Para la admisión a debate se requería del voto del 40% de los congresistas hábiles. Toda moción de vacancia en ese país latinoamericano, pasa por tres etapas: presentación, admisión a debate y, de conseguirse los votos en esta segunda etapa, el debate en sí.

Confirma la cadena CNN que la primera moción fue rechazada con 49 votos en contra, 33 a favor y 15 abstenciones, mientras que la segunda, con 59 votos en contra, 32 a favor y 11 abstenciones.

En el ámbito judicial, Boluarte acudirá hoy al Ministerio Público a brindar su declaración como investigada por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión en la declaración de bienes “por el uso de relojes de la marca Rolex”.

Las mociones contra Boluarte

Varios congresistas habían presentado una segunda moción de vacancia contra la presidenta designada, luego de que no explicara a la ciudadanía el origen del dinero con el que adquirió los relojes de lujo Rolex por los que la Fiscalía la investiga.

El pasado viernes 29 de marzo, la Fiscalía y la policía de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), allanaron su vivienda, como parte de una investigación en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Hay estimaciones de que la mandataria emplea fondos del Estado para su beneficio.

Se trataba, con la medida de contribuir a la salida de la jefa de Estado. Esa moción era impulsada por los parlamentarios de Cambio Democrático-Juntos por el Perú y firmada por legisladores de otras bancadas. Contaba con las firmas de los congresistas Jaime Quito Sarmiento, Victor Raúl Cutipa, Hamlet Echeverría, Pasión Dávila, Silvana Robles, Luis Kamiche, Guillermo Bermejo, Alex Flores, Nieves Limachi, Elías Varas, Héctor Acuña, Guido Bellido, Darwin Espinoza, Kelly Portalatino, Margot Palacios, Wilson Quispe, Oscar Zea, Carlos Zeballos, Janet Rivas, Flavio Cruz, Ruth Luque, Edgard Reymundo, Susel Paredes, Sigrid Bazán, Isabel Cortez y Roberto Sánchez.

Según medios de comunicación desde el país latinoamericano, los legisladores se basaron en el artículo 113,2 de la Constitución y en el artículo 89-A del reglamento del Congreso para buscar la vacancia por la causal de incapacidad moral.

“Esta figura debe ser interpretada a la luz de los principios y valores que articulan la Constitución Política del Perú, en especial el respeto por la democracia, el régimen presidencial y la irrestricta independencia de poderes”, se lee en el documento.

Al respecto, la congresista Flor Pablo, del Partido Morado, señaló que Boluarte ha desatado una nueva crisis política al negarse a colaborar con la justicia.

La solicitud de destitución surgió el mismo día en que, tanto la residencia particular de Boluarte, como su despacho en Palacio de Gobierno, fueron allanados por la Policía y la Fiscalía entre la noche del viernes y la mañana del sábado, como parte de las investigaciones relacionadas con el denominado “caso Rolex”.

La bancada parlamentaria de Perú Libre, partido que llevó al poder al expresidente Pedro Castillo y al que pertenecía también la actual presidenta, presentó una moción de vacancia contra la mandataria por “permanente incapacidad moral”, debido a la posesión de esos relojes de alta gama.

La moción fue sido remitida este sábado por la portavoz parlamentaria de Perú Libre, Margot Palacios, a la Oficialía Mayor del Congreso.

Por su parte, en su cuenta de X, la congresista Flor Pablo, del Partido Morado, señaló que Boluarte ha desatado “una nueva crisis política por negarse a colaborar con la justicia. Hace días que el país espera una explicación sobre la procedencia de sus lujosas joyas. Su falta de transparencia y respeto a las instituciones denigran la dignidad y autoridad presidencial. Hace mucho que debió renunciar y convocar a elecciones generales”.

La Fiscalía informó el 18 de marzo que abrió una investigación contra Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión en la declaración de bienes, “por el uso de relojes de la marca Rolex».

Esa pesquisa se abrió días después de que el medio local La Encerrona publicara un recuento de fotos que supuestamente muestra a la mandataria usando relojes lujosos.

