A través de las organizaciones de masas y sociales, se denunciaba en aquel documento “la aplicación, por Estados Unidos, de una brutal política de hostilidad y agresiones de todo género destinada a destruir la Revolución Cubana, reconquistar el país y reimplantar el sistema de dominación neocolonial que durante más de medio siglo impuso a Cuba”.

Esta demanda fue sustentada por la inmensa mayoría del pueblo cubano; y para su concepción se tuvo en cuenta que, desde el mismo triunfo del primero de enero de 1959, los sucesivos gobiernos norteamericanos han hecho todo lo posible por destruirla, haciendo pagar un alto precio al pueblo de la Isla caribeña por mantener su libertad, soberanía y autodeterminación.

En aquella fecha de 1999, hace casi tres décadas, fueron presentados todos los documentos probatorios, incluyendo los desclasificados por el propio gobierno de los Estados Unidos.

Así, el Tribunal Popular Provincial de Ciudad de la Habana, con total apego a la Constitución de 1976 y al Código Civil de Cuba, dictaminó que el gobierno agresor debía indemnizar al pueblo cubano con el pago único de 181 mil 100 millones de dólares estadounidenses; pues, como referían los letrados -aun­que el dolor y las lágrimas no tienen precio- ha existido el daño, y el resarcimiento es una doctrina unánime de todos los códigos civiles.

La sentencia incluyó la conminación al gobierno norteamericano “a que públicamente se retracte por el daño moral del que han sido objeto, tanto los familiares como las víctimas, de los hechos narrados en esta demanda”.

Infames y brutales acciones políticas, militares, económicas, biológicas, diplomáticas, sicológicas, propagandísticas, de espionaje; actos terroristas y de sabotaje; la organización y apoyo logístico a bandas armadas y grupos mercenarios clandestinos; intentos de eliminar físicamente a los líderes del proceso revolucionario cubano; entre otras abominables acciones, son resultado de la aplicación de esa política hostil que ha causado 3 478 pérdidas de vidas humanas y 2 099 cubanos incapacitados.

Documentos desclasificados en los que el gobierno estadounidense reconocía su implicación directa, fotografías, ma­teriales fílmicos, resultados periciales y el testimonio irrefutable de cerca de 200 testigos, serían las pruebas que erigirían la demanda donde el “daño humano”, era el término empleado para significar el derecho a la vida y a la integridad de cada persona.

Las demandas del pueblo de Cuba al Gobierno de Estados Unidos por daños humanos, así como por daños económicos, interpuestas ante salas de la especialidad del Tribunal Provincial de la capital del país, fueron de las más impactantes y trascendentales medidas de respuesta a la actividad enemiga contra la Revolución, en la década del 90 del pasado siglo.

La interposición de la demanda por daños humanos ocurrió el 31 de mayo de 1999; mientras que la sentencia correspondiente a los daños económicos se dictó el 5 de mayo de 2000. Es por ello, que, durante el quinto mes de cada año, el pueblo cubano recuerda estos sucesos de tanto simbolismo para la nación.

A 27 años de aquella denuncia, la sentencia continúa sin cumplirse; aun cuando se notificó y se entregó en la entonces Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba.

Nuestro país cumplió con todo el rigor de la ley procesal y el gobierno norteamericano ha desconocido, hasta hoy, en todas sus partes, las justas demandas del pueblo cubano.

Cuba no ha dejado, ni las dejará de denunciar y reclamar, porque es ante todo una cuestión de justicia y moral, de honor y de memoria permanente para todas las víctimas, sus familias y nuestro heroico pueblo.

Escuche y descargue la propeusta radial.

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