Al informar sobre la situación actual y las perspectivas de las transformaciones económicas y sociales, el jefe de Gobierno cubano subrayó que estas han otorgado mayor autonomía y promueven la descentralización de facultades y competencias a los diferentes actores y estructuras de gobierno, las cuales tienen que tributar a desatar las fuerzas productivas con vistas a una mayor producción de bienes y servicios.

Entre las perspectivas de este proceso, sobresale continuar con la realización de los seminarios nacionales y los recorridos por las provincias en relación con los diferentes ejes temáticos, sistematizar la evaluación del cumplimiento de los indicadores respectivos y evaluar la implementación de las transformaciones económicas y sociales en la discusión con los trabajadores en los organismos de la Administración Central del Estado, grupos empresariales, provincias y municipios, entre otros aspectos.

Tras el detallado análisis del avance alcanzado hasta la fecha en la implementación de cada uno de los 23 ejes temáticos, Esteban Lazo resaltó la relevancia de continuar respaldando al municipio en este proceso trascendental, pues es la base, el escenario donde se materializan las transformaciones.

Al respecto, trascendió que la Dirección de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular del Consejo de Ministros ha visitado 60 municipios, lo que, unido a los intercambios sostenidos por el grupo de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular en 14 provincias a lo largo de los últimos meses con trabajadores, campesinos, autoridades municipales, presidentes de consejos populares y la población en general, ha permitido conocer las experiencias de su materialización a nivel territorial y continuar apoyando al municipio en este proceso.

Aprobados dos nuevos decretos leyes

Posteriormente, los miembros del Consejo de Estado aprobaron el decreto ley “Modificativo de la Ley 105 “De Seguridad Social” y de los decretos leyes 312, 382, 57, 73, 80, 85 y 92 de los regímenes especiales de Seguridad Social de distintos sectores”, los cuales desarrollan y fortalecen los principios y derechos reconocidos en la Constitución de la República, particularmente aquellos vinculados con la protección de la seguridad social y la justicia social, entre otros; al tiempo que garantizan una mayor efectividad del derecho a la seguridad social, en correspondencia con las transformaciones económicas y sociales.

Además, se emitió el decreto ley “De la Transición Energética”, que tiene por objeto regular el marco jurídico general en este ámbito con vistas a implementar la transición energética hacia la eficiencia energética y las fuentes renovables de energía, a tono con las transformaciones económicas y sociales. En este sentido, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, compartió las acciones desarrolladas en el país hacia una matriz energética sostenible, con énfasis en el empleo de las fuentes renovables de energía, como parte del Programa Económico y Social del Gobierno y frente al recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético imperial.

En la jornada, también se evaluaron los resultados de la implementación de la Ley No. 165 “De la Salud Pública”, de 22 de diciembre de 2023. El cronograma legislativo es la principal estrategia de trabajo del Ministerio de Salud Pública para asegurar con calidad la implementación de la referida ley, en un proceso transversal y de continuo ajuste y perfeccionamiento, teniendo en cuenta las transformaciones económicas y sociales y la adopción de otras leyes que impactan en el sector, destacó Tania Margarita Cruz Hernández, viceministra primera del ramo.

La norma jurídica, en sus postulados, ratifica las fortalezas de la organización y el funcionamiento de los servicios de salud, al tiempo que el principal impacto estructural radica en el reconocimiento de los tres niveles de atención en el Sistema Nacional de Salud y su interrelación, agregó en su intervención.

Por su parte, Cristina Luna Morales, presidenta de la comisión parlamentaria de Salud y Deporte, ponderó las actividades realizadas por los diputados en función del seguimiento a la implementación de la norma jurídica, entre las cuales se distinguen la audiencia pública parlamentaria sobre la Ley de la Salud Pública, celebrada el 19 de mayo de este año, y los encuentros virtuales con las provincias, con la participación del ministro del sector, para informar sobre acuerdos relativos a este tema.

Por último, el secretario del Legislativo cubano, José Luis Toledo Santander, y el presidente de la comisión parlamentaria de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular, Carlos Rafael Fuentes León, informaron sobre el estado de la atención a los planteamientos de los electores a sus delegados y el cumplimiento de la Ley No. 132 “De Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular y de los Consejos Populares”. Asimismo, fueron chequeados los acuerdos adoptados por este órgano en sus reuniones previas.

(Con información de Cubadebate)

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Otamendiz Campos durante la presentación del proyecto de Ley expresó que es este un código moderno y flexible, al que se llegó luego de un proceso democrático, el cual abrió un amplio espacio de participación en los colectivos laborales, donde fueron presentadas cerca de 97 000 propuestas, de las cuales el 43 por ciento fueron tenidas en cuenta.

La norma jurídica aprobada sustituye la Ley 116, de 2013, y actualiza el marco jurídico laboral cubano en correspondencia con la Constitución de la República de 2019, las transformaciones económicas implementadas en el país y los compromisos internacionales asumidos por la Isla en materia de derechos laborales.

Entre los beneficios de la norma trascendió que esta mantiene los derechos ya adquiridos por los trabajadores, concede nuevos y amplía las garantías de quienes trabajan con subordinación a un empleador del sector no estatal. Otro elemento positivo es que se regula la protección de los ingresos de los trabajadores ante la interrupción laboral, la cancelación de la actividad por motivos económicos, tecnológicos y estructurales, disolución y otras causas.