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La presidenta interina, es señalada de cometer un genocidio contra la población.

Medios locales como El Comercio, informaron de las declaraciones de la abogada de la mandataria, Kelly Montenegro, quien manifestó su voluntad de colaborar. “Si la Fiscalía lo dispone de esta manera, nosotros vamos a cumplir con todo lo que disponga el Ministerio Público”, aseguró.  

El ente acusador abrió una investigación contra Boluarte el pasado 10 de enero y las pesquisas se realizan sobre presuntos cargos como genocidio, lesiones graves y homicidio calificado.

Esta es la segunda vez que llega un llamado de este tipo a la jefa de Estado. El primero se notificó para el pasado 30 de enero, al que Boluarte dijo estar disponible de manera virtual. Una segunda ocasión se fijó para el 23 de febrero, y también se desarrolló de manera virtual.

También han sido llamados a declarar, el jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otálora; el ministro de Defensa, Jorge Chávez, así como Pedro Angulo, anterior cabeza del Gobierno; entre otros, han dado su versión de los hechos.

Los bloqueos de caminos, el paro de actividades y las manifestaciones en las calles contra Boluarte continúan en la región sur de la nación, específicamente en Puno.

Durante las últimas horas, una comisaría en el distrito de Juli fue incendiada por quienes exigen la salida de la presidenta. Al menos diez agentes del orden resultaron heridos, a los que se sumaron unos siete manifestantes.

Otros diez militares también fueron blancos de ataques. Al menos 60 personas han muerto en el transcurso de los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden.

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La medida, que entró en vigor ayer, estará vigente por 30 días y autoriza al Ejército a intervenir para mantener el orden.

En el decreto emitido en la noche del sábado también se declara el estado de emergencia en las regiones de Cusco y Puno, así como en el puerto del Callao, contiguo a la capital.

Además hay restricciones en las provincias de Andahuaylas, Tampopara y Tahuamanu, Mariscal Nieto y el en distrito de Torata así como en cinco carreteras nacionales.

También, se decretó la «inmovilización social obligatoria» en la región de Puno durante 10 días, lo que implica que los habitantes de esa zona deberán estar confinados en sus domicilios entre las 8 de la tarde y las 4 de la madrugada.

Alrededor de unos 3 mil manifestantes en la provincia de Andahuaylas, región Apurímac, se alistan desde hoy para viajar a Lima y continuar con su protesta en contra del gobierno de Dina Boluarte. En la ciudad hubo siete fallecidos durante las manifestaciones de diciembre.

Una de las personas que viajará a la capital es el señor Belisario Rodríguez, quien dijo a RPP Noticias que realizaron una colecta durante varios días para recaudar dinero, a fin de cubrir sus viáticos.

Rodríguez también señaló que en Andahuaylas se organizan preparando una relación de los pobladores de diferentes comunidades quienes en sus camiones y vehículos salieron esta tarde hacia la ciudad de Lima.

La ciudad se encuentra paralizada y los negocios están cerrados. Asimismo, la vía nacional en Champaccocha, que comunica Andahuaylas con la provincia de Abancay, se encuentra bloqueada por 12 días y en Chincheros desde hace una semana se impide también el paso de vehículos.

La Fiscalía de la Nación informó que hasta el momento se ha abierto 8 investigaciones fiscales por las muertes a consecuencia de las manifestaciones «con lo cual se determinará a los responsables de la pérdida de estas vidas humanas».

El Ministerio Público también registró la detención de 329 ciudadanos, entre ellos un menor de edad, a quienes se les investiga por los presuntos delitos contra la administración pública, disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.

El excongresista Richard Arce consideró que el reinicio de protestas en varias regiones del país tiene un «aprovechamiento político» y aseguró que la solución política es responsabilidad del Congreso.

Arce concedió una entrevista a RPP Noticias, donde sostuvo que hay «problemas subyacentes» a las demandas sociales en las protestas debido a la desatención del Estado.

