Este ejercicio, que refleja transparencia y responsabilidad institucional, es conducido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, con la participación de las comisiones de Atención a los Servicios y de Órganos Locales del Poder Popular.

| Desde la sede del @Minjus_Cuba
desarrollamos el ejercicio de la Más Alta Fiscalización realizada por la @AsambleaCuba

Hoy, protagonizan los intercambios las direcciones de Legislación y de Registros de Personas Naturales.#AltaFiscalizacionMinjus #MinjusConTodos pic.twitter.com/EDXbm13cM0

— Ministerio de Justicia de la República de Cuba (@Minjus_Cuba) September 16, 2025

Según anunció el sitio web del Minjus, en estricto cumplimiento del Acuerdo x-141 de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se examinará el cumplimiento del cronograma legislativo, la vigilancia del acatamiento de las leyes, y la labor de asesoría jurídica a organismos estatales.

También se evaluará el funcionamiento de las direcciones provinciales de Justicia y la calidad de los servicios notariales, registrales, defensoriales, y de asistencia legal a personas naturales y jurídicas.

Se prestará especial atención a la Caja de Resarcimientos y a la atención directa a la población, pilares del sistema de justicia popular.

El Minjus reafirma su vocación de servicio, su apego a la legalidad, y su disposición a ser evaluado por el pueblo, al que rinde cuenta.

Este proceso no es mera formalidad, sino un acto de fortalecimiento institucional, en sintonía con los principios de la democracia participativa.

(Fuente: Granma)

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Reunidos esta tarde de manera virtual, los miembros del CAL abogaron por llamar la atención al presidente de la mesa parlamentaria, Fernando Villavicencio, quien deberá aplicar de manera directa y sin retrasos la normativa correspondiente al juicio político de un presidente de la República.

La resolución del CAL indica que los miembros de la Comisión se tendrán que abstener “de emplear normativa procesal ordinaria ajena y no prevista dentro de los procedimientos parlamentarios” y “de generar cualquier intento de entorpecer, dilatar y obstaculizar el debido proceso”.

El asambleísta Darwin Pereira, integrante del CAL, señaló que Villavicencio actúa de forma parcializada a favor de Lasso en los trámites del juicio político, lo cual quedó reflejado en la demora para notificar formalmente al mandatario sobre el inicio del procedimiento.

Finalmente, luego de varias denuncias, Villavicencio envió en la tarde del jueves el aviso al jefe del Ejecutivo, acusado del delito de peculado.

A partir de ese momento comenzó a contar el plazo para que el gobernante presente su contestación a las acusaciones.

En ese período, los proponentes del juicio también pueden mostrar las pruebas que consideren para sustentar la denuncia, basada en presuntas irregularidades en contratos de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).

Lasso nombró como su representante al abogado Edgar Neira, quien podrá solicitar e impugnar pruebas, interrogar testigos, participar en audiencias y ejercer su defensa con las más amplias facultades.

Los asambleístas de la Comisión tendrán ahora que determinar un cronograma de trabajo y, de acuerdo con los plazos establecidos en la Ley de la Función Legislativa, deberán tener listo un informe en un máximo de 30 días.

Independientemente de la decisión de la Comisión, para censurar al jefe de Estado se necesitan 92 votos, equivalentes a las dos terceras partes del pleno de la Asamblea, compuesta por 137 parlamentarios. (Fuente: Prensa Latina)

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