Al presentar el dictamen, la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, Elba Martínez Amador, expresó que este nuevo Código de Trabajo “actualiza y perfecciona las regulaciones que garantizan la protección de los derechos y el cumplimiento de los deberes, derivados de la relación jurídica laboral individual establecida entre los trabajadores y los empleadores, con independencia del sector que laboran”.

El dictamen reconoce que, en correspondencia con los mandatos de la Constitución de la República, el código resalta el trabajo como un valor primordial, que constituye un derecho, un deber social, un motivo de honor de todas las personas en condiciones de trabajar y la vía fundamental para que satisfagan sus necesidades materiales, personales y espirituales.

Martínez Amador, en otro momento de la argumentación, expresó que la norma establece, además, los derechos y garantías para la protección jurídica de los trabajadores a través de los métodos alternos de solución de conflictos, los mecanismos judiciales, así como los institucionales y sindicales para su reconocimiento, al tiempo que desarrolla lo concerniente a las relaciones colectivas de trabajo, mediante la participación efectiva de los trabajadores y la negociación colectiva.

Entre los diputados, que previo a la votación, expresaron sus consideraciones estuvo Osnay Miguel Colina Rodríguez, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, quien resaltó el profundo proceso de debate en los colectivos laborales realizado el pasado año para conformar el anteproyecto, en el que participaron, dijo, más de 200 000 trabajadores del sector no estatal.

El dirigente sindical, valoró que es este un Código coherente con la Constitución de la República, y a la vez “un instrumento para sostener el modelo económico y social, porque dota a todos los trabajadores cubanos de una norma jurídica superior”.

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Fuente: Presidencia Cuba.

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El alcance de la ley abarca a todos los ciudadanos cubanos tanto dentro como fuera del país y complementa los postulados constitucionales actuales relativos al sistema de identidad y domicilio.

La ley parte de la base de que todas las personas tienen derecho a que se les respete su identidad personal, que su domicilio sea inviolable y a cambiar de domicilio sin más limitaciones que las establecidas por la propia ley.

Mario Méndez explicó que de esta manera se establece el proceso de identificación de los ciudadanos cubanos y extranjeros residentes, además de que el número de identidad permanente será el identificador único para los Registros Públicos de la República de Cuba.

Queda definido el domicilio como la sede principal de una persona natural, como el centro de sus relaciones jurídicas, y se considera como tal al lugar donde se encuentre la persona actualmente.

El Primer Coronel definió que se regulará la identidad digital como la representación única, verificable y electrónica de una persona natural, vinculada de forma segura a su identidad física indubitada, que permite autenticarse y realizar trámites en el ámbito digital.

Resaltó, además, que el intercambio con los diputados respecto al proyecto de ley fue fructífero y que se incluyó un grupo de cambios producto de este diálogo. Propuso que la ley entre en vigor en tres meses para que se complemente con el resto de leyes migratorias en vez de los seis meses establecidos.

Fuente: Granma

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René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, explicó que, para presentar la norma, se estudiaron tratados internacionales suscritos por Cuba en materia de hábitat y vivienda, disposiciones normativas y literatura vinculadas a estos temas, «no solo con el objetivo de actualizar la ley y lo relativo a la propiedad horizontal, sino en la implementación de la cooperativa de vivienda».

Dijo que el proyecto tuvo un alto proceso de consulta. Se recibieron un total de 10 928 opiniones, dudas y criterios, en los que participaron jóvenes y una cantidad importante de mujeres, de los cuales fue aceptado el 56 %. En las redes sociales se contabilizaron 158 534 interacciones.

ASPECTOS QUE SE PRESERVAN

Entre los principales aspectos de la ley actual que se preservan se encuentran: la responsabilidad del Estado en el desarrollo de programas constructivos para la solución del déficit habitacional; la protección a personas en situación de vulnerabilidad mediante políticas de subsidios y otros beneficios; la voluntad del Estado de que los cubanos sean propietarios de sus viviendas y el ejercicio pleno del derecho de propiedad; la construcción de viviendas por esfuerzo propio de la población que fomenta el Estado; el pago del precio de la vivienda que asignan los consejos de la administración municipal por mensualidad; el régimen jurídico de los edificios multifamiliares que se amplía y actualiza en la propiedad horizontal; la microbrigada para la solución de necesidades habitacionales y construcción de obras sociales vinculadas al proyecto; el ordenamiento de la vivienda en un régimen especial o en zonas de regulación especial; y el procedimiento para reclamaciones de derechos y solución de conflictos que se articula a la Ley de Procedimientos Administrativos.

Mesa Villafaña puntualizó que se define el Programa Nacional de Desarrollo Habitacional con enfoque integral y sostenible, en el que participan todas las formas de gestión: estatal, esfuerzo propio de la población, cooperativa de vivienda, otras cooperativas, microbrigadas, micro, pequeñas y medianas empresas, inmobiliarias y otras.

Resaltó que el precio de la vivienda del fondo actual que queda disponible a favor del Estado para su asignación se determina de conformidad con el valor catastral. Además, se regula el uso de las utilidades por las entidades económicas para financiar intervenciones arquitectónicas y contribuir con el pago de la vivienda que le asignen los consejos de la administración municipal a los trabajadores o a las que construyan las propias entidades para estabilizar sus fuerzas de trabajo.

Manifestó que en la normativa el desarrollo de nuevas zonas de crecimiento urbano, corresponde al Estado y a otras formas de gestión autorizadas la proyección, financiamiento y ejecución de las urbanizaciones e integrarlas con los asentamientos humanos.
Mientras que como población protegida y priorizada se incluye a los jóvenes en el acceso a una vivienda adecuada con condiciones de vida.

