El resultado de la votación reflejó una mayoría sólida. El ponente del caso, Alexandre de Moraes, fue acompañado por los jueces Flávio Dino, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin (presidente del panel), mientras que Luiz Fux se abstuvo de votar, dejando al exmandatario sin un respaldo suficiente dentro del juzgado superior.

Además de la condena carcelaria, Bolsonaro fue sancionado con el pago de 124 días-multa.

Inicialmente, De Moraes había considerado una base reducida debido a la situación económica declarada por el acusado, pero durante la discusión Dino insistió en que debía aplicarse un cálculo más severo, tomando en cuenta la alta capacidad financiera del exgobernante.

El magistrado recordó que el propio Bolsonaro reconoció recientemente haber recibido 17 millones de reales (cerca de tres millones 155 mil dólares).

La corte acogió entonces la propuesta y fijó cada día-multa en el equivalente a dos salarios mínimos, aplicables según la norma vigente al momento del delito y actualizados a la fecha del pago efectivo.

El dictamen incluyó cinco delitos graves vinculados a la intentona golpista.

Bolsonaro fue hallado culpable de organización criminal armada, de intento de abolición violenta del Estado de Derecho, de ensayo de golpe de Estado, de daños calificados por violencia y amenaza grave y de deterioro del patrimonio histórico.

La suma de estas condenas se traduce en una pena inédita contra un expresidente brasileño.

De los 27 años y tres meses impuestos, 24 años y nueve meses corresponden a prisión en régimen cerrado, mientras que los dos calendarios y nueve meses restantes se cumplirán en abierto o semiabierto.

Al superar los ocho años de condena, la normativa obliga a que Bolsonaro inicie su pena en cárcel cerrada, lo que marca un punto de inflexión político y judicial en el país.

El fallo del Supremo alcanzó también a otros siete acusados que acompañaron al expresidente en el complot. Entre ellos figuran exasesores y militares, cuya participación en la trama golpista fue considerada comprobada por la sala.

La duración final de las penas individuales aún deberá ser determinada en la conclusión del proceso.

Aunque la sentencia constituye un golpe histórico contra Bolsonaro y su entorno, los efectos prácticos no serán inmediatos. La defensa podrá presentar recursos que tendrán que ser revisados por el propio Supremo antes de que la condena quede firme y se ejecute la prisión.

En otras palabras, la decisión del STF representa un hito en la defensa del Estado de Derecho en Brasil.

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