El pasado 31 de julio, en la Gaceta Oficial, se publicó la Resolución 14 de 2025, emitida por la ministra interina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante la cual se dio a conocer la decisión de incrementar las pensiones por edad e invalidez inferiores a 4 000 pesos.
¿Cómo se aplicará esta medida en el actual contexto económico y financiero del país?
Al respecto, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, enfatizó que el sistema de seguridad social cubano es “uno de los más nobles y humanos, respaldado por el Presupuesto del Estado”. Añadió:
“En el caso de este presupuesto, ha tenido incrementos en los últimos años en correspondencia con la dinámica demográfica y el envejecimiento de la población. El régimen está establecido en la Ley 105 y cuenta con una base legal que garantiza una amplia protección a todos los trabajadores en términos de seguridad social por edad, invalidez o muerte”.
El ministro explicó que se trata de una medida bien estudiada, posible únicamente ahora, gracias a una mejor posición presupuestaria, “que es la vía natural para financiarla”. Subrayó que no se pueden adoptar medidas que carezcan de sostenibilidad, ya que un financiamiento extraordinario debe enmarcarse en lo que el país puede asumir en el momento, “donde tenemos una discreta mejoría en el balance presupuestario”.
Durante el programa televisivo, Regueiro Ale mostró varias gráficas que evidencian discretos avances en el programa de estabilización macroeconómica. “Es un presupuesto que se ejecuta bajo tensiones y con baja disponibilidad de recursos financieros, pero donde la prioridad sigue siendo el gasto social”, afirmó.
En este sentido, destacó la reducción de los valores nominales del déficit fiscal. “En la Asamblea Nacional de 2023 se aprobó un crecimiento considerable del déficit para responder al aumento de los gastos de programas sociales como educación, salud, cultura y apoyo al sector empresarial. A la vez, se adoptó un programa para reducir ese déficit, convocando a la disciplina fiscal de instituciones y organismos. Eso lo hemos logrado. Recientemente, en la Asamblea, hicimos la liquidación del presupuesto de 2024 y tuvimos la satisfacción de mostrar resultados discretos, pero con una mejora en ese valor nominal. También logramos transformar la estructura del presupuesto, en el que arrastrábamos una distorsión desde hace varios años”.
Agregó que se ha mejorado la relación entre ingresos y gastos corrientes, logrando un balance positivo en la cuenta corriente del presupuesto. “Esto nos coloca en mejores condiciones para el crecimiento económico, la sostenibilidad presupuestaria y el manejo de la deuda, aunque aún mantenemos un déficit”, puntualizó.
En 2024, el valor del déficit en relación con el PIB se redujo un 6,5 %. “Es un trabajo no solo del Ministerio de Finanzas y Precios, sino también del resto de los organismos y los contribuyentes. Esto ha sido posible gracias al aumento de ingresos, aunque persisten brechas. También es necesario incrementar la oferta de bienes y servicios”.
Este escenario permitió la implementación de la medida presentada, que demandará más de 25 500 millones de pesos para atender el aumento parcial de las pensiones de todos los jubilados con ingresos inferiores a 4 000 pesos. “Este monto se suma a los más de 55 000 millones ya contemplados en el presupuesto. Sabemos que hay otras demandas, como mejorar la calidad de la salud y la educación, y ampliar estos servicios”, señaló.
Asimismo, comentó que la medida tendrá un carácter gradual, con incrementos en la medida en que la economía mejore su desempeño. “Se han fortalecido medidas tributarias que potencian los ingresos mediante impuestos especiales y una mejor gestión de la administración tributaria”.
Por su parte, Benito Rey González, director general de Seguridad Social del MTSS, recordó que el primer incremento de las pensiones se realizó en 1982, con un aumento para todas las inferiores a 80 pesos mensuales, seguido por otros con mayor impacto en 2002, 2005, 2008, 2019 y 2021.
