Por videoconferencia desde el Capitolio Nacional, el ministro de Justicia Oscar Manuel Silvera Martínez resaltó que se incorporan en los principios normativos fundamentales del derecho administrativo sancionador, tales como legalidad, proporcionalidad, tipicidad, finalidad educativa y preventiva, entre otros.

El proyecto de ley «Del Régimen General de Contravenciones y Sanciones Administrativas» -explicó- define como contravenciones aquellas conductas expresamente descritas que no constituyen delito, pero que afectan o pongan en peligro la vida social, el orden público y el bienestar general, así como otras que impactan ámbitos más especializados del actuar administrativo.

En el debate, moderado por el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, José Luis Toledo Santander, trascendió que se propone unificar en una norma con rango de ley, las conductas que constituyen contravenciones contra la seguridad ciudadana y el orden público, incluyendo definiciones, principios, sistema de sanciones y reglas aplicables a toda la normativa contravencional, con una propuesta que busca fortalecer la importante área; asegurando un sistema justo, claro y efectivo que promueva el respeto al orden público y la convivencia social.

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El nuevo proyecto legislativo tiene como fin desarrollar los postulados constitucionales actuales relacionados con esta materia, fortaleciendo la relación entre el Estado y sus ciudadanos e incluyendo experiencias de la aplicación práctica de la legislación vigente.

Entre las prioridades que se actualizan está el tratamiento para los hijos de ciudadanos cubanos nacidos en el extranjero, para adquirir la ciudadanía cubana; se complementa el principio de ciudadanía efectiva y se precisa que la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la cubana.

Además, se precisan detalles relacionados con la renuncia a la ciudadanía cubana, su pérdida, su recuperación (que solo se puede ejercer una sola vez), así como los procedimientos administrativos que garanticen el derecho a impugnar las decisiones administrativas en materia de ciudadanía, previo acceso a la vía judicial.

(Fuente: Granma)

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