El Decreto Ley 322 busca además el fortalecimiento del ordenamiento territorial y el urbanismo en el país

Apenas han transcurrido unas pocas jornadas desde que entró en vigor el Decreto Ley 322, una normativa que modifica en ciertos sentidos la Ley General de la Vivienda, la cual data del ya lejano año de 1988, y ya existen muchas expectativas al respecto.

La regulación posibilita a las personas naturales la adquisición de solares yermos a través de su compra o donación, así como la cesión de azoteas para edificar una morada. Al propio tiempo, los interesados podrán realizar –entre otras acciones- la contratación de asistencia técnica a las entidades autorizadas u obtenerla gratuitamente de un familiar, de acuerdo a lo que aparece registrado en la Gaceta Oficial extraordinaria número 40 de septiembre del 2014.

Esta medida se suma a las legislaciones aprobadas con anterioridad y tiene como objetivo el alivio de la ya compleja situación del fondo habitacional en la isla. No pocos territorios cuentan con un deterioro considerable de su infraestructura constructiva, sumado a la desigual cantidad entre los habitantes y las casas disponibles o locaciones para su fabricación.

Con la entrega de subsidios para la edificación por esfuerzo propio de los hogares, y la liberación de la venta de materiales el entorno ha mejorado en cierta medida, pero aún resta mucho por hacer. Continuar sumando esfuerzos al mejoramiento del escenario en que vivimos es uno de las metas de esta disposición.

El Decreto Ley 322 busca además el fortalecimiento del ordenamiento territorial y el urbanismo en el país, y con ello eliminar las indisciplinas y el hacer sin coto de ciertas personas. Asimismo, aúna no pocos trámites, integra y describe procedimientos y flexibiliza ciertas disposiciones.

No pocos retos tendrán en lo adelante las Oficinas de la Vivienda y el Instituto de Planificación Física de las distintas instancias, pues la imagen de años anteriores se ha visto empañada por dilaciones y excesivas trabas burocráticas. Se trata de un fenómeno que toca a todas –o casi todas- las entidades cubanas.

Por el momento toca esperar a ver cómo se desenvuelve el proceso y de qué forma lo asimila el pueblo, pues al final son ellos los principales beneficiarios de cada nueva normativa aprobada. Desde ya las expectativas son bien altas. Pero seamos escépticos y esperemos.

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