El precio de la vivienda que construye el Estado será presupuestado con criterios de racionalidad y eficiencia, sin subsidio incrementado por las facilidades urbanísticas.

De igual forma, se eliminan las restricciones para que las personas naturales y jurídicas extranjeras compren y arrienden viviendas. Se incluye, además, la definición y protección de la vivienda social y otras modalidades.

El Consejo de la Administración Municipal puede financiar el precio de la vivienda que construya y asigne, o una parte de este, a las personas en situación de vulnerabilidad que no puedan asumirlo. Se establece un tratamiento diferenciado para las personas en barrios focos precarios y zonas de La Habana, con regulaciones que estimulan la permanencia en los asentamientos con viviendas destinadas a programas priorizados.

PRINCIPALES CAMBIOS EN FAVOR DE LA AMPLIACIÓN DE DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS

En la nueva Ley se reconoce el derecho a las personas naturales a tener hasta dos viviendas en propiedad, sin perjuicio de la que posee sobre la vivienda de descanso o veraneo, si está declarado en el título constitutivo.

El propietario de una vivienda declarada en estado de ruina por la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano o la Delegación del Municipio Especial de la Isla de la Juventud, puede tramitarla a favor de personas naturales o jurídicas con el fin de recuperar su valor de uso en edificación de hasta dos pisos o apartamentos.

El propietario de una vivienda colindante con otra en sentido horizontal o vertical, puede ceder al otro propietario una o más habitaciones o espacios edificados previo cumplimiento de los trámites y formalidades establecidas, siempre que se mantenga la condición de vivienda adecuada. Los propietarios de vivienda pueden concertar contratos de comodato.

«Se elimina la autorización administrativa para la transmisión de solares yermos que emite la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial y Urbano y se amplían las facultades de los propietarios. Asimismo, se elimina la autorización administrativa que emite la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano para ceder una casa o conjuntamente la propiedad parcial o total de la superficie de la azotea para construir o ampliar vivienda».
Mesa Villafaña resaltó que los propietarios de vivienda pueden permutarla por una o más por otro bien o derecho de cualquier naturaleza.

Y en el arrendamiento de vivienda estatal puede solicitar aprobación para permutar y dividir la vivienda y subarrendar las habitaciones o espacios. «El propietario puede transmitir su vivienda a personas naturales o jurídicas por donación».
Además, se establece la permuta de vivienda patrimonio del organismo y la compraventa, así como la permuta con personas naturales.

Como norma jurídica complementaria, este proyecto de ley tiene tres reglamentos: reglamento de propiedad horizontal, de la ley general y reglamento de las cooperativas de vivienda.

UNA LEY QUE RATIFICA LA VOLUNTAD SOCIAL DEL ESTADO

Al presentar el dictamen Magda Ileana Pérez Matos, jefa de la comisión de Industria, Construcciones y Energía, de la ANPP, expresó que el ámbito de aplicación de la Ley alcanza las acciones de protección pública, gestión de la vivienda en términos de producción, calidad, financiamiento, distribución, uso y conservación, así como su acceso y transmisión.

«Mediante la propuesta de ley se ratifica la voluntad política del Estado cubano de desarrollar políticas públicas dirigidas a las personas que habitan en condiciones de riesgo, las sensibles por la edad, enfermedad, situación de discapacidad, violencia familiar, personas que se dedican al trabajo doméstico y a cuidados no remunerados de escasos recursos económicos y otras de bajos ingresos».

A su juicio resulta novedosa la ampliación de derechos de las personas naturales y jurídicas titulares de vivienda, y al propio tiempo la responsabilidad en el ejercicio pleno de estos derechos, así como la incorporación de todos los actores económicos en el programa de construcción de viviendas y sus urbanizaciones.

En tanto, Marvelis Velázquez Reyes, directora de Asuntos Legales de la Vivienda, del Ministerio de la Construcción, explicó que el tema del abandono de inmuebles fue incorporado al proyecto de ley por una necesidad de Gobierno para responder a situaciones muy específicas ante las cuales no teníamos una vía legal para proceder.
Aclaró que los propietarios que abandonan su vivienda tienen una responsabilidad social con su vivienda. Esto debe ser tramitado por un tribunal y evaluado por el mismo. Además, especificó que no se aplicará la ley arbitrariamente ante cualquier situación, primero se informará a las partes pertinentes, se estudiará a profundidad el caso y la principal causa es el estado de ruina de los inmuebles.

Con esta nueva ley, Cuba actualiza su marco normativo habitacional, amplía derechos y reconoce la participación de todos los actores económicos y sociales en la solución del déficit de viviendas, siempre bajo la rectoría del Estado y con el objetivo de garantizar el bienestar de la población.

Fuente: Granma

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Durante su intervención, explicó que la iniciativa responde al mandato del artículo 146 de la Constitución de la República que establece que el número, denominación, misión y funciones de los ministerios y demás organismos que forman parte de la Administración Central del Estado son determinados por ley, y al cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2027.

Señaló que la actual organización de la Administración Central del Estado se rige por un decreto ley vigente desde 1994, por lo que resulta necesaria su actualización.

Ricardo Guerra informó que la propuesta reduce de 27 a 21 los Organismos de la Administración Central del Estado, además del Banco Central de Cuba, mediante la integración de funciones y el cambio de denominación en ocho de ellos.

• – Agricultura y Alimentación
• – Educación Superior, Ciencia e Innovación
• – Economía y Finanzas
• – Comercio e Inversión Extranjera
• – Industrias y Construcción
• – Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos
• – Deportes y Recreación
• – Educación

El Secretario del Consejo de Ministros precisó que la reorganización no limita la capacidad de gestión de los organismos, sino que exige una reestructuración interna para adecuar sus funciones al nuevo diseño institucional.

