LA HABANA, CUBA.- El buen desempeño de la Fiscalía, el Control y la Legalidad Socialista se imponen hoy en Cuba como un llamado esencial al orden y la unidad popular, cuando se requiere de un mayor esfuerzo para paliar las difíciles condiciones derivadas de los eventos meteorológicos que afectaron al territorio nacional.    

A través de la opinión especializada de directivos y funcionarios de la Fiscalía General de la República, como órgano oficial del Ministerio de Justicia, el pueblo pudo conocer sobre la vigencia de las leyes y el respeto a las garantías ciudadanas, según el procedimiento penal cubano. En el espacio televisivo de La Mesa Redonda, se informó acerca de las diferentes dependencias existentes en el país para orientar y recibir quejas sobre conflictos o peticiones, en aras de hacer cumplir lo establecido.

Según las estadísticas divulgadas, unas 10 mil personas acuden anualmente a los departamentos legales habilitados, donde se les recepciona las reclamaciones para un seguimiento de investigación, en un plazo que no debe exceder los 60 días. De las 12 mil quejas recibidas en el último período, sólo el 27% responde a violaciones de la legalidad y el tema de la vivienda, continúa entre los más reiterados, informaron.   

La Constitución de la República de Cuba, en su artículo 10, asevera que todos los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, actúan dentro de los límites de sus respectivas competencias y tienen la obligación de observar estrictamente la Legalidad Socialista y velar por su respeto en la vida de toda la sociedad.

Al respecto, se insistió en la política de sanción vigente y las adecuaciones establecidas por la ley en circunstancias como las actuales, de situación excepcional en el país.

Es decir, la ética y la legalidad juegan un rol fundamental para restablecer el orden, y tiene en cuenta la gravedad del momento, al solicitar sanción por hechos delictivos como el desvío de materiales de la construcción, sustracción de las reservas materiales del Estado, alteración de los precios de alimentos u otros productos de primera necesidad, pues hay que ponerle fin al robo, al despilfarro y la corrupción.

Poco conocido por la población es la participación de la Fiscalía General en más de 9 mil asuntos relacionados con los derechos que asisten a los menores de edad, cuando éstos no tienen quien los represente. Ese es el caso, por ejemplo, de los desamparados filialmente y la adopción de menores, respaldados por la legalidad cubana, de acuerdo al uso de las facultades conferidas.

Cuba establece un orden prioritario a lo aprobado en 1989 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en la Convención de los Derechos del Niño, que exige que todas las medidas adoptadas por un Estado en relación con los niños deberían tener como consideración fundamental favorecer los intereses del menor.

La Fiscalía General de la República de Cuba sustenta este acuerdo proporcionándole a los niños los mismos derechos fundamentales y libertades públicas que tienen los adultos, como en la mayoría de los países desarrollados. Exige, además, el cumplimiento de protección para los niños contra toda clase de maltrato y pide para éstos un nivel de vida adecuado, una buena formación, asistencia sanitaria e incluso diversión.