Este control, aseguró a la prensa Lourdes Rodríguez Ruiz, viceministra de Finanzas y Precios (MFP), se realiza amparado en el Decreto 30/2021 «De las contravenciones personales, sanciones, medidas y procedimientos a aplicar por la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas», y el Decreto Ley 91/2024 «De las contravenciones en el ejercicio del trabajo por cuenta propia, las micro, pequeñas y medianas empresas y las cooperativas no agropecuarias», en los acápites que corresponden a las violaciones de precios.

La Viceministra señaló que, si bien los precios están regulados por los gobiernos locales, son de actuación permanente y sistemática por las direcciones de inspección municipales y provinciales, así como las propias direcciones de Finanzas y Precios.

En el caso de La Habana, los ejercicios de control se indicaron por el Gobierno provincial para lograr un mayor impacto en beneficio de la población.

Jenifer Puebla Moré, directora de Inspección en el municipio de Guanabacoa, precisó que el pasado sábado se revisaron, con cuatro grupos de trabajo, diversos actores económicos que expendían varios productos, fundamentalmente aquellos reflejados en las resoluciones 225/2024 del MFP y la 119 de la Gobernadora de La Habana: pollo, perrito, pastas, aceite, detergente y leche en polvo; y por la parte agropecuaria: arroz, frijoles y la vianda que se comercializa.

Puebla Moré acotó que los grupos de trabajo están integrados por inspectores tanto profesionales como eventuales. Los primeros son los acreditados de transporte, higiene y las direcciones de Inspección y de Finanzas; mientras que los segundos son todos aquellos trabajadores capacitados para detectar las violaciones y acompañar la inspección.

El pasado sábado, ejemplificó, se detectaron violaciones de carácter grave en precios y en la inocuidad de los alimentos, con ventas de productos visiblemente en mal estado en el Proyecto de Desarrollo Local Charcutería Titi´s, del propio municipio, por lo que iniciarán el cierre del establecimiento.

Para este tipo de proceso actúan de forma integrada con otras entidades, y hasta tanto no cumplan las condiciones establecidas, no se vuelve a abrir, aunque en algunos casos se puede determinar el cierre definitivo.

«Cualquier hecho en el que se viole el precio de un producto que se expende a la población, concertado por el Estado, afecta al pueblo. Nuestro trabajo es que se mantengan el precio establecido y la calidad», resaltó.

TAMBIÉN EN LOS AGROMERCADOS

En materia de formación de precios, la diferencia entre los agromercados de 19 y b y los conocidos como «EJT» radica en que el particular es a oferta y demanda, basado en el precio de costo, y en el estatal es la empresa quien forma el precio.

Entre ambos no existen diferencias en el sistema de control ni en otros procedimientos, pues deben cumplir con la política de precios, y que estos estén visibles a la población.

Yulián Sánchez Chacón, administrador de 19 y b, precisó a la prensa que este agromercado tiene 21 productos regulados, por resolución de la Gobernadora, y el resto son de oferta y demanda, «aunque teniendo en cuenta la situación de la capital, la administración del mercado topa otros».

Agregó que las inspecciones se realizan de forma mensual, y se han impuesto varias multas por violaciones de precios y especulaciones en la pesa. Se ha sancionado a 12 personas con medidas severas.

Al respecto, la Viceministra de Finanzas y Precios afirmó que se debe trabajar en los ambientes productivos en función de buscar mejores canales de comercialización que permitan que llegue el producto con un mejor precio a la población.

No obstante, en los precios que están concertados con los productores y comerciantes en los renglones agropecuarios y otros alimenticios, así como los referentes a la Resolución 225, han tenido un monitoreo permanente.

«Tenemos el deber de continuar preparando también a la población, que debe hacer valer el derecho de exigir que se cumpla con los precios y con la calidad», remarcó Rodríguez Ruiz.

Añadió que se mantendrá el control sistemático, con la incorporación de funcionarios de los diferentes organismos responsables de la administración correcta de las políticas.