Escuche y descargue el reporte de la periodista Silvia Ivonne Albelo.

INTEGRACIÓN DE POLÍTICAS Y MAYOR EFICIENCIA

Al fundamentar el proyecto explicó que la reorganización se adecua al mandato constitucional y se alinea con el sentido y las disposiciones de mejora y fortalecimiento de institucionalidad estatal y de la definición constitucional de Estado socialista de derecho y justicia social.

Precisó que responde al cumplimiento del Objetivo General No. 6 y al Específico 6.3 del Programa Económico y Social del Gobierno y de la Transformación Económica y Social 41, que establecen la necesidad de redimensionar la Administración Central del Estado y permite mejor unidad en el diseño, ejecución y control de las políticas públicas, y atención más coherente y consecuente con la transversalidad de alguna de esas políticas en la actuación del Estado cubano.

Remarcó que integra procesos de gestión pública orientado a una mayor eficacia, eficiencia y optimización de los procedimientos y medios de la administración central, reduce la fragmentación y dispersión en la actuación administrativa central y se elimina la duplicidad de competencias y actuaciones existentes en la gestión administrativa pública.

Asimismo, se ajusta al cambio de escenario real donde se ha transformado la intervención y participación de todos los actores económicos en los procesos relativos a la gestión pública y dota de mayor coherencia al cumplimiento de las funciones estatales de los OACE, separándolo de las empresariales.

Ricardo Guerra añadió que la norma se ajusta a la realidad demográfica, facilita una mejor relación entre los OACE y los órganos del Poder Popular, tanto los municipales como los provinciales.

Acotó que propicia una mayor calidad de los servicios y prestaciones públicos y un mejor escenario para la transparencia, rendición de cuentas y control, y se crean mejores condiciones estructurales y funcionales para la atención administrativa de las necesidades generales de la población, la garantía a los derechos ciudadanos y el cumplimiento de los deberes de estos.

NUEVOS MINISTERIOS INTEGRAN FUNCIONES ESTRATÉGICAS

Ricardo Guerra destacó que el Ministerio de Agricultura y Alimentación permitirá integrar toda la cadena agroalimentaria, desde la producción hasta la comercialización, en consonancia con la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Sobre el Ministerio de Economía y Finanzas, explicó que favorecerá una mayor articulación entre la planificación económica, el presupuesto, la política fiscal y las inversiones, al tiempo que aclaró que reduce la duplicidad de funciones y conflictos burocráticos, además en situaciones especiales un solo organismo actúa con mayor rapidez.

Destacó que el Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera unificará la política comercial, facilitará las cadenas de suministro y se adecuará a la participación de otros actores económicos no estatales en el comercio.

En cuanto al Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación, señaló que fortalecerá el vínculo entre la formación de profesionales, la investigación científica y la innovación tecnológica, potenciando el desarrollo del capital humano.

También resaltó la creación del Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos, considerado uno de los cambios más significativos de la propuesta, al integrar funciones relacionadas con la vivienda, el ordenamiento territorial, la gestión ambiental y los recursos hidráulicos, lo que permitirá simplificar trámites y ofrecer respuestas más integrales a la población.

Igualmente, el Ministerio de Industria y Construcción logra la integración de ramas industriales heterogéneas y la complementación y articulación de funciones y actividades que permiten cerrar procesos para lograr la eficiencia y eficacia que la Administración Central del Estado requiere.

CONSULTA CON DIPUTADOS Y LA POBLACIÓN

Informó que durante el proceso de elaboración del proyecto se desarrolló una amplia consulta con organismos, especialistas y diputados, de la que se derivaron numerosas propuestas y observaciones, muchas de ellas incorporadas al texto final.

Entre las principales inquietudes figuró la oportunidad de acometer esta reorganización en el actual contexto económico.

Al respecto, sostuvo que, tras la aprobación de las transformaciones económicas y sociales, este es el momento necesario para avanzar en el redimensionamiento de la Administración Central del Estado, por constituir un soporte imprescindible para su implementación.

Ricardo Guerra informó además que, de forma complementaria, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros aprobó la política para el funcionamiento y control de los servicios comunales, cuyas funciones serán redistribuidas entre varios organismos.

En ese sentido, el Ministerio de Industria y Construcción asumirá la conducción de la política relacionada con los servicios comunales y la gestión integral de los residuos sólidos; el Ministerio de Agricultura y Alimentación atenderá las áreas verdes y los residuos orgánicos; el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos tendrá a su cargo el mobiliario urbano, los parques y la evaluación del impacto ambiental; mientras que el Ministerio de Salud Pública será responsable de los servicios funerarios, cementerios y el control sanitario asociado.

El Secretario del Consejo de Ministros agradeció los aportes realizados por la población, los organismos y los diputados durante el proceso de consulta y afirmó que el redimensionamiento de la Administración Central del Estado constituye un paso audaz y necesario para fortalecer la institucionalidad y garantizar una implementación más eficaz de las transformaciones económicas y sociales.

LOS DIPUTADOS EN EL DEBATE

Referido a la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, el Comandante de la Revolución, José Ramón Machado Ventura, manifestó que para la implementación de la presenta Ley, debemos ser preventivos.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá que revisar las plazas, los problemas de desempleo y asistencia social para que esta nueva estructura sea más eficiente, dijo.

