Un juez estadounidense ratificó una sentencia que obliga al ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada a pagar una indemnización de 10 millones de dólares por una masacre de ocurrida en 2003, informó uno de los abogados que patrocinó la causa.

"Hoy los bolivianos hicieron historia, un juez estadounidense confirmó un veredicto de 10 millones de dólares contra el expresidente Sánchez de Lozada por las víctimas del "Octubre Negro". ¡Jallalla Bolivia!", dice el mensaje publicado por el abogado Thomas Becker en su cuenta de Twitter.

La sentencia quedó confirmada después de que un tribunal de Florida, Estados Unidos, rechazara una segunda apelación de Sánchez de Lozada y de su ex ministro de Gobierno Carlos Sánchez Berzaín, señaló el abogado de las víctimas de la masacre.

El ex gobernante neoliberal, que renunció en octubre de 2003 tras la muerte de más de 60 vecinos de El Alto y campesinos reprimidos a bala por militares, está refugiado desde entonces en Estados Unidos, junto con Sánchez Berzín y otros excolaboradores.

Según Sputnik, la sentencia original, dictada en 2018 por un jurado de Florida que halló responsables a los ex gobernantes bolivianos en el marco de la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura (TVPA), fue anulada por el juez que condujo ese proceso arguyendo supuesta falta de pruebas, lo que devino en un largo ciclo de apelaciones.

Becker apuntó que, devuelto el caso al tribunal original, los acusados demandaron de nuevo una anulación, pero el juez decidió el lunes 5 confirmar la decisión del jurado.

"El juicio marcó la primera vez en la historia estadounidense que un ex jefe de Estado se tuvo que enfrentar a sus acusadores en un juicio de derechos humanos en Estados Unidos", destacó Becker.

Agregó que la confirmación de la sentencia "envía un mensaje importante: que los gobernantes que cometan abusos tendrán que rendir cuentas".

El caso fue presentado por los familiares de ocho personas asesinadas durante la masacre, entre ellas una niña y una mujer embarazada.

Gonzalo Sánchez de Lozada representó a uno de los gobiernos más liberales en América Latina.

La mal llamada capitalización, aplicada en los años 80 y 90, fue promovida por instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y por economistas como Jeffrey Sachs, experto en la aplicación de políticas de shock.

El neoliberalismo y la privatización empobrecieron a Bolivia y dejó en manos privadas su riqueza durante varias décadas, hasta que, en 2006, Evo Morales recibió el mandato del pueblo boliviano de retornar esas riquezas a manos del país.

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