(FUENTE: Susana Antón Rodríguez/GRANMA)

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De acuerdo con el organismo, otras acciones administrativas conllevaron 171 cierres de establecimientos y 197 retiros de proyectos de trabajo, de forma general. Las causas fueron comercializar productos sin exponer los precios, no mostrar la licitud de las materias primas que usan en la prestación de servicios, no exhibir los códigos QR de las pasarelas y por empleo de personal que trabaja sin la contratación que corresponde.

Las acciones de control se concentraron en el enfrentamiento a las violaciones de precios, el control fiscal y la bancarización; y las principales violaciones se presentaron en incumplimiento de los precios aprobados por el Comité de Contratación y Concertación de Precios y de los regulados en la Resolución 225/2024 del MFP.

Esta Resolución establece la regulación de precios minoristas máximos a productos de alta demanda, como el pollo troceado, el aceite comestible –excepto el de oliva–, detergente en polvo, pastas alimenticias, salchichas y leche en polvo; de obligatorio cumplimiento para todos los actores económicos.

Referente a las acciones de Control Fiscal, hasta la fecha se ejecuta un total de 157 331 acciones de control y se determinan adeudos por un monto total de 2 999 millones 390 000 pesos. Además, se concluyeron 49 auditorías fiscales con un importe de 58 605 000 pesos.

También se realizaron 2 772 acciones de fiscalización con un importe de 886 314 000 pesos, y se revisó el cumplimiento de las obligaciones a 154 510 contribuyentes, detectándose subdeclaración en 99 871 a los que se les determinó una deuda de 2 054 millones 471 000 pesos.

(Fuente: Granma)  

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Vladimir Regueiro Ale, titular del organismo, explicó que desde el 11 de julio, días después de establecerse nuevos precios minoristas a seis productos básicos, se decidió que las inspecciones a las formas de gestión no estatal y a entidades del Estado no solo abarcaran esta regulación sino también otros procesos importantes.

Subrayó que bajo la conducción de los gobiernos locales y con la participación de directivos y especialistas del MFP, de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), de las Direcciones Integrales de Supervisión (DIS) y de cuantas instituciones puedan aportar inspectores, se realizan en todos los territorios los mencionados ejercicios conjuntos, dirigidos también al sector estatal, los cuales tienen favorable acogida en la población.

Este sábado en Pinar del Río, en compañía de Eumelín González Sánchez, su gobernador provincial, y de otros funcionarios locales, el ministro de Finanzas y Precios comprobó en áreas de venta la utilización de los códigos QR, el uso de las cuentas fiscales y el pago de tributos.

Allí orientó mantener de manera sistemática estos controles, en los cuales se detectan violaciones o contravenciones, que conllevan a la imposición de altas multas, cierre de negocios u otras medidas.

Señaló que por un lado se verifica que se mantengan -o bajen- los precios máximos de productos básicos como pollo troceado, aceites comestibles (excepto el de oliva), leche en polvo,  pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo, y por el otro se busca definir las ganancias en las compras que  el Estado realiza, a través de los sectores presupuestado y empresarial, a las formas de gestión no estatales.

Un asunto de alta prioridad como el enfrentamiento a la evasión fiscal también se tiene en cuenta durante las inspecciones conjuntas, en las cuales se les exige a los actores económicos el uso de las cuentas fiscales, reiteró Regueiro Ale.

Lograr que cada vez más municipios reviertan la situación de déficit presupuestario, para que a partir del incremento de los ingresos tengan superávit, es un propósito del MFP de conjunto con la ONAT y los gobiernos locales, en aras de contribuir a reanimar la economía, lo cual pasa primero por establecer orden y control,  y por eliminar distorsiones, concluyó el ministro.

(Fuente: ACN)

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Los datos compartidos en la más reciente reunión con los gobernadores y el intendente del municipio especial Isla de la Juventud, que encabeza el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, confirma que para el Gobierno cubano las medidas para la contención de los excesivamente elevados, especulativos y abusivos precios de productos y servicios básicos de la población, no caerán en saco roto.

Al respecto, Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, destacó que las acciones realizadas superan significativamente el promedio diario del primer semestre, hecho en el que resulta decisivo el quehacer de las fuerzas de inspección profesionales y eventuales a nivel nacional, municipal y de consejo popular.

