Todo responde a una hoja de ruta diseñada por ideólogos de la ultraderecha cubanoamericana, que se jactan de ser creativos e impredecibles. Su estrategia se centra en el uso de herramientas que incrementen de manera extrema e inusitada la política de máxima presión.

A ese plan obedecen las más recientes sanciones contra Cuba dadas a conocer el pasado primero de mayo. La Orden Ejecutiva 14404 identifica como blanco al Grupo de Administración Empresarial (GAE), esta vez, en articulación con las denominadas sanciones secundarias dirigidas a todo actor extranjero que realice operaciones de cualquier tipo con este Grupo, haciendo énfasis en las presiones contra las instituciones financieras.

Se trata de la escalada más intensa, desproporcionada y peligrosa en la historia reciente de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

El fin deliberado es aislar al país de manera diplomática, comercial, financiera y energética; imposibilitar la sostenibilidad de la nación; condicionar el diálogo y evaluar variantes de agresión militar. Necesitan construir y consolidar una narrativa de descrédito reputacional contra todas las instituciones que constituyen el sostén de nuestro proyecto social.

El GAE nació en pleno Período Especial para enfrentar la guerra económica, con una visión creativa, propia, autóctona y genuinamente cubana. Su objetivo siempre ha sido agrupar empresas con capacidades en la generación de divisas y recursos que el Estado requiere para mantener y desarrollar las conquistas sociales y contribuir al fomento de sectores y ramas de la vida nacional.

Son incontables los servicios prestados a la Patria por el Grupo de Administración Empresarial. Los aportes materiales y financieros de esta organización se pueden constatar en disímiles ejemplos: en la construcción de más de 10 mil viviendas en diversas provincias del país, en la creación de un Campamento de pioneros y planes vacacionales para la infancia, en la manera en que se sostuvo la economía cubana durante los años de la pandemia de COVID-19.

Los frutos de esta actividad empresarial han sido destinados también a inversiones en la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez (Felton) de Holguín, al diseño y consolidación de grandes obras hidráulicas, entre ellas los trasvases Este-Oeste y Norte-Sur para el beneficio de millones de cubanas y cubanos. Ahí están las inversiones y reparaciones hechas a policlínicos, casas del médico de la familia y a escuelas. Actividades todas que han sido informadas sistemáticamente a la dirección del Partido, el Estado y el Gobierno y, en todos los casos, objeto del máximo control y fiscalización de las autoridades y mecanismos competentes.

El GAE no es una estructura opaca, ni paralela al Estado cubano; ha sido, por el contrario, una respuesta articulada de probada eficiencia frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la Revolución cubana.

Tal como expresó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el 8vo Congreso del Partido, resulta rigurosamente histórico el perfeccionamiento empresarial desarrollado en primer lugar al interior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, experiencia que luego sirvió al país y cuyos notables resultados tributan a la economía nacional.

Miles de hombres y mujeres, durante estos últimos 30 años, han sido guardianes discretos de los recursos del país y merecen el reconocimiento. Aunque su obra no haya sido contada lo suficiente, habla por sí sola y lo hace por encima de la calumnia de Estado urdida desde Washington. 

Hoy, cuando la voluntad del pueblo cubano se expresa en un proceso de cambios, contenidos en el Programa Económico y Social del Gobierno, esta organización es parte activa de las transformaciones del sistema empresarial del país.

El GAE no es obra del secretismo, ni de élites y mucho menos la vía de enriquecimiento de unos pocos. Es, por el contrario, uno de los tantos ejemplos que a lo largo de nuestro camino nos ha permitido resistir la agresión permanente del gobierno de Estados Unidos. Su historia se construyó, al decir del Líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz: «sin el menor ánimo de protagonismo, como se hacen las cosas serias».

La Habana, 2 de junio de 2026

«Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz»

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El gobierno de los Estados Unidos carece de legitimidad y jurisdicción para llevar a cabo esta acción. Se trata de un acto despreciable e infame de provocación política, que descansa en la manipulación deshonesta del incidente que llevó al derribo sobre el espacio aéreo cubano, en febrero de 1996, de dos aeronaves operadas por la organización terrorista Hermanos al Rescate, radicada en Miami, cuya reiterada violación del espacio aéreo cubano con fines hostiles era de ostensible dominio público.

El gobierno estadounidense, además, desvirtúa otras verdades históricas sobre el hecho que utiliza como pretexto. Omite, entre otros detalles, las múltiples denuncias formales presentadas por Cuba en aquel período ante el Departamento de Estado, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) y la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), sobre las más de 25 violaciones graves y deliberadas del espacio aéreo cubano que ejecutó la citada organización entre 1994 y 1996, en abierta transgresión de las leyes internacionales y la propia legislación estadounidense.

Ignora también las advertencias públicas y oficiales emitidas por las autoridades cubanas sobre la inadmisibilidad de tales violaciones de su espacio aéreo y los mensajes de alerta trasladados directamente al presidente de los Estados Unidos sobre la gravedad y posibles consecuencias de tales transgresiones.

La respuesta de Cuba ante la violación de su espacio aéreo constituyó un acto de legítima defensa, amparado por la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944, y los principios de soberanía aérea y proporcionalidad.

Estados Unidos, que ha sido víctima del uso de la aviación civil con fines terroristas, no permite ni permitiría la violación hostil y provocadora de aeronaves extranjeras sobre su territorio y actuaría, como lo ha demostrado, con el uso de la fuerza.