Por otra parte, la diputada Aylin Justiz Águila, puntualizó que, si bien la misma disminuye la burocracia y es una decisión acertada, en el caso de la fragmentación del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, con las nuevas funciones supondría costos de titulación.

Asimismo, explicó que «puede acelerar la pérdida de capital humano especializado, debilitar la representación unificada de nuestro país ante convenios internacionales que tienen que ver con el cambio climático, con seguridad nuclear, con biodiversidad.

Sugirió que toda transformación de esta magnitud debería estar precedida por un diagnóstico técnico, riguroso y público, «que es lo que las personas más han reclamado. Que se pudiera explicar por qué en este modelo que está vigente deja de ser conveniente y demuestre entonces con evidencia que el nuevo pudiera ser superior».

A su juicio «la experiencia internacional demuestra que la ciencia, la tecnología, la innovación y el medio ambiente, la sostenibilidad ambiental, forman parte de un mismo sistema. No son áreas independientes, sino dimensiones inseparables».

En tanto, Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra de la República de Cuba, defendió la creación del Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda, y planteó la necesidad de garantizar una transición coherente y una eficiente distribución de la fuerza de trabajo capacitada.

Explicó los resultados del diagnóstico constitucional y el trabajo con los grupos de trabajo pertinentes, en los cuales se realizó un análisis de riesgo y de costos beneficios para poder reunir todos los criterios en aras de la conformación de este nuevo ministerio.

En ellos se identificó problemáticas que lastraban el trabajo de los ministerios que se unifican, como complejidad burocrática, vulnerabilidad territorial y fragmentación institucional. Con roles que se duplican y se triplican, respuestas tardías y descoordinadas, y dificultad para implementar la política nacional de desarrollo sostenible.

Inés María Chapman reconoció que la creación del Ministerio de Medio Ambiente, Habitad y Recursos Hidráulicos responde a una necesidad de fortalecer la respuesta ante los eventos climáticos, lograr eficiencia, reducir el gasto público y concentrar recursos de una manera más eficaz.

Se pretende lograr una mejora en la articulación territorial, al tener competencias transversales, implementar coherentemente las políticas en los territorios, facilitar la cooperación internacional y concentrar competencias administrativas.

La vice primera ministra afirmó que un aspecto importante respecto al trabajo de este ministerio será el cumplimiento de objetivos de las agendas internacionales. Su unificación podría mejorar capacidades para coordinarse con organismos como la ONU, el PNUD y otros.

Hizo un llamado a perfeccionar el trabajo de este organismo y el funcionamiento de las agencias que trabajan con los mismos, y reconoció que la transformación debe ser paulatina, para corregir errores a tiempo.

La diputada y subdirectora del periódico Granma, Leidys María Labrador Herrera, mostró su preocupación sobre la necesaria comunicación institucional en medio de todas las nuevas transformaciones que se han planteado en la Asamblea.

Recomendó incluir en los planes de transición, los cambios en los procesos de comunicación de los ministerios y organismos implicados para que en sus procesos de reestructuración se creen los nuevos logos, colores y la identidad corporativa que los va a representar.

Además, recalcó la importancia de la creación de estrategias coherentes para comunicar esos cambios y la consolidación de canales públicos de comunicación para lograr un intercambio más explícito y coherente con la población.

El miembro del Consejo de Estado, Yuri Valdés Balbín, afirmó que la norma constituye un punto de partida para reorganizar la gestión gubernamental, cuyo perfeccionamiento dependerá del proceso de implementación y de la participación de los organismos y diputados.

Señaló que resulta imposible alcanzar un consenso absoluto en un proceso de esta magnitud, debido a la diversidad de criterios existentes, pero consideró que la propuesta presentada por el Gobierno ofrece una base sólida para avanzar en la transformación de la Administración Central del Estado.

Valdés Balbín insistió en que el elemento esencial de la reforma no radica únicamente en la nueva estructura organizativa, sino en los procesos de gestión que deberán desarrollarse para garantizar una mayor eficacia institucional.

El también Director general del Instituto Finlay de Vacunas explicó que la implementación deberá sustentarse en un modelo de mejora continua, capaz de introducir los ajustes que resulten necesarios conforme avance la aplicación de la ley.

Fuente: Granma.

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Al inicio de la sesión se realizó un homenaje a Frank País y a los mártires de la Revolución este 30 de julio, aniversario 69 del asesinato del joven revolucionario santiaguero.

Luego de una jornada dedicada a temas sensibles de la actualidad del panorama nacional, las secciones continúan hoy, en esta capital, con el análisis de normativas previstas en el cronograma legislativo.

En modalidad presencial en el salón plenario del Palacio de Convenciones de La Habana y por videoconferencia en los territorios del país, en el máximo órgano legislativo de la nación se conocerá sobre la Ley de Vivienda y el Código de Trabajo, entre otros documentos jurídicos con adecuaciones a tono con las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente.

La ANPP aprobó este miércoles la derogación de la Ley No. 183, de diciembre de 2025, denominada Ley de reducción excepcional del actual período de mandato de las Asambleas Municipales del Poder Popular, con lo cual el mandato de los delegados municipales se mantendrá en los cinco años establecidos por la Constitución de la República.

Otro de los temas centrales analizados fue la información ofrecida por Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro,  acerca del proceso organizativo y la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales, como parte del Programa de Gobierno para 2026, con el propósito de evaluar las acciones desarrolladas desde su aprobación y las prioridades en su ejecución.

Los diputados conocieron, además, sobre la marcha de la ejecución del Presupuesto del Estado correspondiente al primer semestre de 2026 y aprobaron el informe de liquidación del presupuesto de 2025, presentado por Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, así como el dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Económicos.

