La aquiescencia del documento Global Mutirão (Esfuerzo Colectivo Global) desató un torbellino político en la recta final de la XXX Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima (COP30), en la que la presidencia brasileña celebró un consenso cuestionado por delegaciones ante la falta de ambición y el modo en que fue conducido el cierre negociador.

El presidente de la conferencia, el diplomático André Corrêa do Lago, confirmó la adopción del texto tras una noche de discusiones intensas. El entendimiento acelera la implementación del Acuerdo de París.

Incluye, entre otros, compromisos sobre adaptación, financiamiento y transparencia, pero deja para 2026 las decisiones que deberían haberse zanjado en Belém, lo cual generó malestar entre países que pedían pasos inmediatos.

Sin embargo, apenas anunciado el acuerdo, una serie de delegaciones, entre ellas la Unión Europea, Colombia, Panamá y Suiza, levantaron objeciones por lo que describieron como un proceso poco dialogante.

Colombia encabezó la protesta al denunciar que el texto final omitía elementos negociados y consensuados. Su ministra de Ambiente, Irene Vélez-Torres, advirtió que el país no respaldaría un documento que “niega la ciencia” y aleja la meta de 1,5 grados Celsius.

Reclamó metas y fechas claras para eliminar los combustibles fósiles, ausentes por el bloqueo de grandes productores como Arabia Saudita.

Aun así, la presidencia brasileña intentó imprimir rumbo propio con dos iniciativas paralelas: un plan de transición hacia una economía sin combustibles fósiles, apoyado por 90 países, y otro para enfrentar la deforestación, respaldado por un número similar pero excluido del acuerdo principal pese a celebrarse la COP en la Amazonía.

Brasil también lanzó el Fondo Bosques Tropicales Para Siempre para movilizar recursos contra la tala.

El Global Mutirão, adoptado por 194 países, subraya la urgencia de reducir emisiones, promueve equidad y derechos humanos, y reconoce brechas en financiamiento.

Prevé triplicar los fondos para adaptación, aunque aplaza hasta 2035 la meta anual de 120 mil millones de dólares, reflejo de las tensiones geopolíticas que atraviesan la negociación climática.

Entre los avances celebrados por la sociedad civil destacó la creación del Mecanismo para una Transición Justa, destinado a que la transformación económica proteja a trabajadores, mujeres, comunidades indígenas y poblaciones afrodescendientes.

Con información de Prensa Latina.

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Presentado en una reunión de alto nivel de la XXX Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima (COP30), el documento articula metas ambientales, económicas y sociales destinadas a transformar el panorama productivo, estimular la innovación tecnológica y consolidar un modelo de crecimiento sostenible y compartido.

Tal propuesta llama a coordinar esfuerzos, alinear políticas y acelerar la transición energética, al tiempo que impulsa la modernización industrial y abre nuevas oportunidades para las naciones en desarrollo dentro de la economía verde.

«Los objetivos climáticos deben ir acompañados de una verdadera transformación económica», recordó el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin.

Ana Toni, directora ejecutiva de la COP30, coincidió en que la agenda avanza con una inercia inédita.

«La industrialización verde es un camino irreversible. Debemos trabajar juntos para que todos los países progresen de la mejor manera posible», afirmó, celebrando que el tema haya saltado en tiempo récord de la negociación técnica a la acción coordinada.

El carácter histórico del anuncio también fue subrayado por Gerd Müller, director general de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi). «Estamos vinculando metas climáticas con acciones concretas para la industria, impulsando la innovación, la inversión y la inclusión», apuntó.

La Onudi se enorgullece de apoyar este esfuerzo, que apunta no solo a la descarbonización industrial, sino también al desarrollo, la creación de empleo y el avance tecnológico, señaló.

El enfoque social surgió como un eje indispensable. Júlia Cruz, secretaria de Economía Verde, Descarbonización y Bioindustria de Brasil, advirtió que la transición solo será exitosa si incorpora a las poblaciones directamente conectadas a las industrias y sus matrices energéticas. «Debemos garantizar empleos y beneficios para las comunidades. Si no existe una estrategia de desarrollo para estas personas, buscarán alternativas para sobrevivir, incluso dentro de mercados criminales como la tala o la minería ilegales», alertó.

La Declaración de Belém establece un marco para coordinar iniciativas dentro de la COP y acelerar la transformación del sector industrial, reconociendo además la necesidad de financiamiento y apoyo técnico para aplicar políticas sostenibles a escala global.

El documento queda abierto a nuevas adhesiones de países y organizaciones, en un intento por fortalecer una coalición capaz de empujar la industrialización verde más allá de los discursos y convertirla en un proceso verdadero, inclusivo y global.

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