En este sentido, reafirmó que con la medida actual el 88 % de los pensionados —1 573 320 personas— recibirá un aumento. Los beneficiarios son pensionados por edad, invalidez o causa de muerte (viudas, viudos, huérfanos y padres con derecho).
Indicó también que se han dispuesto incrementos específicos, en función de la situación económica del país, para las FAR y el MININT, así como para Héroes del Trabajo, Glorias Deportivas, científicos e investigadores de prestigio, y combatientes de la lucha clandestina, contra bandidos e internacionalistas.
Finalmente, explicó que, a partir de la nueva disposición, se incrementará en 1 528 pesos la pensión por edad e invalidez de los jubilados del régimen general y de los regímenes especiales con cuantías de hasta 2 472 pesos. “Entra en vigor el 1 de septiembre, con pagos adelantados desde el 20 de agosto. El calendario de pagos se mantiene”, concluyó.
¿Cómo se efectuará el incremento?
Todo el que hoy cobra una pensión con cuantías de hasta 2472 pesos va a recibir un incremento de 1528 por encima, hasta 4000. Hay personas que duplican la pensión, pero no todos duplican la pensión. El que recibe 1528, como recibe un incremento de 1528 va a duplicar ese monto de la de la pensión y, por supuesto, todo el que está en ese rango recibe el mismo beneficio.
Ahora, las pensiones entre 2473 pesos y 3999 pesos van a recibir un incremento de la diferencia entre la pensión que percibe hasta alcanzar la cifra de 4000.
Realmente el análisis fue con aquellas pensiones de hasta 4000 pesos para beneficiarlos en alguna medida, y por supuesto el precio va a llegar hasta esa cifra. Estamos hablando de las pensiones por edad e invalidez y las pensiones jubiladas que son los que van a recibir en los oficios de esta de esta manera. ¿Por qué? Porque las pensiones por causa de muerte como se explica, son pensiones adquiridas por el beneficio generado por un trabajador un familiar fallecido que pueda haber sido trabajador o haya sido funcionario de la Seguridad Social.
La ley 105 es la ley vigente de Seguridad Social desde el año 2009. Esta ley establece las cuantías generadas por cada familiar fallecido según la cantidad de beneficiarios. Estamos hablando de que una persona que adquiera el derecho recibe el 70% de esa pensión que adquirió el trabajador o el jubilado. Dos beneficiarios reciben un 85% y tres o más un 100 %.
Compartimos algunos ejemplos para ilustrar la pensión por causa de muerte, que es la que más preocupación ofrece, porque no recibe el incremento de 1528 ni se eleva tampoco a 4000. Porque, como se explicaba anteriormente, se recalcula la pensión de ese trabajador o de ese jubilado fallecido para poder distribuir las cuantías a los beneficiarios.
En el caso de la pensión por edad, un beneficiario que hoy recibe 1528 pesos va a recibir una pensión a partir del 20 de agosto de 3056. Ese caso en específico va a duplicar su pensión. Un trabajador o un jubilado que reciba pensión por esta causa, va a recibir un incremento 1528 y cobraría 3528.
El que recibe 2650, por ejemplo, que ya excede los 2473 pesos, va a recibir una pensión ya ajustada a 4000 pesos a partir de ese mismo momento. El máximo que podía recibir en este grupo es 4000.
Porque cuando cogemos y actualizamos la pensión del causante y le aplicamos el 70% que está establecido en la Ley de Seguridad Social, esa es la cuantía que va a recibir. Ese caso específico duplica también su pensión en estos momentos. Al subirle 1528 él cobraría 3056. El 70% que es lo que está establecido en la ley de seguridad social. Lo mismo sucede cuando existen dos beneficiarios.
Para tres o más beneficiarios se entrega la totalidad de la pensión, repartida entre la misma cantidad de beneficiarios que tengan el derecho. Lo mismo sucede con aquel que percibe una pensión de 2650 y generó, por supuesto, para la viuda o para el huérfano o para una sola persona con el 70% 1855 pesos, esa persona va a recibir a partir del mes de agosto, con el pago de septiembre, 2800 pesos.
