales y usufructos que resulte viable su conversión en vivienda adecuada, los Departamentos de Control del Fondo calculan el valor del inmueble hasta el estado constructivo en que se encuentran, se eleva Dictamen al Consejo de la Administración Municipal, quien por Acuerdo dispone el pago del valor calculado ante el Banco, y una vez efectuado ese pago concurre a la Dirección de la Vivienda a solicitar el reconocimiento del derecho sobre la habitación cuarto o local, que se realiza a través de Resolución, que no resulta título de propiedad, ni es inscribible en el Registro de la Propiedad, ni le permite a su beneficiario efectuar los actos traslativos reconocidos a los propietarios, solamente acredita su condición de ocupante legal, a los efectos de acudir a la Dirección de Planificación Física a adquirir la documentación técnica, efectuar el pago del derecho perpetuo de superficie en los casos que corresponda, terminar la obra por esfuerzos propios, y legalizarla, una vez concluida ante, notario público.

    Por su parte la Directora de Banca Personal del Banco Metropolitano Lidia Naranjo Pérez precisó que la capital dispone de una Sucursal Bancaria por municipio que atiende los trámites vinculados con la Ley General de la Vivienda, y en el caso de las personas que deben pagar el Derecho Perpetuo de Superficie lo pueden hacer en cualquier Banco que presta servicios.

     Cerca de Medio Millón de personas en Cuba, podrán legalizar sus viviendas
    Lidia Naranjo Pérez, Directora de Banca Personal del Banco Metropolitano

    En los casos de viviendas acometidas por esfuerzos propios, debe demostrarse que se trata efectivamente de quien la edificó o su sucesor. En el caso de los usufructuarios debe resultar el titular del derecho o su sucesor legítimo, y en el de los locales estatales debe demostrarse su ocupación legal autorizada. No es intensión de la política y sus normas, legalizar a los ocupantes que irrumpieron en inmuebles o locales estatales de forma ilegal. En el caso de las viviendas que poseían propiedad, en su mayoría de madera y tipología ligera, y los propietarios lo repusieron o reconstruyeron totalmente, podrán entrar en este proceso.

    Las llamadas reposiciones totales de viviendas entran en la aplicación de Acuerdo 8574 como viviendas edificadas totalmente por esfuerzos propios de la población. En estos casos el criterio que predomina y debe entenderse es que al demoler o derrumbarse el inmueble del que se era propietario, se extingue el bien y con el derecho, aunque subsistan los derechos que le fueron reconocidos sobre el terreno en el que se encontraba la edificación, por lo tanto, al tratarse de una construcción nueva sin cumplir formalidades legales, se ajusta a lo dispuesto en este nuevo procedimiento, aseguró el especialista. La trascendencia del Dictamen de Planificación Física en el proceso de legalización de viviendas.

    En este aspecto, debe señalarse que esta política, si bien posibilita a ocupantes informales legalizar su condición y adquirir la propiedad de la vivienda, tratándose en su mayoría de personas que llevaban largos años, más de 20 algunos, no es un proceso rápido, ni expedito. Los términos en algunos casos son de 100, 115 y hasta 140 días hábiles, la tramitación puede durar entre 4 y 5 meses su culminación. Este periodo estriba en la necesaria participación conjunta de funcionarios de Vivienda, Planificación Física, Gobierno (CAM), Banco, Notaría y Registro de la Propiedad. De todos los términos, el más extendido es el de Planificación Física que posee 50 días hábiles para emitir el Dictamen, el que debe ajustarse al cumplimiento de las regulaciones, pues si bien el Reglamento instrumentado es de legalización, prioritariamente es de ordenar también, sólo podrá legalizarse lo que cumpla con las regulaciones, no sólo urbanísticas, sino que respondan a los planes de desarrollo instrumentado en los municipios.

     

                                                                                                                                                               
    Digamos que donde se proyectó una zona industrial donde no puede existir viviendas y se edificó de forma ilegal, independientemente del tiempo que lleve edificada, no podrá accederse a su legalización. Entonces es el criterio técnico de Planificación Física el que posibilita que se pueda valorar entonces la legalización del inmueble que se trate. ¿Qué sucederá en el caso de las ciudadelas en muy mal estado, donde existan usufructuarios que ya convirtieron su habitación en viviendas o que deseen hacerlo?

    Como ya se ha explicado, dentro de las funciones del Departamento de Control del Fondo de las Vivienda Municipales se encuentra también, la totalidad de las ciudadelas existentes en sus territorios, y de ellas cuáles poseen la condición de inhabitables, con o sin reparación posible. En estos casos, la inhabitabilidad radica en el fallo estructural, que amenaza con colapsar la edificación, por lo que se encuentran en peligro de derrumbe. Evidentemente en estas condiciones, se requiere de forma imprescindible, la previa intervención estatal para la reparación estructural de la ciudadela, que permita, posteriormente, legalizarse las viviendas edificadas en ellas. La política posee un término de vigencia de 6 años, con la intensión, entre otras, de permitir que los Gobiernos locales puedan trazar estrategias a mediano y corto plazo, y de acuerdo a los planes de construcción anual, acometer acciones, que quizás con una menor intervención permite beneficiar a más.

    En el caso de los Albergues y Comunidades de Tránsito en la capital existe la intención de convertirlas en viviendas adecuadas para sus ocupantes.
    La política no está encaminada a convertir los albergues y comunidades de tránsito en viviendas, el propósito sigue siendo el de brindar abrigo habitacional transitorio a núcleos en condiciones críticas, producto a derrumbes y otras catástrofes o eventos climatológicos. Esto no impide que en los casos que puntualmente se decidan convertir en viviendas se realice, como ha pasado en el municipio de Guanabacoa y Regla a partir del tornado que impacto y provocó grandes afectaciones en el fondo habitacional.


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