Los parlamentarios aprobaron, también, la Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, presentada por Ydael Pérez Brito, ministro de Agricultura.

Fuente: Agencia Cubana de Noticias.

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De acuerdo con la convocatoria publicada por ese órgano, la sesión se realizará mediante videoconferencia, con la participación de los diputados desde sus territorios y de aquellos que residen en La Habana desde el Palacio de Convenciones.

Marta Hernández Romero, coordinadora de las Comisiones Permanentes de Trabajo de la Asamblea Nacional, explicó que como parte de la agenda, los diputados recibirán información sobre el proceso organizativo y la marcha de la implementación de las transformaciones económicas y sociales, luego de transcurrido el primer mes de su puesta en práctica. En ese espacio se conocerán las acciones realizadas, los avances y las principales tareas en las que se concentra el trabajo.

La actividad legislativa ocupará un lugar central durante las sesiones. En tal sentido, se someterán a análisis varios proyectos de leyes, acompañados de los dictámenes elaborados por las comisiones permanentes de trabajo correspondientes.

Entre las propuestas legislativas se encuentran la Ley de Fomento Agropecuario y Forestal, la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, la Ley de la Vivienda, el Código del Trabajo y la Ley del Sistema de Identidad y Domicilio, normas que forman parte del proceso de actualización y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico cubano.

Los parlamentarios recibirán una información del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la situación actual del escenario internacional y su relación con Cuba, espacio en el que los diputados podrán intervenir y emitir sus consideraciones.

Otro de los puntos previstos será la presentación de la propuesta de derogación de la Ley 183, del 18 de diciembre de 2025, relacionada con el periodo de mandato de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular.

En materia económica, se actualizará la marcha de la ejecución del Presupuesto del Estado aprobado para 2026 durante la primera etapa del año. Además, se presentará el informe de liquidación del presupuesto correspondiente a 2025, acompañado del dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos.

Fuente: Granma.

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El Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la ANPP, en su X Legislatura, iniciará el 29 de julio en el Palacio de Convenciones de La Habana. Su agenda incluye la actualización sobre la ejecución del Presupuesto del Estado en 2026 y la presentación de la liquidación correspondiente al año 2025.

Los diputados analizarán además varios proyectos de ley, entre ellos: De Tierra Agropecuaria y Forestal, De la Vivienda, De Organización de la Administración Central del Estado, Del Sistema de Identidad Personal y Domicilio, así como el nuevo Código de Trabajo.

Previo a la sesión legislativa, las comisiones parlamentarias realizaron un ejercicio de análisis que constituye una muestra de construcción colectiva, al evaluar y aprobar los dictámenes que serán llevados al plenario para su discusión, informó la Asamblea en su página web.

La cita, encabezada por el presidente de la ANPP, Esteban Lazo, permitió enriquecer las normativas a partir del debate y el conocimiento compartido, genuina expresión del carácter participativo de la democracia socialista de la isla.

Los diputados coincidieron en que las normas jurídicas propuestas reflejan la diversidad de asuntos que inciden en la vida cotidiana de la población y en la institucionalidad del país.

Fuente: Prensa Latina.

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Al intervenir, con la presencia del miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; el ministro resaltó que es una disposición que actualiza y perfecciona las regulaciones garantizan la protección de los derechos y el cumplimiento de los deberes, derivados de la relación jurídico-laboral individual establecida entre los trabajadores y los empleadores, con independencia del sector donde laboran.

Precisó que, desde su primera versión, fue fundamental el papel de las organizaciones sindicales para su fortalecimiento, como una alianza clave para garantizar el trabajo como un valor primordial, que constituye a la vez un derecho y un deber social.

Otamendiz Campos aseveró en el debate que el proyecto de ley establece los derechos de los trabajadores y los mecanismos judiciales, institucionales y sindicales para su reconocimiento, así como desarrolla lo concerniente a las relaciones colectivas de trabajo mediante la participación efectiva de los trabajadores y la negociación colectiva.

Con la misma profundidad, los diputados examinaron el proyecto de ley «De Organización de la Administración Central del Estado» en el Capitolio Nacional. Insistieron en la correspondencia de sus artículos con las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente en el país, como disposición que determina el número, denominación, misión y funciones de los ministerios y demás organismos que lo integran. Significaron la función ejecutiva y administrativa del Estado cubano y la relevancia de velar por la legalidad y transparencia en dichas estructuras.

Amplio debate sobre estos proyectos de ley que serán examinados en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X legislatura, y que se encuentran disponibles en el sitio web del Parlamento cubano. 

Fuente: Parlamento Cubano

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La sesión es seguida por videoconferencia por el líder de la Revolución, Raúl Castro, y los más de 470 diputados en sus respectivas provincias.

Al darle la bienvenida a los diputados, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, dijo que, como se había adelantado, teniendo en cuenta la difícil situación económica que enfrenta el país, y a partir de las experiencias en la covid-19, se decidió sesionar de manera híbrida, interconectados por videoconferencia con todas las provincias del país.

Lazo dijo que era responsabilidad de la asamblea abordar acuerdos en correspondencia con lo aprobado en el Pleno del Comité Central del Pleno y las directrices del país, por lo que destacan en la orden del día temas relativos al comportamiento de la economía y el Presupuesto del Estado, así como tres temas que responden al cronograma legislativo.

Asimismo, se dio a conocer una Declaración de Solidaridad con Venezuela frente a las agresiones estadounidenses y amplio despliegue militar que amenaza su seguridad nacional, poniendo en peligro además la estabilidad de la región.

