La pobreza aparece como el gran detonante de la violencia en Centroamérica, una subregión empobrecida por las guerras y las políticas económicas neoliberales, sin que hasta ahora se vislumbre en la mayoría de sus integrantes - Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Costa Rica - la posibilidad de cambios estructurales que impidan el crecimiento de ese flagelo que corroe las sociedades.

La inseguridad en esos países, incluido Costa Rica, el de menor índice de violencia, deviene preocupación incluso para los organismos internacionales, pues la tendencia es a crecer debido a que cada vez más aumentan, paralelamente, los índices de miseria y sus consecuencias, como el analfabetismo, la carencia de servicios de educación y salud y empleo garantizado, entre otros males.

El Banco Mundial reconoció que el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (llamado CAFTA por sus siglas en inglés) aumentará los niveles de pobreza, pues el crecimiento económico  previsto es de 0,6% anual en los próximos cinco años, con graves perjuicios, además, para varios sectores de la población.

Un estudio de esa entidad refirió que el 9% de las familias nicaragüenses, un 16% de las guatemaltecas y un 5% de las salvadoreñas subsisten gracias a la producción de alimentos como el maíz, arroz, fríjol y carnes de pollo y de res. La caída de los aranceles de estos productos se revertirán en una reducción de ingresos y nivel de vida y la gran mayoría de los campesinos verán avejentarse sus productos de los mercados ante la entrada de alimentos estadounidenses subsidiados y baratos.

También para Sidiki Kaba, presidente de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH), el CAFTA fue firmado entre naciones de desarrollo económico muy desigual, lo cual somete a los más débiles, estimó, a las pretensiones de los más fuertes.

Estados Unidos actúa a título de hiperpotencia con un único interés comercial; nada más le interesa, opinó el presidente de la FIDH, creada en 1922 con 141 instituciones que defienden los derechos de las personas en más de 100 países.

En Latinoamérica, precisó, la llamada globalización es un factor de exclusión, discriminación, injusticia y pobreza para la mayoría de las poblaciones.

Para el sociólogo español José María Tortosa, son muchos los factores que relacionan pobreza y violencia. "La pobreza y la violencia que esta genera son los factores que intervienen en la expulsión de una mano de obra que busca empleo en los países ricos. Ese trabajo, si existe, va a ser en aquellos puestos que los autóctonos  no quieren. Y también es sabido que esa inmigración da pie para el racismo preexistente, incluso entre naciones de una misma región".

El binomio miseria-violencia hace que cada año miles de personas abandonen sus naciones de origen en América Central. El resultado de la conmoción económica que se espera con el CAFTA, y de lo cual ya hay ejemplos, debe propiciar aún más la emigración hacia las ciudades y con ello el aumento de la criminalidad.

Se estima que en Nicaragua, un país pobre pero con bajos índices de delincuencia en comparación con el resto del Istmo, el fenómeno migratorio y de delincuencia deben minimizarse ante los proyectos económicos y sociales puestos en marcha por el gobierno del presidente Daniel Ortega.

LOS MÁS VIOLENTOS

Situados en el llamado Triángulo Norte centroamericano, Guatemala, El Salvador y Honduras presentan los mayores índices de violencia causada por la delincuencia y pandillas juveniles, y en los últimos dos años los llamados escuadrones de la muerte. Se considera que incluso las agrupaciones pandilleras interactúan entre esos y otros países, sin que la llamada política de mano dura de los gobiernos haya dado algún resultado positivo.

Nueve organizaciones no gubernamentales de esa zona realizaron una investigación titulada Centroamérica 2005-2006, en el que califican de "epidémicas" las tasas de homicidio conocidas.

El estudio reveló que las cifras comparativas en la región registran 55,5 homicidios por cada 100 mil habitantes en El Salvador, 40,6 en Honduras y 37,5 en Guatemala.

Mientras, Nicaragua no llega a los 8, y Costa Rica, el más bajo, está en 6,2 por ciento, aunque en este último con tendencia a aumentar.

Analistas estiman que las cifras pueden ser mayores, ya que la encuesta se basó en casos conocidos por las autoridades.

Los organismos humanitarios también indicaron que la violencia, junto al desempleo, son los dos temas que más preocupan a la población centroamericana.

