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Bolivia: derecha enfila hacia rebelión violenta
Joaquín Rivery Tur
Colaborador de Rebelde
27 de Junio de 2008, 11:30 a.m.

La derecha boliviana, alentada por la insuflación de dólares de Estados Unidos, parece lanzada a un plan de rebelión violenta que no se sabe qué derroteros tomará si las masas populares le hacen frente.

Las bandas de asalto de la oligarquía cruceña tuvieron el primer choque con la policía cuando se apoderaron por la fuerza de un puesto de peaje del aeropuerto internacional de Santa Cruz e intentaron cobrar a los automovilistas las cuotas que pertenecen al poder central.

Estos grupos de violencia, diseñados siguiendo la pauta de las bandas de Patria y Libertad que se enfrentaron con violencia al gobierno chileno de Salvador Allende en la década de los setenta, realizaron así el primer intento de toma de una institución estatal después de que las autoridades hiciera aprobar un referendo fraudulento que dio una supuesta autonomía a Santa Cruz (y luego se repitió en Beni, Pando y Tarija).

Esta escaramuza se destaca sobre todo después que los cuatro prefectos anunciaran que desconocerían el referendo revocatorio aprobado en el Congreso hasta por parlamentarios de derecha y que en su momento no rechazaron.

El dirigente de corte fascista David Cejas llegó a lanzar una amenaza contra el presidente Evo Morales y señaló que no le permitirían —sus fuerzas de choque— pisar el suelo cruceño.

La Unión Juvenil Cruceñista actúa por indicación del prefecto Manuel Costas (quien sostiene constantes reuniones con el embajador norteamericano Philip Goldberg), y Cejas indicó que tiene una lista de instituciones que serán tomadas en los siguientes días, entre ellas, de acuerdo con la prensa local, la nacionalizada ENTEL (telecomunicaciones) y las regionales de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, como parte de un plan para acelerar la llamada autonomía, que así resultaría en un simple golpe departamental de violencia con vistas a su separación de Bolivia y un indicador a los otros tres departamentos de cómo tienen que actuar.

La mano de Estados Unidos se ve igualmente en la decisión del gobierno de otorgar asilo político al ex ministro de Defensa y ahora acusado por genocidio, Carlos Sánchez Berzaín, uno de los que dirigió la matanza que provocó la sublevación que derribó al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, también acusado por la masacre.

Como fórmula de presión, Washington llamó a consultas a su embajador después de que una manifestación de pobladores de El Alto se efectuara frente a la embajada norteamericana para protestar por la protección al ministro represor.

En Cochabamba, los cocaleros decidieron expulsar de su territorio del Chapare a la agencia de espionaje USAID, cuyos fondos no se entregan al gobierno para planes de desarrollo, sino son distribuidos directamente a grupos de derecha.

El diputado Asterio Romero mencionó concretamente que la agencia está involucrada en la gestión de un golpe de Estado contra el presidente Morales.

El conflicto con la oligarquía golpista de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija se ha agudizado tanto, que el presidente Evo Morales pidió a la policía y las fuerzas militares de Bolivia que le ayuden a hacer respetar la Constitución.

Hasta ahora, el primer Presidente indígena de Bolivia había tratado de evitar llamar a las fuerzas armadas a involucrarse en el conflicto, pero la situación lo ha obligado.

Las fuerzas armadas han declarado su respeto a la constitución y la institucionalidad y su posición contraria a toda segregación, pero algunos analistas temen que la embajada de Estados Unidos esté trabajando a altos militares con el fin de que apoyen el derrocamiento del presidente Evo Morales.

Washington ha ido montando una estructura para desarmar la nación boliviana y las acciones muestran un claro regreso a los métodos de la década de los setenta, aunque en condiciones nuevas.
 
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