El
VII Encuentro Hemisférico de Lucha contra los Tratados de Libre
Comercio (TLC), que la semana pasada se celebró en
Cuba, demostró que la unidad y las luchas de resistencia
son los caminos frente a los TLC que Estados Unidos suscribió con
los gobiernos de las pequeñas economías centroamericanas
y de otros países.
Tal
como pronosticaron analistas económicos y se
evidenció en la cita de La Habana, los TLC han conllevado
a un incremento de la emigración en la región
en busca de mejores oportunidades ante la pérdida
de empleos y el empobrecimiento de varios miles de campesinos
y de otros sectores de la sociedad.
Osvaldo
Martínez, presidente del Comité Organizador,
indicó que el ALCA fue frenada con la más exitosa
campaña continental, pero ese proyecto imperialista
adoptó un nuevo rostro en los TLC. De ahí que,
apuntó, el reto ahora es atacar sus cimientos neoliberales
vertebrando las luchas de resistencia a partir de realidades
regionales específicas.
Por
su parte el costarricense Jorge Coronado, de la Alianza
Social Continental, sostuvo que discutir sobre las tendencias
del neoliberalismo, de los TLC, del ALCA, ha ayudado en
forma monumental a la articulación de los movimientos
sociales.
El
presidente George W. Bush, quien acusó un notorio
fracaso en las aspiraciones imperiales de establecer el Área
de Libre Comercio de las Américas (ALCA) para mantener
a la región bajo su dominio, acudió a esta
otra variante económica de corte colonialista.
Analistas
se preguntan qué beneficios puede proporcionar
un Tratado que desconoce los derechos ambientales y de los
trabajadores.
Aparentando
olvidar la experiencia de México con
el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN),
que arrastró a la pobreza a miles de campesinos en
la nación azteca y a un incremento de la inmigración
ilegal en busca de oportunidades, Bush se valió de
sus artimañas para convencer a varios gobiernos de
que los TLCs ayudarían a frenar el movimiento migratorio,
una vez que fueran mayores las oportunidades de empleo para
los centroamericanos en sus países de origen. Algunos
gobiernos cayeron en la trampa.
Según la organización Catholics for Faithful
Citizenship, el acuerdo constituye "una sentencia de
muerte" para los enfermos de SIDA, quienes poseen menos
oportunidades de acceder a los costosos medicamentos para
alargar su vida debido a las restricciones en la producción
de fármacos genéricos.
Para
las mujeres latinoamericanas, trabajadoras o no, los TLC
suscritos por sus gobiernos con Estados Unidos profundizan
la discriminación y exclusión, en la medida
en que en esas naciones el neoliberalismo se arraiga como
política económica.
Varios
países tienen TLC con Washington, entre ellos
México, Chile, República Dominicana, y cinco
centroamericanos.
La
Comisión de Vestuario y Textiles de Guatemala
reportó en el 2006 el cierre de 40 maquilas (la fuerza
laboral está integrada mayormente por mujeres que
quedaron desempleadas) por la pérdida de contratos
de pedidos frente a las fábricas de otros países,
donde los costos de producción son más bajos.
Este
es uno de los resultados más evidentes del daño
que hace el TLC al sexo femenino.
Un
informe de la organización Oxfam, del año
pasado, señala que con estos Tratados, tal como se
concibieron, las desigualdades de género ya existentes
se pueden ver reforzadas si, en aras de la competitividad,
se promueve un modelo de desarrollo basado en el trabajo
barato y “flexible”, en lugar de invertir en
formación y recursos humanos.
Bajo
el título Nuestro futuro por la borda, Oxfam
demuestra cómo estos acuerdos imponen normas cuyo
alcance compromete las políticas que los países
en desarrollo requieren para luchar contra la pobreza.
Según la Oxfam, las pequeñas empresas, los
sindicatos, las ONGs, los grupos de mujeres y las poblaciones
indígenas de los países subdesarrollados disponen
de escasos mecanismos de participación, y sus derechos
y necesidades son en gran medida ignorados.
Los
TLC con los que Estados Unidos pretende consolidar su dominio
económico y político en la región
defienden a ultranza el crecimiento corporativo, en la medida
en que desconoce el impacto de la liberación comercial
para los trabajadores.
La
privatización de servicios con beneficios sociales
como el acceso al agua, la salud y la educación, que
convierte derechos universales en meros artículos
vendidos en el mercado, igualmente perjudica.
A
su vez, los derechos de propiedad intelectual relativos
al comercio desconocen el patrimonio colectivo generado
mayormente por mujeres indígenas y campesinas durante
siglos.
La
apropiación privada por parte de las corporaciones
de estos conocimientos afecta la producción, la soberanía
alimentaria y la calidad de vida de esas personas.
Con
el acuerdo, a los productores pobres se les prohíbe
intercambiar semillas para mejorar la producción,
mientras las grandes empresas agrarias aumentan su poder
en el mercado.
Tampoco
las empresas de los países en desarrollo
tienen acceso a las nuevas tecnologías, mientras al
permitirse el ingreso de corporaciones transnacionales a
competir con las estatales, estas últimas tienen la
amenaza de desaparecer.
De
ahí de que el VII Encuentro Hemisférico
de Lucha contra los TLC que concluyó la pasada semana
tuvo lugar en el Palacio de las Convenciones de La Habana
necesariamente convocó a la unidad de los pueblos,
en momentos en que hay en Latinoamérica más
de 200 millones de pobres, 53 millones de hambrientos y 42
millones de analfabetos. |