En un análisis sobre este tema, especuló, hay que tener en cuenta también el factor de la droga, pues la mayoría de los estupefacientes con destino a Estados Unidos pasan por la subregión y son movidos, sobretodo, por una masa juvenil.

En base a estas investigaciones, en el Triángulo Norte existen 62 mil 700 jóvenes que integran las llamadas pandillas o maras, un fenómeno que vinculan a los niveles de pobreza.

Honduras con una pobreza que alcanza al 73 % de su población, figura con 36 mil pandilleros, Guatemala, con  47.40%, le sigue con 14 mil "maras", y El Salvador, presenta una pobreza de 41.40 % tiene 10 mil 500 delincuentes juveniles, según detalló el estudio, aunque algunos organismos independientes los calculan en 30 mil.

Los subregistros hablan de entre 240 mil y 500 mil pandilleros en la región centroamericana, los cuales constituyen una pesadilla incluso para quienes quieren abandonar sus países, pues los abordan en los trenes y caminos, los asaltan, y en la mayoría de las ocasiones los matan o hieren.

Informes del Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés) precisan que los grupos delincuenciales de Centroamérica mantienen relaciones con los de Estados Unidos, y trabajan de manera coordinada en asaltos y robos a indocumentados que intentan penetrar a ese último país por las fronteras de México. Para llegar a tierras mexicanos, muchos emigrantes deben atravesar varias naciones.

El agente a cargo de la división Criminal del FBI en Los Ángeles, Robert Loosle, afirmó durante la Tercera Convención Internacional Antipandillas, efectuada en fecha reciente en El Salvador: " Sabemos que entre las pandillas de Los Ángeles y El Salvador hay muchas comunicaciones".

Una de las preocupaciones mayores que agita ahora a los centroamericanos es que el perfil tanto de victimas como de victimarios va entre 11 y 30 años de edad. Son individuos de escasos recursos, miembros o no de bandas, sin empleo e integración al sistema educativo. 

En El Salvador, según datos del 2004, se registraron 123 víctimas de entre 11 y 18 años, 331 de entre 19 y 25 años, y 123 de entre 26 y 30 años. Mientras, en Guatemala las víctimas se elevaron a 134, 222 y 126, respectivamente en esas fajas etarias.

Con 213 muertos de entre 11 y 30 años, aparece Costa Rica, seguida de lejos, con 118, por Nicaragua. Panamá registró 337 muertos en ese rango de edad.

Una situación también muy grave se presenta en el caso de las mujeres. En Guatemala, con unos 13 millones de habitantes, los crímenes contra féminas se han incrementado, sin control de las autoridades. Son alrededor de 600 feminicidios anuales, con violación sexual y saña por parte de los homicidas y una evidente impotencia de la sociedad para suprimirlos.

Otro aspecto que mantiene en la expectativa a América Central es que en la mayoría de los crímenes se desconoce el móvil, y pocas veces son activadas las investigaciones.

Este fenómeno de graves alcances sociales trae también como consecuencia un alejamiento de las inversiones extranjeras y del turismo en la subregión, que atesora un enorme caudal de tesoros pre-hispánicos y bellezas naturales. La inseguridad aleja a los foráneos.

Hasta ahora, salvo alguna excepción, la contrapartida al crecimiento de las pandillas es la inversión en seguridad privada tanto para las empresas (afectadas por el flagelo en un 27%) como para los hogares y el crecimiento de los mercados de armas.

Asimismo, y para crear aún más terror, en Guatemala, Honduras y El Salvador aparecieron los denominados grupos de limpieza social, que ejecutan a presuntos pandilleros y delincuentes, pero también a víctimas inocentes sin que los gobiernos adopten medidas para evitarlo.

Son grupos de exterminio para matar a los jóvenes, y si bien no identificamos en estos escuadrones de la muerte a policías o militares, hay quienes dicen que sí participan", denunció el director de Casa Alianza para Honduras, Manuel Capellín.

O sea, que lo que existe es una guerra tendiente a crecer entre esas agrupaciones, que surgen por causas diferentes pero convergen en fomentar la muerte y el terror.

Lo único, según entidades internacionales, que pudiera al menos paliar tan dramática situación social es un cambio económico estructural para posibilitar un acercamiento de niños y jóvenes a fuentes de educación, salud y empleo. Algo que, al menos por el momento, es bien difícil en la mayoría de las naciones de América Central supeditadas a los rigores de la economía y la norteamericana.