La inacción del gobierno estadounidense ante las alertas trasladadas entonces por Cuba, dejó en evidencia su complicidad con la planificación y ejecución desde su territorio de acciones violentas, ilegales y de carácter terrorista contra el gobierno y pueblo cubanos, una práctica reincidente y sistemática desde el triunfo de la Revolución hasta hoy.

Resulta de gran cinismo que formule esta acusación el mismo gobierno que ha asesinado a cerca de 200 personas y destruido 57 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, lejos del territorio de los Estados Unidos, con el uso desproporcionado de la fuerza militar, por supuestos vínculos con operaciones de narcotráfico nunca demostrados, lo que califica como crímenes de ejecuciones extrajudiciales, acorde con el Derecho Internacional y asesinatos, según las propias leyes estadounidenses.  

Esta acusación espuria contra el Líder de la Revolución Cubana, se suma a los intentos desesperados de elementos anticubanos por construir una narrativa fraudulenta en el esfuerzo por justificar el castigo colectivo y despiadado contra el noble pueblo cubano, mediante el reforzamiento de las medidas coercitivas unilaterales, incluyendo el injusto y genocida bloqueo energético y las amenazas de agresión armada.

Cuba ratifica su compromiso con la paz y la firme determinación de ejercer el derecho inalienable a la legítima defensa, que reconoce la Carta de las Naciones Unidas.

El pueblo cubano reafirma la decisión inconmovible de defender la Patria y su Revolución Socialista y, con la mayor fuerza y firmeza, su respaldo irrestricto e invariable al General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder de la Revolución cubana.

Patria o Muerte, Venceremos.

La Habana, 20 de mayo de 2026.

«Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz».

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La orden ejecutiva del Presidente estadounidense, anunciada el 29 de enero de 2026, declara una supuesta emergencia nacional, en virtud de la cual su gobierno podrá imponer aranceles comerciales a las importaciones de productos provenientes de países que suministren petróleo a Cuba.

Para justificar una acción tan extrema, se esgrime en el texto de la referida orden una lista extensa de mentiras y acusaciones difamatorias contra Cuba. Destaca entre ellas la absurda aseveración de que Cuba constituye una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El propio Presidente y su gobierno están conscientes de que nadie o muy pocos pueden creer argumentos tan mendaces, pero no les importa. Así es su desprecio por la verdad, la opinión pública y la ética gubernamental cuando se trata de avalar su agresión contra Cuba.

Con esta decisión, el gobierno de los Estados Unidos, a través del chantaje, la amenaza y la coerción directa a terceros países, intenta imponer componentes adicionales de presión a las acciones de asfixia económica que desde el primer mandato de Trump fueron dispuestas para impedir la entrada de combustibles a nuestro país. Consolida una forma peligrosa de conducir la política exterior de los Estados Unidos por vía de la fuerza y de ejercer sus ambiciones para garantizar su hegemonismo imperialista. Conforme a lo anunciado, ese país se adjudica el derecho de dictar a Estados soberanos con qué naciones pueden comerciar y a cuáles pueden exportar sus productos nacionales.

La orden ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos constituye, por tanto, una violación flagrante del Derecho Internacional y atenta, además, contra la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz. Ratifica que es el gobierno de ese país el que atenta contra la seguridad, la estabilidad y la paz de la región y del mundo.

El gobierno de los Estados Unidos llega a este punto tras haber fracasado durante 67 años en rendir y destruir un proceso político y revolucionario genuino y legítimo, de plena soberanía, justicia social y fomento de la paz y la solidaridad con el resto del mundo.

Está ampliamente documentada la disposición histórica de Cuba a sostener con el gobierno de los Estados Unidos un diálogo serio, responsable, basado en el Derecho Internacional, en la igualdad soberana, en el respeto mutuo, en el beneficio recíproco, sin injerencia en los asuntos internos y con absoluto respeto a la independencia y a la soberanía de los Estados.

Como todo el mundo conoce, incluyendo el propio gobierno estadounidense, Cuba no constituye amenaza alguna para los Estados Unidos, sus intereses nacionales o el bienestar de los ciudadanos de ese país que, además, siempre han sido tratados con respeto y hospitalidad cuando su gobierno les ha permitido visitar la isla. Cuba no amenaza o agrede a país alguno. No es objeto de sanciones por parte de la comunidad internacional. Es un país de paz, solidario y cooperativo, dispuesto a ayudar y contribuir con otros Estados.

Es también el país de un pueblo aguerrido y combatiente. Se confunde el imperialismo cuando confía en que con la presión económica y el empeño en provocar sufrimiento a millones de personas, se va a doblegar su determinación de defender la soberanía nacional y de impedir que Cuba caiga, una vez más, bajo el dominio estadounidense.

Tiene ante sí la comunidad internacional el reto ineludible de definir si un crimen de esta naturaleza podrá ser el signo de lo que está por venir o si prevalecerán la cordura, la solidaridad y el rechazo a la agresión, la impunidad y el abuso.

Enfrentaremos la nueva arremetida con firmeza, ecuanimidad y seguridad de que la razón está absolutamente de nuestra parte. La decisión es una:

¡Patria o Muerte, Venceremos!

La Habana, 30 de enero de 2026

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