Posteriormente, tomaron posesión de su cargo ocho nuevos diputados, por lo que la asamblea ahora tiene ocupados 464 de 470 asientos.

Destaca que, de los ocho nuevos diputados, cinco son delegados de base. Del total de diputados, 267 son mujeres, para un 57.4%. Hay 135 diputados de entre 19 y 40 de edad, para un 29%. Son negros y mulatos, el 44.18%.

Los ocho nuevos diputados son:

• Litza Elena González Desdín, quien se desempeña como presidenta nacional de la Federación Estudiantil Universitaria, diputada por Calixto García, Holguín.
• Vivian de Guadalupe Leal Cuesta, diputada por el municipio de Diez de Octubre, La Habana.
• Yipsy Romo Varona, diputada por San Miguel del Padrón, La Habana.
• Oscar Pérez Oliva Fraga, diputado por Marianao, La Habana.
• Yasel Toledo Garnache, diputado por Santiago de Cuba.
• Niurka García Lorenzo, diputada por Chambas, Ciego de Ávila
• Ana María Baro, diputada por Camagüey
• Roberto Javier Manuel, diputado por Manuel Támes, Guantánamo.

Al inicio de la sesión, se rindió homenaje póstumo a los diputados Ricardo Cabrisas Ruiz y Eduardo Torres Cuevas.

Con la participación de la totalidad de los diputados, se analiza y será sometido a aprobación el Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado para 2026.

Incluye, además, una actualización del cronograma legislativo, y la aprobación de las normas jurídicas correspondientes.

Movimiento de cuadros

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, dio a conocer que como parte del proceso de su renovación natural, el Consejo de Estado propuso la liberación de su cargo como presidente del Tribunal Supremo Popular a Rubén Remigio Ferro, y que el actual ministro de Justicia Oscar Silvera Martínez, asuma como nuevo presidente de este órgano.

Como nueva ministra de Justicia se propone a Rosabel Gamón Verde, antigua viceministra primera de Justicia.

Informó que se recibió la renuncia de los diputados Homero Acosta Ávila, secretario de la ANPP y del Consejo de Estado; Ulises Guilarte de Nacimiento, exsecretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, y de Ricardo Rodríguez González, expresidente de la Federación Estudiantil Universitaria. Ent al sentido, se aceptaron las renuncias de Ulises Guilarte y Ricardo Rodríguez. La vacante de Ricardo se someterá a votación y quedará vacante en esta occasion, la de Ulises Guilarte.

Al informar a los diputados sobre el cumplimiento del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, el miembro del Buró Político del Partido y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, dijo que el programa está alineado con las prioridades estratégicas, pero su éxito dependerá de la capacidad de jerarquizar tareas, ejecutar con mayor disciplina, reducir la dispersión, integrar actores y asegurar recursos esenciales, especialmente en energías, divisas y producción nacional.

El jefe de Gobierno comentó el amplio proceso de consulta y actualización al que se ha sometido el programa desde la presentación de sus resultados en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular del pasado mes de julio.

Como resultado de lo anterior, y en cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se publicó a finales de octubre el programa de gobierno actualizado. A partir de este documento, y de conjunto con el Comité Central, se organizó un proceso de estudio y análisis del programa. Dicho proceso inició el pasado 15 de noviembre y tomará fin, concluyendo a finales del presente mes. “El objetivo es lograr su comprensión integral y determinar el papel que corresponde en su implementación a cada estructura, institución, actor de la economía y a la población”.

El primer ministro detalló que el Programa quedó conformado por 106 objetivos específicos, 342 acciones y 264 indicadores y metas.

Sobre el escenario en el que se desarrolla el programa de gobierno, Marrero Cruz puntualizó a los diputados que el crecimiento mundial se ha mantenido con niveles moderados, con estimaciones en torno al 3%, tendencia asociada a las fragmentaciones geopolíticas, las tensiones comerciales y la volatilidad de los mercados energéticos y logísticos.

Señaló que el contexto regional está marcado por la pretensión de Estados Unidos de reimplantar la Doctrina Monroe y de imponer un llamado orden internacional basado en reglas, subordinado a sus intereses. “Su estrategia de seguridad nacional concibe a la región como una zona de influencia absoluta”.

De acuerdo con Marrero Cruz, a esto “se suma la escalada contra la República Bolivariana de Venezuela y un extraordinario e irracional despliegue militar, bajo el falso e infundado pretexto de la lucha contra el narcotráfico”

“Muestra de ello fue la incautación de buques petroleros en el mar Caribe, un acto de brutal piratería internacional, así como la declaración del presidente Trump de ordenar un bloqueo total a todos los buques petroleros sancionados que se dirigieran a Venezuela”, dijo.

“En este escenario ya complejo, Cuba continúa enfrentando el impacto acumulado de la guerra económica, comercial y financiera del Gobierno de los Estados Unidos, reforzada en los últimos años con medidas coercitivas unilaterales que han incrementado tanto la severidad como la amplitud de las sanciones y su extraterritorialidad”, subrayó el primer ministro.

El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, informó que, bajo el precepto de manejar la crisis, mitigar los impactos de la guerra económica y lograr una gradual recuperación, el Plan de la Economía para 2026 reconoce las tensiones que continuarán impactando su ejecución, la necesidad de movilizar todas las reservas que puedan existir para incorporarlas, así como las potencialidades derivadas de las transformaciones que se llevan a cabo como parte del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Al intervenir ante el sexto período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular, explicó que para el Plan 2026, a partir de que no es posible proyectar mayores gastos que los ingresos que se generan, se evaluaron variantes de ajustes en categorías claves para reducir el déficit a un nivel gestionable, entre otros principios.