En la medida que hacemos más acciones, ganamos experiencia también sobre el terreno. Ya en La Habana intervenimos en un caso de una plataforma digital. Logramos identificar los titulares, quienes realizaban las ventas. Se convocaron, se les puso un apercibimiento y ahí, en ese mismo momento, bajaron el precio del pollo. O sea, que también con quienes realizan ventas digitales se puede trabajar.

«Todavía la población puede ganar en mayor nivel de confianza en lo que estamos haciendo. Hemos logrado inmediatez en la actuación de todos los casos conocidos y estamos dando seguimiento constante a este tema», apuntó Regueiro Alex, quien en otro momento de su intervención se refirió al rigor de las sanciones en el Decreto 30, cuyo objetivo es enfrentar las conductas de indisciplina y evitar que se generen precios abusivos y especulativos.

Apuntó que esta norma jurídica establece severas cuantías, entre cinco mil y 15 mil pesos por violaciones de tarifas y precios, pero puede llegar hasta 18 mil pesos.

Al ilustrar el fenómeno, el Ministro de Finanzas y Precios detalló que se han dado casos donde «hemos identificado ocultamiento de la mercancía y se ha conminado a la venta directa. Hemos abierto los freezer, los refrigeradores, las cámaras refrigeradas y todo ese pollo se ha vendido. También ha sucedido con las cajas de aceite y las hemos puesto a la venta de la población, la cual ha trasladado el agradecimiento por estas actuaciones».

Agregó que lo hecho «nos reafirma un compromiso de que hay que hacer más y de que hay que ser sistemáticos. Los números nos están demostrando que estábamos dormidos en este tema, demuestran que no le habíamos puesto todo el rigor y el seguimiento necesario».

Escuche y descargue la propuesta radial del periodista Jesús Matos Reyes.

MIRADA A LA HABANA Y MÁS

Los participantes en la reunión coincidieron en que fortalecer el sistema de enfrentamiento a las violaciones de precios requiere de mayor rigor en el desempeño de las administraciones locales, la evaluación constante de los indicadores de rendimiento de los inspectores, y una eficiente gestión y cobro de multas.

Porque La Habana ha servido de «laboratorio» para todo lo que se está asumiendo a nivel del país, Yanet Hernández Pérez, su gobernadora, detalló que, en la capital, se ha logrado hacer una evaluación que comprende a cada uno de los territorios según sus características, y se ha intercambiado con 1476 mipymes y 22 325 trabajadores por cuenta propia, a partir de preocupaciones que tenían sobre la nueva medida.

«Hemos realizado más de 15 inspecciones en un ejercicio conjunto con el Ministerio de Finanzas y Precios, hemos impuesto 674 multas y se han ejecutado 270 ventas forzosas, decomisos y se retiraron 15 autorizaciones; hemos realizado 7 204 acciones de control fiscal y se han cobrado 1097 millones 756 mil pesos. Se han cerrado hasta la fecha 98 establecimientos», ejemplificó.

Hernández Pérez destacó que todo ello es resultado del chequeo diario «para no equivocarnos. Con todo el que tiene que formar parte de esta medida hemos conversado, hemos capacitado a las personas, pero hay quien se resiste».

Por su parte, la gobernadora de Cienfuegos, Yolexis Rodríguez Armada, se refirió a cómo en esa provincia están en todos los medios los teléfonos de cada municipio para que las personas puedan realizar las denuncias. En el enfrentamiento están participando más de 600 compañeros y se han realizado 15 ventas forzosas.

«El resultado de lo hecho lo vamos a ver en la medida en que nosotros seamos capaces de mantener el sistema de enfrentamiento a estos precios, incorporando a todas las personas que tengan los conocimientos para hacerlo, y que estén establecidos y funcionen los canales de denuncia para que las personas puedan tramitar cualquier asunto», señaló.

Otros participantes en la reunión insistieron en que «este proceso hay que sostenerlo en el tiempo, porque sí no perdemos la calidad de todo»; mientras el Jefe de Gobierno indicó actuar con rigor en todos los territorios e identificar las ventas que se promueven en sitios digitales o que se realizan a domicilio para evadir la inspección e ignorar la regulación temporal de precios minoristas máximos para productos de alta demanda.