En cada provincia y en cada municipio hay una estructura también de atención a la población que está siendo activado o fue activada desde el momento que se anunció la medida y está también siendo publicada en cada uno de los medios locales para que se pueda acudir según las dudas que puedan presentarse durante el proceso.
Los trabajadores sociales también están ofreciendo su apoyo, porque están en trabajo directo con la población, en cada barrio, en cada lugar. Se ha instruido, se ha capacitado y se ha brindado también información para que puedan evacuar las dudas y que esa persona no tenga que trasladarse a un departamento de seguridad social o una dirección de trabajo, o si no tiene un teléfono no pueda, por ejemplo, evacuar su duda. Entonces, están creadas todas esas condiciones, estamos hablando de un pago que es normal, es transparente.
¿Cómo se ha preparado el Banco Central de Cuba para esta jornada que comenzará el próximo día 20?
Julio Antonio Pérez Álvarez, de la Dirección de Emisión y Valores del Banco Central de Cuba, aclaró que 1528 oficinas del sistema bancario y de Correos de Cuba van a estar presentes desde el primer momento del pago a jubilados.
“Se ha asegurado como primera medida, la existencia del efectivo en todos los centros, y se ha logrado con el apoyo y la participación de las empresas, que también nos ayudan en la logística, en coordinación con todo el sistema bancario y especialmente también la oficina de Correos de Cuba”, enfatizó.
Este es un proceso donde lo más importante que hay que decir es que existen las condiciones para enfrentar este incremento ya en estos momentos, con la emisión de este dinero que se ha se ha producido y que está en todas las provincias y en las sucursales, porque cuando se habla del Banco tenemos que mencionar que participan sucursales, las cajas de ahorro y las Cadecas, que son parte del sistema bancario; así como las 600 oficinas de correos que también se incorporan con nosotros en esta tarea.
“Es necesario mencionar que, en el caso de las zonas de difícil acceso, algo que también hemos estado chequeando, también hemos estado revisando con los territorios, porque si bien es complejo acceder a estas zonas de montaña, aquí hay que plantear a partir de toda la información que se ha dado, que también los montos, las cantidades de dinero efectivo que hay que manipular para llevar son superiores”.
Se hace imprescindible, asimismo, la presencia de un trabajador del banco ayudando ese pensionado, incluso puede hasta acelerar y hacer más rápido su proceso de extracción; y la otra medida es establecer un servicio de reabastecimiento de ese medio cuando se quede sin efectivo.
No puede suceder que un pensionado venga a cobrar y se le pague menos de lo que él espera. Yo creo que en esto el sistema bancario, y también las oficinas de correo, tienen la responsabilidad asegurar el efectivo, ya que es una de las premisas que tenemos que lograr y alcanzar para recuperar esa confianza.
Si hay una queja, se dispone de una línea única de asistencia que ya incluso se tiene por experiencia en el banco, que sus números son 800 22 622. Todos los días de la semana entre los horarios de 8 de la mañana y 8 de la noche. Incorporamos un correo electrónico: atenciónpoblación@bc.gob.cu.
Teniendo en cuenta que esta tarea la está realizando la banca cubana, quien el próximo al 13 de octubre cumple 65 años; la acción forma parte de un programa nacional respaldado por el presupuesto del Estado que busca fortalecer la protección social en medios de la compleja situación económica.
Ministerio de Finanzas y Precios autoriza redistribución de fondos salariales no ejecutados
El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, informó durante su intervención en la Mesa Redonda que, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial el pasado 11 de agosto, entra en vigor una medida que autoriza “la redistribución, bajo determinadas condiciones, de las inejecuciones del fondo de salario o los gastos de personal”. Esta disposición incluye tanto las remuneraciones al personal como los tributos asociados.