Evidentemente hay problemas subyacentes a las demandas sociales, que es en realidad problemas estructurales de desatención, sobre todo de la ausencia del Estado. Estoy en Abancay y converso con la gente y por ejemplo esta posibilidad de participar en espacios de medios de comunicación y políticos hace que la gente se exprese con mucha sinceridad de esta falta de capacidad de atender estas múltiples demandas postergadas históricamente, dijo.

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De acuerdo con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) y el reporte del Centro de Gestión y Monitoreo, estos 40 puntos donde está afectando el tránsito afectan a seis regiones del país.

Las manifestaciones piden la renuncia de Boluarte, la liberación del exmandatario Pedro Castillo, el cierre del Congreso y un adelanto de elecciones para este año.

Durante las últimas horas, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció que se crearía un subsistema de fiscalías para esclarecer las muertes ocurridas en el marco de las protestas que se desataron desde la destitución de Castillo, el pasado 7 de diciembre.

«Desde el inicio de las protestas se dispuso que los fiscales pongan énfasis en la investigación y determinación de responsabilidades por los lamentables sucesos de diciembre del 2022. Ninguna vida vale menos que otra y ninguna muerte debe quedar impune», aseguró Benavides durante su discurso por el inicio del año fiscal 2023.

“Ninguna vida vale menos que otra, y ninguna muerte debe quedar impune”, señaló la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ?https://t.co/PTGPQt2tBy pic.twitter.com/vuub7aUlPT

— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) January 4, 2023

Las protestas más fuertes tuvieron lugar en el sur de Perú, bastión político de Castillo, quien está en prisión preventiva y ha introducido un recurso que solicita la nulidad de la vacancia que se ejecutó en el Congreso.

Confirma RPP Noticias, que los bloqueos empezaron desde la noche del miércoles y se extendieron hasta la madrugada del jueves, en varios tramos de la Panamericana, en la zona del Álamo, donde se ingresa a Ica.

Además, se registraron piquetes de bloqueo en los tramos del kilómetro 290 en Expansión Urbana y el kilómetro 299, en la zona del Álamo, en el ingreso a la ciudad de Ica.  

Por su parte, las empresas de transporte han decidido no vender boletos hacia Ica y tampoco a las ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna y Juliaca, donde las manifestaciones provocaron que buses y autos quedaran varados.

En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024. Pero MilanKnezvich, presidente del Frente de Lucha de la ciudad de Abancay, en Apurímac, aseguró que las protestas continuarán. «Nadie va a querer dialogar. Mientras la señora Dina Boluarte no renuncie esto va a seguir», dijo a radio Exitosa.

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Por lo menos, seis no superaban los 19 años. Ninguno falleció en Lima, la capital, sino en la serranía y en la costa: Apurímac (6), Ayacucho (7), Huancavelica (1), Arequipa (1), y La Libertad (3).

El día más violento fue ayer, sobre todo en Ayacucho, la región más golpeada por los conflictos armados entre los años ochenta y noventa. Reseña El País que, como ha podido constatarse en videos difundidos por vecinos, no todos los militares dispararon al aire y prueba de ello son los siete fallecidos y 52 heridos, según información de la Dirección de Salud.

“Somos luchadores, no somos terroristas”, se gritó a viva voz en la Plaza de Armas de Huamanga, en Ayacucho. Y, como en el pasado, las acusaciones de terrorismo recaen en los manifestantes con el propósito de deslegitimar sus protestas. Autoridades del gobierno regional responsabilizan a la actual presidenta, Dina Boluarte, así como a los ministros del Interior y Defensa.

Deben renunciar inmediatamente a sus cargos. Exigimos el cese inmediato del uso de armas de fuego de parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas contra nuestra población, señalan en un comunicado.

En este contexto, el Ejecutivo decretó cinco días de inmovilización social obligatoria en quince provincias pertenecientes a las regiones de Arequipa, Apurímac, Huancavelica, La Libertad, Cusco, Ayacucho, Ica y Puno. Las víctimas en Ayacucho no han sido identificadas todavía.