Nosotros no estamos en contra de ese servicio, pero tiene que ser cumpliendo los precios que están establecidos y todo lo que está regulado. Hay que divulgar los resultados del enfrentamiento, no solamente para que el pueblo vea que estamos actuando y lo estamos defendiendo, sino para que los violadores sepan que esto va en serio.

Marrero Cruz se refirió, además, a la regulación del límite de ganancia en las compras del sector estatal al sector no estatal que debe cumplirse de inmediato, a la ejecución de verificaciones presupuestarias temáticas para la comprobación de pagos a las formas de gestión no estatal y el fortalecimiento de las medidas territoriales para el control, fiscalización y monitoreo de las estructuras empresariales.

¿CÓMO MARCHA EL PROCESO DE BANCARIZACIÓN?

Otro punto de la agenda de la reunión fue la marcha del proceso de bancarización, cuyos resultados fueron presentados por Juana Lilia Delgado Portal, ministra presidenta del Banco Central de Cuba, quien ratificó que este paso tiene el propósito de acelerar las acciones para incrementar el uso de los medios de pagos digitales en la economía, a partir de incidir sobre las violaciones que lo impiden, de conjunto con otras acciones e incentivos.

También tiene el objetivo de recuperar los flujos de efectivo que se encuentran en manos de los actores económicos (fundamentalmente las mipymes, los trabajadores por cuenta propia y el sector campesino), en cualquiera de sus formas, hacia el sistema bancario, a partir de incidir sobre las violaciones que lo propician actualmente, señaló la Ministra presidenta, al detallar las principales deficiencias identificadas en la implementación del proceso de bancarización.

Entre ellas, mencionó a actores económicos que no depositan regularmente sus ingresos, así como la no implementación de las plataformas para el pago electrónico en un alto número de establecimientos, incumpliendo la resolución 93/2023 del Ministerio de Comercio Interior, y la no aceptación de los pagos electrónicos una vez que disponen de esta facilidad.

Igualmente, existen actores económicos que brindan el código QR con el número de una tarjeta de pago personal, el no uso de las cuentas corrientes con propósitos fiscales por los actores económicos, la demora en la creación de condiciones en establecimientos gestionados y administrados por empresas estatales y el alto nivel de evasión fiscal.

Delgado Portal significó que en el trabajo sistemático e integral con todos los participantes está el desafío para lograr los resultados requeridos en el corto plazo.

Ratificamos que el proceso de bancarización es estratégico, necesario y punto de partida para la transformación digital de la sociedad; es parte de las medidas imprescindibles para contribuir a la eliminación de un grupo de distorsiones y con ello propiciar el avance de la economía del país.

Hacia el final de la reunión, en la cual se dieron indicaciones para el seguimiento de las visitas realizadas por el Comité Central del Partido, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Gobierno a las provincias, el Primer Ministro insistió en otros asuntos que impactan en el desarrollo económico y social del país, así como en el bienestar de la población.

Se refirió a los aseguramientos a las actividades del verano, la situación electroenergética nacional, a la implementación de las proyecciones de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el segundo semestre, al fortalecimiento de los municipios y sus estrategias de desarrollo, al programa de la vivienda, así como a la producción de materiales locales de la construcción.

El Primer Ministro aludió también a la atención al programa materno infantil, el embarazo en la adolescencia, la urgencia de crecer en hogares materos, hogares de ancianos y casas de abuelo, en correspondencia con la dinámica demográfica, a la rendición de cuentas del delegado de circunscripción que comienza el próximo mes de septiembre, así como a la responsabilidad de los cuadros en el seguimiento y control de los objetivos identificados como prioridades para esta nueva etapa.

Hay que trabajar en acciones concretas para pasar a otra etapa, que cada cual monte su sistema de trabajo en el segundo semestre del presente año para lograr resultados superiores como nos comprometimos con los diputados, con el pueblo, tenemos esa alta responsabilidad y, además, estamos convencidos que sí se pueden hacer cosas diferentes y lograr los objetivos que nos hemos propuestos.

(Fuente: Presidencia Cuba)

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