Regueiro Ale explicó que la medida busca “una mejor ejecución del presupuesto” y, al mismo tiempo, incentivar “la permanencia y estabilidad del personal en el sector presupuestado”.
Aclaró que se trata de una solución complementaria, ya que el país no está en condiciones de realizar una reforma salarial en este sector, el cual ha quedado rezagado en comparación con el empresarial, donde los incrementos salariales dependen de la productividad y la rentabilidad.
En el sector presupuestado, las remuneraciones están determinadas por la capacidad limitada del presupuesto estatal. Sin embargo, dentro de este marco, el gasto de personal tiene un carácter directivo, lo que significa que los recursos solo pueden destinarse al pago de salarios y no a otros fines. No obstante, factores como el éxodo de trabajadores y las licencias de maternidad han generado acumulaciones de fondos no ejecutados durante el ejercicio fiscal.
La nueva disposición permitirá, de manera ordenada y bajo principios establecidos, redistribuir estos recursos para beneficiar al personal que asume cargas adicionales de trabajo o cubre funciones de plazas vacantes.
El objetivo es estimular la permanencia de trabajadores calificados y profesionales en el sector.
La medida aplica tanto para unidades presupuestadas puras como para aquellas con tratamiento especial que cuentan con cierto nivel de autofinanciamiento. Además, abarca a todo el personal, sin distinción de categoría ocupacional, ya sean directivos, especialistas, técnicos u operarios.
El ministro de Finanzas y Precios enfatizó que la redistribución de los fondos salariales no ejecutados debe ser “un proceso ordenado, sujeto a lo establecido en el acuerdo del Consejo de Ministros”.
Para ello, cada instancia deberá aprobar un reglamento específico, elaborado con la participación de los representantes sindicales, y adaptado a las características de cada unidad presupuestada, sus funciones, misiones y nivel de completamiento de su fuerza laboral.
“Este reglamento debe partir de una evaluación objetiva que, en primer lugar, corrobore la existencia de un fondo no ejecutado y su sostenibilidad”, explicó. Esto determinará la periodicidad de los pagos y los requisitos para acceder al beneficio. Además, resaltó que la redistribución no debe ser lineal, sino que debe priorizar al personal con mayor sobrecarga laboral, en áreas críticas o con funciones esenciales.
“Sería contrario al objetivo de esta medida distribuir por igual, sin reconocer el esfuerzo adicional en áreas con falta de personal o en situaciones más complejas”, afirmó. El incentivo, dijo, debe estar vinculado no solo a la permanencia, sino también a la entrega y los resultados de cada trabajador y unidad presupuestada.
El ministro insistió en que el proceso requiere una evaluación sistemática, ya que los recursos deben ajustarse estrictamente al marco presupuestario, sin generar sobregiros. “La administración, junto al sindicato y el titular del presupuesto, debe analizar periódicamente su aplicación, no solo al aprobar el reglamento inicial, sino también en su seguimiento mensual”, señaló.
Aclaró que la redistribución no tiene que ser mensual, pero sí debe garantizarse que los fondos redistribuidos correspondan a partidas no ejecutadas. “Hay un plazo de tres meses para crear las condiciones, pero aquellas unidades que, junto a sus sindicatos, preparen más rápido su reglamento y lo discutan con los trabajadores, podrán avanzar antes”, enfatizó.
Además, precisó que el proceso de redistribución de los fondos salariales no ejecutados puede comenzar desde ya, pues el acuerdo entró en vigor el pasado 11 de agosto con su publicación en la Gaceta Oficial.
Reconoció que “no existe una experiencia cercana en este asunto”, por lo que el propio acuerdo establece una evaluación trimestral que deberá presentarse por escrito y debidamente fundamentada ante el Ministerio. Esto permitirá retroalimentar el proceso y perfeccionar la medida, además de contribuir a una mejor planificación de estos gastos en los próximos presupuestos.