Se contabilizan al menos 187 los heridos en todo el país.

Castillo pide a la CIDH que interceda por sus derechos

El expresidente Pedro Castillo reclamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda por él, pues considera que las autoridades de su país han vuelto a «coactar» (sic) su libertad.

En el breve mensaje manuscrito, que fue también transcrito en mensaje de Twitter, también hizo “responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país” y envió “millones de gracias” a los peruanos “por su cariño y apoyo”.

¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la @CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia. (1/2) pic.twitter.com/q1mfdcZA5B

— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 14, 2022

La Fiscalía de Perú solicitó esta madrugada 18 meses de prisión preventiva para Castillo, informó a EFE una fuente vinculada a la investigación que sigue al exmandatario por la presunta comisión del delito de rebelión, a raíz del fallido golpe de Estado que motivó su destitución.

La petición fue hecha por el fiscal supremo Uriel Teran, encargado del despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, agregó la fuente.

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Días antes en una sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso peruano “aprobó el Proyecto de Resolución del Congreso que levanta la prerrogativa de antejuicio político al ciudadano Pedro Castillo por la comisión flagrante de delitos y declara haber lugar a la formación de causa penal”.

La Cámara apoyó la iniciativa con 67 votos a favor, 45 en contra y cero abstenciones. La resolución acusa al expresidente de delitos contra el poder del Estado y el orden constitucional por los hechos del 7 de diciembre.

Castillo, investigado por presuntos delitos de rebelión y conspiración, fue detenido de forma preliminar por un plazo de siete días, luego de que anunciara el pasado miércoles la disolución del Congreso y otra serie de medidas que fueron respondidas por el Parlamento con su destitución a la Jefatura de Estado.

Después de que el Congreso peruano aprobara la moción de vacancia, Castillo intentó acudir a la Embajada mexicana en Lima, pero fue capturado en el camino por la Policía. A través de su abogado, Víctor Pérez, el detenido expresidente peruano solicitó asilo a México.

Por su parte, el expresidente de Bolivia Evo Morales exigió que cese la “masacre”  de indígenas en Perú que, dijo, “reclaman respeto a su voto” y consideró que “ningún gobierno que se manche las manos con sangre” es “legítimo”, a propósito de los conflictos en ese país tras destitución de Castillo.

Nos unimos al clamor de defensores de la vida y Derechos Humanos para exigir que paren la masacre de nuestros hermanos indígenas en Perú que reclaman respeto a su voto y una democracia que los represente, escribió Morales en su cuenta oficial de Twitter.

Nos unimos al clamor de defensores de la vida y Derechos Humanos para exigir que paren la masacre de nuestros hermanos indígenas en #Perú que reclaman respeto a su voto y una democracia que los represente. Ningún gobierno que se manche las manos con sangre del pueblo es legítimo pic.twitter.com/8NTwnFT3Mj

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 13, 2022

En otro mensaje, el exmandatario boliviano comparó lo que ocurre en Perú con los sucesos del golpe de estado de 2019 en su contra.

Las protestas que estallaron este domingo en Perú contra la presidenta, Dina Boluarte, y el Congreso han dejado siete fallecidos, más de un centenar de policías heridos y el ataque a dos canales de televisión en Lima.

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“Han sido dos jornadas muy lamentables con un saldo de siete personas fallecidas (…) dos de ellas menores de edad y todos por proyectiles de armas de fuego”, dijo en una entrevista al canal Epicentro TV la defensora del pueblo, Eliana Revollar.

Los enfrentamientos más violentos se están dando en el sur del país, concretamente en los departamentos de Apurímac y Arequipa, según la agencia EFE.

La Dirección Regional de Salud de Apurímac detalló en un comunicado que un adolescente de 16 años falleció el mediodía de este lunes al presentar una herida de bala tras una protesta en Chincheros, en el departamento de Apurímac.

Durante la tarde, confirmó que se habían muerto otros dos jóvenes de 18 años, Jonathan Encino Arias y Wilfredo Lizarme.

