Esa representación tuvo una actitud digna e impulsó la aprobación de la no intervención en los asuntos internos de las naciones.

En el panorama nacional, el 2 de enero de 1934 se libró la convocatoria oficial para la constitución de la Asamblea Constituyente y el procedimiento electoral que, por primera vez, otorgaba a la mujer cubana el derecho a votar y ser elegida.

Otro acontecimiento trascendental ocurrió el 12 de enero de 1934 cuando se suspendió el pago de la deuda contraída por Machado con el Chase National Bank. Dos días después, el 14, se intervino la Compañía Cubana de Electricidad, que pertenecía a la Electric Bond and Share.

Por los ejemplos expuestos, se podrá suponer comprender que el Gobierno de los Cien Días inició, en el poco tiempo que tuvo el poder, una enorme tarea de transformación; pero esto se realizó en medio de múltiples contradicciones dentro de su propio equipo, además de enfrentar la oposición de las fuerzas agrupadas alrededor del embajador norteamericano y también de fuerzas de izquierda.

Y aunque parezca contradictorio, la mayoría de los sectores y grupos populares se alinearon contra el gobierno, lo que tiene su explicación.

Las contradicciones internas provocaron que la política gubernamental no tuviera un rumbo claro; por otra parte, Batista reorganizó las fuerzas armadas y las utilizó en actos represivos de carácter masivo, como lo fueron las masacres a los obreros de los centrales Jaronú y Senado o la realizada contra la manifestación que asistía al sepelio de las cenizas de Julio Antonio Mella, donde murió el pionero Paquito González Cueto.

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El 19 de septiembre de 1933 se disolvieron los partidos políticos existentes y se dejó a la futura Asamblea Constituyente la organización política y los aspectos electorales. Ese día se aprobó la jornada laboral de ocho horas. para todos los trabajadores.

Otra de las medidas adoptadas por el llamado gobierno de los 100 días fue la constitución de los Tribunales de Sanciones para juzgar los delitos de los machadistas, tanto dentro del poder civil como de los cuerpos armados.

El 18 de octubre del 33 se autorizó a los jefes del Estado Mayor y de la Marina de Guerra para reorganizar las fuerzas bajo su mando.

El 5 de noviembre de ese año terminaron los servicios de los miembros de la Policía de La Habana y todos sus funcionarios y empleados.

Otra medida adoptada por el gobierno de los 100 días ocurrió el 8 de noviembre de 1933 cuando se estableció la obligatoriedad de que al menos el 50% de los trabajadores fueran nativos de Cuba en todos los centros laborales. Esta medida se conoció como “nacionalización del trabajo”.

El 6 de diciembre del 33 se rebajaron las tarifas de electricidad y gas, lo que afectó los intereses fundamentales de las empresas norteamericanas que monopolizaban esos servicios.

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