“Mientras más ordenado y rápido se realice este proceso, mayor será el beneficio directo para los trabajadores”, subrayó. Sin embargo, enfatizó que debe ejecutarse con estricto apego a lo establecido, lo cual demanda la implementación de medidas técnicas, organizativas y de capacitación para el personal de recursos humanos y los administrativos involucrados.
“Esta medida, al igual que la anterior, requiere de una preparación adecuada para garantizar su correcta aplicación”, concluyó el ministro, destacando la importancia de seguir los procedimientos diseñados para lograr los objetivos propuestos.
Ante la interrogante sobre el alcance de la medida, el ministro aclaró que, si bien esta tiene una cobertura amplia, no incluye a aquellas entidades y actividades del sector presupuestado que ya recibieron tratamientos salariales específicos en años anteriores.
“Hay prioridades puntuales que ya fueron atendidas en sectores como la salud y la educación, donde se aplicaron incrementos salariales en momentos de mayor tensión”, explicó. “Esas entidades beneficiadas con anterioridad no están comprendidas en este nuevo acuerdo”.
No obstante, precisó que en los casos de salud y educación sí podrán acogerse a esta medida aquellos trabajadores que únicamente recibieron el beneficio del pago adicional por tiempo de trabajo o permanencia en el puesto, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
El ministro insistió en que la disposición mantiene un carácter complementario y no sustituye los mecanismos de estímulo salarial que ya venían aplicándose de forma particular en determinados sectores priorizados.
CTC destaca participación sindical en aplicación de medida salarial
José Antonio Pérez Pérez, miembro de la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la CTC, explicó que la organización que agrupa a los trabajadores cubanos participó activamente en la elaboración de este acuerdo, de conjunto con los organismos implicados.
“Quisiéramos significar la importancia de la preparación de los trabajadores, los dirigentes administrativos y los dirigentes sindicales sobre el contenido del acuerdo, ya que es una medida que no es general, que es parcial y que abarca a los trabajadores donde se genere ese fondo, y que lleva una explicación detallada de su contenido”, señaló.
El dirigente sindical ratificó que en la elaboración del reglamento interno participa la organización sindical, se analiza en la Asamblea General de afiliados y trabajadores, y se incluye en el convenio colectivo de trabajo una vez aprobado.
“En el momento de efectuar el pago, el monto a redistribuir y la cuantía a otorgar a cada trabajador se aprueba por los consejos de dirección de estas entidades presupuestadas, de común acuerdo con la organización sindical, y se informa también a la Asamblea General de afiliados, como una manera de hacer transparente todo ese proceso”, precisó.
Agregó que, una vez analizado en la asamblea y logrado el consenso, se procede al pago.
Pérez Pérez consideró oportuno referirse también a la importancia de lograr un plan y presupuesto del 2026 con la mayor objetividad posible, etapa en “la cual nos encontramos en este momento”.
“Se han dado las indicaciones de la Central de Trabajadores de Cuba y los sindicatos para que, en el transcurso del mes de septiembre, se haga un análisis de las cifras preliminares del presupuesto y el plan de la economía del 2026, donde es decisiva la participación de los trabajadores, no solo en el análisis del plan, sino en las propuestas para lograr mayor eficiencia, mayores aportes desde el punto de vista de la producción, las exportaciones y los propios ingresos al presupuesto del Estado, que permitan un avance en el próximo año”, afirmó.
“Este es un momento oportuno para incorporar en el análisis de esa asamblea esta medida y, al propio tiempo, ratificar la importancia de su análisis sistemático con los trabajadores, que permita una implementación correcta y resultados transparentes”, sostuvo.
“Que sea transparente para los trabajadores tanto la decisión que se adopte del reglamento, como después a la hora de informar cómo se ha ejecutado ese incremento, según se determine”, insistió. “Porque también es importante saber cómo se decide: si va a ser mensual, si va a ser cada tres meses. Es decir, hay un grupo de elementos que es importante que los trabajadores conozcan bien”.
