Fue
un acto extraño
en la Plaza de Mayo. Decenas de miles de argentinos se congregaron
en una manifestación de apoyo al gobierno de la presidenta
Cristina Fernández, y esto es un acontecimiento raro
que se pierde en la memoria.
Me
llamó la atención el hecho de que la convocatoria
de apoyo a las medidas de retención (aumentos impositivos)
de las exportaciones de soya fuera suscrita por numerosas
organizaciones, incluyendo la prestigiosa Madres de la Plaza
de Mayo.
La
enorme manifestación de los argentinos en respaldo
de su Presidenta se debió a la larga protesta de productores
rurales de bloquear las carreteras y provocar así la
escasez de productos alimenticios que normalmente se encuentran
en los comercios.
Evidentemente,
la Sociedad Rural y otras organizaciones de terratenientes
derechistas, productores sobre todo de soya, han logrado
que los secunden los miembros de la Federación
Agraria, de pequeños y medianos agricultores, en la
reclamación contra las retenciones de las exportaciones,
una jugada oficial para lograr una redistribución
de la riqueza agraria, que ha tenido un gran excedente en
los últimos años gracias al aumento desmesurado
de los alimentos provocado por su uso para la fabricación
de biocombustibles.
El
paro de los productores agrícolas ha tenido un
impacto fuerte, y en el discurso pronunciado durante la concentración
popular, Cristina Fernández les pidió una tregua
para restablecer los suministros de comida para que “no
agravien más al pueblo”.
La
Presidenta llegó a comparar a las organizaciones
rurales en rebeldía con los sectores que "hicieron
el lock-out patronal en febrero de 1976, antes de que el
país viviera la tragedia del golpe más terrible",
el cuartelazo fascista.
Ante
la demostración de fuerza masiva, las organizaciones
de propietarios agrarios, donde predominan los terratenientes,
prefirieron convocar a una reunión para analizar la
petición de tregua, pues el reto popular es fuerte
y las ganancias que están teniendo los soyeros son
enormes, pues a la oleaginosa se dedica la mitad de los 30
millones de hectáreas cultivadas en todo el país,
y el 95% de la producción se exporta a precios cada
vez más altos.
El
paro agrario, promovido por los terratenientes fue producido
por el aumento de los gravámenes a la soya y el girasol.
Los pequeños y medianos productores, según
se afirma en la prensa, son el 96% del total de los establecimientos,
pero levantan apenas el 40% de la cosecha. El 4 por ciento
de los otros propietarios (latifundistas) produce el 60 por
ciento.
El
problema serio es que la exportación de soya,
girasol, carne y cereales le resta suministro al mercado
nacional y, por tanto, los precios internos suben (inflación)
a pesar de que los costos son muy competitivos. El envío
de esos productos fuera de las fronteras, hace sufir las
consecuencias a los nacionales.
La
Sociedad Rural sin duda es una beneficiada de las dictaduras
fascistas y la organización de la protesta y los bloqueos
adquiere un cariz político-ideológico y económico
porque no admite ceder un centavo ganancias a nadie.
Con
los pequeños y medianos productores, el gobierno
ha anunciado una política de subsidios para evitar
daños a los que menos perciben, y ese es uno de los
reclamos hechos en la prensa de izquierda en Argentina, porque
no se puede tratar lo mismo al latifundista o a las corporaciones
capitalistas del campo que a los agricultores corrientes.
El
paro agrario es también una trinchera política
de la derecha, que pretende la liberalización de la
economía, propugna por el retiro de cualquier regulación
sobre los precios y los costos de producción y exige
vía libre a los grandes grupos capitalistas del campo
aliados a los grupos financieros que propugnan una regresión
a la época anterior a 2001, cuando el neoliberalismo
salvaje imperaba.
Se
precisa mucho tino para tratar de separar los intereses
de los grandes terratenientes y los pequeños y medianos
agricultores y evitar que la derecha continúe utilizando
a estos como apoyo a sus demandas, que solamente buscan incrementar
sus ganancias y continuar la concentración de las
tierras en manos de terratenientes o de empresas capitalistas
agrícolas.
De
una forma u otra, esta es el conflicto interno más
serio que enfrenta el gobierno de la presidenta Cristina
Fernández. De su capacidad de maniobra dependerá el
resultado final. Por lo pronto, ya ganó una demostración
de fuerza popular.
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