El titular de Economía y Planificación argumentó que en 2025 la economía cubana continuó desempeñándose en un escenario de economía de guerra, en el que inciden efectos combinados y acumulados de un grupo de factores externos e internos.

Recordó además que los limitados recursos financieros que el país ha podido disponer en este período se han concentrado en hacer frente a pagos priorizados, como los dedicados a los alimentos, los combustibles; el sostenimiento, recuperación y creación de nuevas capacidades en el Sistema Electroenergético Nacional; los medicamentos y la defensa y seguridad nacional. No obstante —agregó— ha sido extremadamente compleja su gestión operativa, pues han resultado insuficientes.

Comentó que aun en este complejo contexto, y mediante esquemas de autofinanciamiento en divisas, se ha priorizado el apoyo a los principales sectores generadores de ingresos futuros en divisas para el país.

Sobre las perspectivas para 2026, apuntó que la situación puede agravarse por las acciones del gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con el ministro del MEP, se presenta un plan para el 2026 que toma como base las evaluaciones y proyecciones del modelo global de la economía nacional, los estimados para el 2025, las directivas de gobierno previamente aprobadas por el Consejo de Ministros, y las propuestas presentadas por los organismos, grupos empresariales, gobiernos provinciales y demás entidades sujetas a planificación.

Explicó que como en años anteriores, las cifras presentadas por las entidades superan las capacidades reales de la economía, tanto para la industria, los alimentos, los portadores energéticos y otros insumos materiales. “Esto se debe a que no se habían ajustado plenamente las directivas de gobierno a las condiciones reales de economía de guerra en que nos desenvolvemos, proyectándose un déficit imposible de afrontar con las fuentes de ingreso previstas”.

Siguiendo el principio de que no es posible proyectar mayores gastos que los ingresos que genera la economía, el plan para el 2026 se elaboró a partir de un presupuesto ajustado. “Ante el precepto de manejar la crisis, mitigar los impactos de la guerra económica y lograr una gradual recuperación, el plan que se presenta reconoce las tensiones que continuarán impactando su ejecución”.

Alonso Vázquez explicó que alineado con las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para el periodo 2026-2030, los objetivos del Programa de Gobierno y los resultados de su implementación, el plan de la economía para 2026 define un conjunto de objetivos priorizados de vital importancia para la recuperación económica y social del país.

• Continuar avanzando en la estabilización macroeconómica del país con acciones que contribuyan a la reducción paulatina de los desequilibrios existentes.
• Incrementar los ingresos externos en divisas del país.
• Aumentar la producción nacional, con énfasis en los alimentos y la sustitución de importaciones.
• Avanzar en la transformación integral de la empresa estatal socialista, con la participación efectiva e integración de los demás actores económicos.
• Consolidar el proceso de descentralización de competencias hacia los territorios, en función de una mayor autonomía.
• Asegurar el fortalecimiento de las capacidades de defensa y orden interior.
• Avanzar en el desarrollo de las políticas sociales, garantizando la reducción de desigualdades y la atención a las situaciones de vulnerabilidad.
• Recuperar de manera gradual las capacidades del sistema eléctrico nacional y acelerar la generación con fuentes renovables de energía.
• Incorporar los aportes necesarios de la ciencia, la tecnología, la innovación, la comunicación y la transformación digital para impulsar el desarrollo económico y social.

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Dentro de la agenda, se prevé la toma de posesión de los nuevos diputados, la evaluación del cumplimiento e impacto de las medidas del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, la presentación de los objetivos y metas de la economía para el próximo año y el análisis y discusión del proyecto de Ley del Presupuesto del Estado para el año 2026.

De igual forma, los diputados someterán a votación la aprobación de los proyectos de Ley «General de Ciencia, Tecnología e Innovación» y «De Reducción Excepcional del Actual Periodo de Duración del Mandato de los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular».

En la sesión plenaria también se presentará una actualización del cumplimiento del cronograma legislativo y tendrá lugar la elección de nuevos miembros del Consejo de Estado.

Con anterioridad, el Consejo de Estado de Cuba aprobó reajustar el programa y desarrollarlo mediante videoconferencia solamente el día 18 de diciembre.

Aquellos asuntos que no sean abordados en este periodo continuarán su análisis en etapas posteriores, de acuerdo con las decisiones que adopte el Consejo de Estado.

Con información del diario Granma.

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Previo a su análisis por los parlamentarios, el informe de rendición de cuenta de la gestión gubernamental en el territorio agramontino se  publicó en el sitio web del Parlamento, así como en los medios de comunicación provinciales, con el objetivo de enriquecer este proceso con los criterios de la ciudadanía.

La agenda parlamentaria de este viernes será, igualmente, otra jornada de examen profundo de temas de la realidad económica, política y social de la nación.

Tres importantes proyectos de leyes se discutirán y someterán a aprobación: “Del Sistema Deportivo Cubano”, “Del Registro Civil”, y  el “Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes”.

Según el orden del día aprobado en el plenario, también se espera la ratificación de decretos leyes y acuerdos del Consejo de Estado; así como la aprobación del Gobierno Provincial y el organismo que rendirán cuenta en el mes de diciembre del presente año, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Se aprobará, además, el organismo que será objeto de la más alta fiscalización, un ejercicio de control que ejecuta en el país el máximo órgano legislativo.

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