La Habana, Cuba. La derecha grita. La oligarquía se desespera. El 60 por ciento de los electores bolivianos aprobó la nueva Carta Magna, la que ya comenzó a dictar la refundación del país del altiplano.

De paso le dio un buen golpe al latifundio al ratificar con más del 70 por ciento la opción de que no puede haber propietarios de más de cinco mil hectáreas.

Los que hasta hace poco tenían el poder económico en sus manos entran en crisis de desesperación y rabia. Como los esquizofrénicos de los manicomios, amenazan con violencia.

La misma noche de la aprobación de la Ley de Leyes por los bolivianos, el presidente Evo Morales, respondió a los alaridos opositores con una posición clara: no negociaría con ellos el contenido del gran documento, sino solo su reglamentación.

Para él, se acabó el estado colonial y neoliberal “representado por gobiernos que solo saben subastar nuestros recursos naturales”.

Fue un triunfo completo para el Movimiento al Socialismo, pues los partidos de derecha en Bolivia llevaban tres años entrenándose en conspiraciones, actos vandálicos, creación de grupos de asalto, falsedades y guerra mediática absoluta con el fin de detener los objetivos que hace muchos años viene proclamando ese luchador incansable que es hoy el Presidente de la nación del altiplano andino.

No se pueden dormir los bolivianos en los laureles. Los llamados comités cívicos ya anunciaron que desacatarían la voluntad del pueblo y no respetarían las nuevas normas, pero olvidan que hace solamente unos meses fueron derrotados en el intento de golpe de Estado civil con que intentaron derrocar a Evo.

Realmente ni los dirigentes oligárquicos han expresado dudas sobre la voluntad del pueblo, pero ya comenzaron una campaña que los puede llevar a una violación y, finalmente, a enfrentar en los tribunales sus acciones ilegales, destinadas fundamentalmente a promover la separación de los departamentos de la llamada media luna (Santa Cruz, Trinidad, Beni y Tarija), a los que el Presidente respondió que ahora Bolivia era una luna completa de todos los ciudadanos.

Con base en el departamento de Santa Cruz, donde reside la rama más fuerte y dominante de la burguesía que controla la prefectura (gobernación) y el denominado Comité Cívico, a los que se subordinan los ricos bolivianos de Tarija, Beni y Trinidad y los añadidos de Chuquisaca, la oposición lanzó todos los denuestos posibles por todos los medios (televisión, prensa escrita, radio, declaraciones).

No desearon enfrascarse en un debate político sobre los artículos del texto constitucional, porque es un terreno movedizo en el cual únicamente podía refugiarse en la defensa del pasado, el latifundio, la discriminación social, el desempleo, los bajos salarios, la insalubridad, la entrega de los recursos naturales a empresas extranjeras y la pérdida de soberanía.

El gran temor de la oligarquía, lo que les infunde pánico, radica en que los proyectos sociales impulsados por el Gobierno del residente Evo Morales han hecho conciencia y todas las autoridades tienen que someterse a una elección general en diciembre próximo, con augurio para más poder popular.

La realidad les amenaza el poder con el que lucraron hasta hoy.