A estas tres víctimas notificadas en las últimas horas, se suma otro joven fallecido esta mañana en Chincheros, otro varón muerto en protestas en la segunda ciudad más grande del país, Arequipa, y a los dos fallecidos en la tarde de este domingo en Andahuaylas.

Revollar confirmó también que hay 32 civiles heridos, más 24 policías heridos y declaró que «la situación es muy tensa en el país».

El lunes se registraron cortes en carreteras en diversos puntos del país, el asalto al aeropuerto de Arequipa y a instituciones bancarias y judiciales en varias localidades, entre otros.

En medio de una jornada de manifestaciones contra el gobierno de Boluarte, tres estudios de televisión vieron sus instalaciones ser atacadas por manifestantes.  Canal N informó que, a pesar de las rejas instaladas a los alrededores, un grupo de 20 personas llegó a romper las lunas del estudio ubicado en el distrito de Santa Beatriz. Lo mismo sucedió en la sede de Panamericana Televisión.

Un breve video difundido da cuenta de los destrozos ocurridos en la redacción del canal ubicado en la avenida Arequipa.

También, en el centro de Lima, manifestantes atacaron los ómnibus mientras cruzaban frente al Jurado Nacional de Elecciones.

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La propuesta implica recortar en dos años el mandato de Boularte, quien dio a conocer esta madrugada un mensaje a la nación, tras la muerte de dos personas en la localidad de Anda-huaylas durante la represión policial.

Boularte  lamentó los fallecimientos y anunció que declaraba el Estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social, para recuperar pacíficamente el control del orden interno.

Al mismo tiempo, Boularte propuso adelantar las elecciones presidenciales y legislativas para abril de 2024, dos años antes de lo previsto, pues en el 2024 debía concluir el mandato del destituido Pedro Castillo, y al mismo tiempo el de ella, como sucesora en el cargo.

Boularte precisó que en los próximos días remitirá un proyecto de ley de adelanto de los comicios para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento,  aunque primero deberían realizarse reformas constitucionales.

Analistas advirtieron que el cierre del Congreso, la renuncia de Boularte y  el adelanto de los comicios generales son tres puntos bastante precisos que implican una plataforma de lucha por la que no se van a detener los seguidores de Castillo.

Las movilizaciones en la calle ganaron amplitud el fin de semana en varias ciudades del norte y sur andino, donde  Castillo, un antiguo profesor y procedente de la región, tiene mayor popularidad.

Este lunes, manifestantes tomaron las instalaciones del Aeropuerto Internacional del departamento de Arequipa,  para exigir la salida de la presidenta, Dina Boluarte, mientras otro grupo bloqueó la carretera Panamericana, a la altura del departamento  de La Libertad.

Gremios y organizaciones campesinas e indígenas agrupados en el Frente Agrario  y Rural del Perú anunciaron un paro indefinido a partir de mañana, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución.

El colectivo reclama además la inmediata libertad de Pedro Castillo, por considerar que No perpetró ningún golpe de Estado cuando el miércoles anunció el cierre del Congreso, la intervención de los poderes públicos y que gobernaría por decreto, lo que llevó a su destitución por el parlamento y a la asunción de la jefatura del Estado por la vicepresidenta, Dina Boluarte.

A su vez, la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú iniciará el 15 de diciembre una huelga nacional en el intento de exigir que se celebren comicios adelantados.

Con el mismo objetivo se movilizarán los  pueblos indígenas de la Amazonía, cuya Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, denunció que la actual crisis ha sido aprovechada y se ha consolidado el asalto al poder de las mafias corruptas y racistas del Congreso, que han impuesto un Gobierno huérfano, pero bajo su dominio.

Después de que el impopular parlamento aprobara la destitución de Pedro Castillo, el ahora expresidente intentó acudir a la Embajada mexicana en Lima para asilarse, pero fue capturado en el camino por la Policía.

La fiscal de Perú, Patricia Benavides, presentó este lunes una denuncia constitucional contra Castillo, a través de un escrito enviado al legislativo.