Finalmente, reiteró: “Por eso planteábamos que en la elaboración del reglamento hay que determinar los indicadores, la forma de distribuir el monto individualmente, y que no puede constituir después un gasto excesivo de ese presupuesto.
“Hay que dar un seguimiento a la ejecución por las causas que aquí explicó el compañero Vladimir, ministro de Finanzas, de qué es lo que genera realmente un ahorro del presupuesto y que haya que redistribuir como salario a los trabajadores”.
Como colofón del programa, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, se refirió al peligro de que esta medida pueda aumentar el déficit fiscal y elevar la inflación. “Este es uno de los riesgos que tenemos identificados si no logramos una articulación de la implementación de estas medidas con otras que están concebidas en ese programa de gobierno para eliminar distorsiones y reimpulsar la economía”, afirmó.
El titular destacó que “la posibilidad de iniciar la aplicación de estas medidas corrobora una expresión de la validez de ese programa. Lo podemos hacer ahora porque hemos transformado en su implementación, en el transcurso de prácticamente un año, mejorado los indicadores macroeconómicos”.
Regueiro Ale señaló que actualmente se cuenta con “un resultado presupuestario más favorable a lo planificado y un mejor desempeño de los ingresos”, aunque reconoció persistentes limitaciones: “No estamos movilizando todas las capacidades de recaudación con que contamos; hay evasión fiscal, subdeclaración de ingresos, malos manejos de las cuentas bancarias fiscales que distorsionan su uso y afectan la disponibilidad de efectivo”.
El ministro llamó a ser innovadores y aprovechar las reservas productivas y de servicios, así como los recursos locales para impulsar el desarrollo territorial. “Con mayor oferta podremos lograr el equilibrio que se pretende entre mayor remuneración a la población —priorizando al sector presupuestado y a nuestros jubilados— y estabilidad económica”, explicó.
Finalmente, enfatizó: “No podemos ver esto como una sola medida. No son medidas aisladas, responden a un programa integral. Así está concebido y lleva incorporado un sistema de monitoreo con responsabilidades administrativas para tributar información, evaluar resultados y permitir al gobierno realizar las adecuaciones necesarias en cada caso”.
“Hemos hablado que es un incremento parcial y es una medida que tiene un alcance gradual, porque el objetivo es precisamente —y esto es una convicción, es un principio en la construcción de nuestro modelo de sociedad— seguir haciendo una sociedad más justa, de hacer una redistribución cada vez más justa de la riqueza”, afirmó el ministro.
El titular enfatizó que “en ello estará siempre presente la atención a las personas de menores ingresos, lo cual está en nuestra agenda de gobierno como prioridad. Esto se concreta en la aplicación de impuestos progresivos, en los subsidios adecuados y en programas sociales específicos que continuamos perfeccionando”.
Al referirse a las políticas demográficas, señaló: “Estamos trabajando en un programa integral para mejorar los servicios en círculos de abuelos, hogares de ancianos y todo lo relacionado con la dinámica demográfica. Fortalecemos las capacidades de los territorios para establecer precios adecuados y crear mejores ofertas que hagan palpable el incremento de la capacidad adquisitiva de nuestra población”.
Reconoció que “queda mucho trabajo por hacer”, y subrayó que “como han señalado los expertos en distintos programas, estos avances no se logran con simples decisiones administrativas, sino con el esfuerzo colectivo de todos los sectores: presupuestado, empresarial estatal y no estatal, confluyendo bajo la conducción de un programa de gobierno que busca efectos inmediatos para reimpulsar nuestra economía”.
En sus palabras finales, el ministro expresó: “El camino que seguimos nos permitirá crear mejores capacidades para una redistribución más justa de la riqueza social. Aspiramos a un presupuesto cada vez más social que fortalezca nuestras conquistas en educación, salud, atención a jubilados y al sector presupuestado, consolidando la calidad de estos servicios esenciales para nuestro pueblo”.