En un nuevo acercamiento con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), los 27 del denominado Viejo Continente se pronunciaron por respaldar un plan para preservar al llamado pulmón del planeta, el Amazonas, con la idea de coordinar las contribuciones financieras de sus miembros y que se inviertan los montos según lo previsto en su programa Global Gateway.

Ecofin (de la UE) impulsa en Santiago de Compostela, Galicia, un encuentro ministerial auspiciado por España, en calidad de presidente semestral del bloque comunitario, que también da continuidad a la cumbre con la Celac de Bruselas en julio pasado.

La cita estuvo encabezada por Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía en funciones de España, con la asistencia de titulares o sus representantes de Finanzas y Economía de América Latina y el Caribe.

Los miembros de la UE e instituciones como el Banco Europeo de Inversiones, centralizados a través de Team Europa, coordinarán 260 millones de euros ya comprometidos por España, Italia, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos para frenar la deforestación en la Amazonia.

Delegaciones de Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad-Tobago, Uruguay y Venezuela, tomaron parte en las reuniones con la UE.

También Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Christine Lagarde, presidenta de Banco Central Europeo e Ilan Goldfjan, titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el contexto del Global Gateway, existe la promesa de la UE de invertir 45 mil millones de euros en América Latina de aquí a 2027, aunque en realidad se trata de una decisión enfocada en la movilización de capitales, asunto crucial de la cita en esta ciudad.

El BID, en el caso de la Amazonia y sus bosques limítrofes, integrará las donaciones de cada país en una plataforma de donantes, una iniciativa desvelada este viernes en Santiago de Compostel.

(Fuente: Prensa Latina)

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Los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología, revelan que se devastaron 563,09 kilómetros cuadrados de selva, frente a los mil 661,02 de agosto de 2022, lo cual supone una reducción del 66 por ciento.

Desde abril, el llamado pulmón del mundo presenta caídas consecutivas en la deforestación, lo que fue celebrado durante un evento el 5 de septiembre en el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, para conmemorar el Día de la Amazonia, con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En la ocasión, Lula anunció la demarcación de dos tierras indígenas en la Amazonia y un nuevo programa que prevé transferencias de hasta 600 millones de reales (más de 12 millones de dólares) del Fondo Amazónico para que los municipios inviertan en acciones de combate a la hecatombe en los bosques.

El gobernante señaló que «el pueblo amazónico merece tener sus derechos garantizados para una vida mejor».

La ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, indicó en la ocasión que «luchamos por la Amazonia viva, para que sigamos vivos. Amazonia es vida para todos nosotros, todo el planeta».

Insistió en que se trabaja “por una Amazonia capaz de sostener y compartir su riqueza en beneficio de la supervivencia de la Tierra».

Lula firmó en abril la homologación de la demarcación de seis territorios nativos, los que constituyeron las primeras de su tercer mandato y, según el Gobierno, cerraron un período de cinco años sin jurisdicciones.

Realizada por decreto rubricado por el presidente de la República, la homologación es el último acto antes del registro formal del patrimonio indígena.

Tal anuncio de Lula afloró en momentos en que el Supremo Tribunal Federal analiza el llamado marco temporal que definirá el futuro de la demarcación de las tierras originarias.

El marcador está cuatro a dos contra la polémica tesis, la cual establece que los nativos solo tienen derecho a posesiones tradicionalmente ocupadas por ellos el día de la promulgación de la Constitución, el 5 de octubre de 1988.

La iniciativa resulta una interpretación del artículo 231 de la Carta Magna en la que «se reconocen a los indígenas, su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones».

(Fuente: Prensa Latina)

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