De acuerdo con la demanda de Benavides, el exmandatario habría incurrido en los presuntos delitos de rebelión y conspiración la semana pasada, cuando decretó un estado de excepción y disolvió el Congreso, dos medidas que precipitaron su caída y detención en cuestión de horas.

Benavides introdujo el escrito un día después de que el parlamento, de mayoría derechista, resolviera retirarle la inmunidad a Castillo, lo que facilita su procesamiento judicial sin un previo antejuicio político en el legislativo.

El desafuero a Castillo, además, faculta a la Fiscalía a efectuar una detención preventiva contra el exmandatario.

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Por la tradición de asilo que tiene México, las embajadas se han vuelto sedes importantísimas en la historia reciente de la región.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, publicó en sus redes sociales que el embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, le informó que pudo entrevistarse a las 13:20 hora local con Castillo en el centro penitenciario donde fue recluido el exjefe de Estado.

pic.twitter.com/7Ay7vZ5RqO

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 8, 2022

El canciller comunicó que han procedido a “iniciar consultas ante las autoridades peruanas” sobre esta petición que fue enviada a través del abogado del exgobernante, Víctor Gilbert Pérez Liendo.

Por otra parte, partidos políticos y movimientos sociales peruanos se manifestaron durante las últimas horas en demanda de una Asamblea Constituyente y nuevas elecciones con el objetivo de superar la crisis política que vive el país suramericano.

Grupos políticos, como el movimiento Nuevo Perú, han solicitado que se adelanten las elecciones generales y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para que se redacte una nueva Carta Magna. Pero, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, descartó la posibilidad de adelantar los comicios.

El contexto

Perú vive horas difíciles y de enfrentamientos que incluyeron la destitución del presidente Pedro Castillo, quien fuera detenido después de que el Congreso lo destituyera por anunciar horas antes la disolución de la Cámara y la instauración de un «gobierno de excepción».

«El Ministerio Público dirigió esta tarde la detención de Pedro Castillo Terrones por el presunto delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal, por quebrantar el orden constitucional», expresó la Fiscalía.

Los hechos se apresuraron luego que el mandatario hiciera el anuncio, que fue calificado de «golpe de Estado» por representantes de los diferentes sectores políticos. Después de la declaración de vacancia, le correspondió a la vicepresidenta, Dina Boluarte, asumir la presidencia de la nación hasta concluir el periodo presidencial en julio de 2026.

Boluarte fue compañera de fórmula electoral de Castillo, postulada por el partido Perú Libre, y ocupó el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social hasta el 25 de noviembre. Cuando Castillo anunció este miércoles su decisión de disolver el Congreso, ella se distanció públicamente de él, señalando que se trataba de un quiebre del orden constitucional.

Otros detalles

Castillo asumió la presidencia en julio de 2021. Desde entonces, vivió varias crisis de gobierno que le obligaron a reemplazar su cartera de ministros constantemente.

La sesión de este miércoles era el tercer intento de la oposición en el Congreso de sacarlo del poder declarando su vacancia del cargo por supuesta «permanente incapacidad

El día antes, Castillo acusó a la oposición de querer «dinamitar la democracia» y volvió a declararse inocente de las acusaciones de corrupción en su contra.

Sobre el mandatario, pesan varias acusaciones que involucran a miembros de su familia, pero que, en otros casos, también le tocan directamente. En octubre pasado, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra el mandatario, a quien señala por supuestamente encabezar «una organización criminal» para enriquecerse con contratos del Estado y obstruir las investigaciones.

Para la destitución de Castillo, era necesario el voto de dos tercios de los 130 miembros del Congreso, unos 87 parlamentarios, y fue aprobada con el respaldo de una holgada mayoría de 101.

Perú suma ya seis presidentes de la República desde 2018.

Antes de la detención de Castillo, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, le acusó de estar violando «flagrantemente» la Constitución del país y anunció que formularía una denuncia penal contra el ahora exmandatario.

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