-presuntamente vinculadas al narcotráfico- y aseguró que Washington está preparado para replicar esas acciones en territorio mexicano. “Habrá quienes se quejen en lugares como México, pero si ellos no hacen el trabajo, lo haremos nosotros”, afirmó.

La amenaza llega en un momento crítico para la relación bilateral. Apenas días atrás, la justicia estadounidense acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a un senador y al alcalde de Culiacán, todos de Morena, por supuestos nexos con Los Chapitos, herederos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La denuncia se extiende a otros siete funcionarios y exfuncionarios de la región.

El anuncio de Trump coincide con otro escándalo político: la revelación de que dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) murieron en Chihuahua en un accidente de tránsito junto al director de la Agencia Estatal de Investigación y un empleado local, sin que el Gobierno federal estuviera informado de su presencia. La Fiscalía General de la República (FGR) ha citado a declarar a unas 50 personas por el caso.

La postura de México

En los últimos días, la presidenta Claudia Sheinbaum ha endurecido su discurso frente a Trump. “Ninguna potencia extranjera dirá a los mexicanos cómo gobernarnos. Somos un pueblo que ama la libertad y la soberanía, dispuesto a defenderlas”, proclamó en la ceremonia por la Batalla de Puebla, cargada de simbolismo nacionalista.

La idea de que Estados Unidos intervenga en México para frenar a los carteles -catalogados como organizaciones terroristas por Washington- no es nueva. Trump ha reiterado en varias ocasiones que su vecino “está dominado por el crimen organizado”, algo que no ha demostrado.

Mientras tanto, el caso contra Rocha Moya permanece estancado: la FGR insiste en que no hay pruebas sólidas para su extradición, aunque en Estados Unidos lo acusan de encabezar una administración al servicio del Cartel de Sinaloa.

En los últimos dos años, Estados Unidos ha tejido un entramado legal, militar y discursivo que abre la puerta a una posible intervención directa en México. Aunque no existe un documento oficial que hable explícitamente de una invasión, diversas órdenes ejecutivas, estrategias de seguridad y declaraciones presidenciales han sentado las bases para una acción unilateral bajo el argumento del “narcoterrorismo”, un elemento que ha carecido de pruebas fuertes.

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