Realizada desde el Palacio de la Revolución y mediante videoconferencia con las provincias, esta reunión enfatizó en el trabajo desde la base y la sistematicidad en los ejercicios de control para lograr los buenos  resultados. 

Julio Cesar García Rodríguez, Jefe de la Oficina de Atención a la UJC, organizaciones de masas, Órganos del Estado y Sector Jurídico del Comité Central del Partido expresó que los hechos delictivos se enfrentan con rigor y firmeza. En ese sentido destacó el Ejercicio Nacional realizado.

Por su parte Mirian Marbán González, Contralora General de la República destacó el necesario  trabajo con los cuadros y sus reservas y enfatizó en las acciones de formación y capacitación.

En ese sentido resaltó la urgencia de la creación de habilidades en la dirección y promover  el análisis colegiado de los asuntos, la preparación y organización de los procesos y llamó a actuar con exigencia y rigor.

El Jefe de Gobierno se refirió a la importancia de la comunicación  en el combate contra el delito, hizo alusión al enfrentamiento a los precios abusivos y especulativos desde los territorios y a la necesidad de que los municipios ejecuten las facultades otorgadas para la concertación de precios.

En este encuentro y como parte de la agenda, el gobernador de Sancti Spíritus Alexis Lorente Jiménez, rindió cuenta sobre el cumplimiento del objetivo 8 del Programa  de Gobierno relacionado con la reducción del delito, quien apuntó que para el presente año, el territorio trabaja en la eliminación de las causas y  condiciones que propician las indisciplinas  y en  potenciar el control interno en las instituciones estatales.

Lorente Jiménez señal que el sistema de trabajo ha permitido avanzar en algunas tareas, pero señaló,   queda mucho por hacer en función de alcanzar los objetivos propuestos.

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En el podio del Salón de los Plenos del Palacio de la Revolución, la información recopilada colectivamente fue compartida por Julio César Rodríguez, jefe de la oficina de atención al sistema del Poder Popular, los órganos del Estado y el sector jurídico.

Entre los datos sobresalió el hecho de que los principales infractores de delitos en Cuba están desvinculados del estudio y el trabajo, la mayoría de las acciones contra la ley, el orden y la tranquilidad ciudadana son las que atentan contra el patrimonio, se registran hechos de violencia que reflejan agresividad y temeridad, que en ocasiones se manipulan y magnifican en las redes sociales digitales.

El tema -discutido ante la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez- es de una trascendental importancia- por ello ocupó más de dos horas de la agenda sabatina.

El jefe de la oficina de atención al sistema del Poder Popular, los órganos de Estado y del sector jurídico añadió a los delitos los hechos ilícitos relacionados con las drogas, cada vez con más intentos de introducción por aeropuertos, las conductas de corrupción administrativa, así como las violaciones de normas- procedimientos en la gestión empresarial y el ordenamiento urbanístico.

A lo anterior se unen la no efectividad del enfrentamiento a los precios abusivos y especulativos de bienes y servicios, se mantiene la comercialización ilícita de diversos productos, la receptación, la especulación y el acaparamiento.

No obstante a este comportamiento, se reconoció como en medio de un contexto complejo, de guerra económica con impacto directo en la situación social, los resultados de las acciones políticas, gubernamentales, jurídicas-operativas, penales, penitenciarias y comunicacionales, dirigidas a la prevención y enfrentamiento a estos flagelos han contribuido a preservar el orden interno y la tranquilidad ciudadana y evitado que situaciones de riesgo o amenazas escalen a hechos de mayor connotación con impacto en la seguridad nacional.

En ese sentido, Julio César Rodríguez señaló que los resultados son insuficientes, toda vez que no se ha logrado el efecto deseado en la disminución del delito, que se mantiene con cifras elevadas y rasgos de complejidad en determinados casos.

Tras la presentación del informe se dio paso a un franco y crítico debate entre los miembros del Comité Central, quienes señalaron,  que las principales insuficiencias, vinculadas a la corrupción, se asocian a las debilidades en la actuación ética y la ejemplaridad de directivos, débil accionar de las administraciones en el control y protección de los recursos, inacción de la aplicación de medidas a los responsables.

El Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Villa Clara, Miguel Colina, comentó cómo los cuadros de su territorio han cambiado métodos y estilos de trabajo para frenar los delitos, las ilegalidades, la corrupción y las indisciplinas sociales, aunque no logran todavía los resultados esperados, ya impactan en la disminución de los hechos a través del enfrentamiento coordinado.

En el análisis de estos asuntos estratégicos para el país, se ahondó en la necesidad de acciones integrales e integradas, en las deficiencias de la vigilancia y combatividad revolucionarias, así como la necesidad de fortalecer el control popular.

Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República y Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular, en sus intervenciones detallaron que estos órganos actúan con apego a la ley y en coherencia con el complejo momento socioeconómico que vive el país.

Por otra parte, la Contralora General de la República, Gladys Bejerano Portela, consideró que este VIII Pleno ha sido una escuela, de la que todos se van con nuevas ideas, con más  optimismo, entusiasmo y con la convicción de que “sí se puede”.

El Partido, dijo, está empeñado en mantener viva y activa el alma de la Revolución.

En sus aleccionadoras palabras Bejerano Portela expresó que las acciones de enfrentamiento deben priorizarse hacia dos ámbitos que hoy afectan al pueblo: la producción de alimentos y la comercialización ilícita de medicamentos. También insistió en interpretar la corrupción como un daño al sistema social que construimos.

No se puede entender que en un lugar haya militantes y permanezcan indiferentes a lo que empieza por indisciplina e ilegalidad y que casi siempre, si no se enfrenta termina en corrupción. No enfrentar la corrupción es contrarrevolución.

El miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, enfatizó en que para desarrollar acciones de prevención hay que estudiar e incidir en las causas, se hace imprescindible -argumentó- trabajar en las comunidades vulnerables, en la oferta de empleo y opciones de estudio para los jóvenes desvinculados.

En las actuales circunstancias del país la atención a estos fenómenos sociales, bajo la guía del Partido, con la participación de las instituciones y de la población, adquiere especial importancia, en ese sentido los miembros del Comité Central del Partido aprobaron el informe junto a los acuerdos para enfrentar el delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales en la próxima etapa de trabajo.

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Nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz la calificó, en 1993, como «una batalla política», clave para mantener firme la moral combativa revolucionaria, y el General de Ejército Raúl Castro Ruz nos ha enseñado que esta no puede convertirse en «una campaña más, sino en un movimiento permanente, cuya evolución dependerá de la capacidad de movilizar a la población y a los diferentes actores de cada comunidad, sin excluir a nadie, con rigor e intencionalidad política».

Fiel al legado de nuestros líderes históricos, el 8vo. Congreso del Partido, celebrado en abril de 2021, ratificó la necesidad de fortalecer el papel de la organización y sus militantes, con su participación, apoyo y control en todas las acciones de prevención y enfrenta­miento a los fenómenos y manifestaciones que constituyan una amenaza para la seguridad nacional. El evento partidista convocó a ser abanderados de la batalla contra la corrupción, los modos deshonestos de actuar, el abuso de poder, el favoritismo y la doble moral.

La implementación y cumplimiento de las acciones políticas, gubernamentales, preventivas, de enfrentamiento, jurídico-operativas, penales, penitenciarias y comunicacionales, desarrolladas desde entonces, han posibilitado la contención actual de algunas tipicidades delictivas de mayor gravedad, y han evitado que se generen situaciones graves de contingencia.

El Ministerio del Interior ha continuado reforzando sus sistemas de integración ministerial para la prevención y enfrentamiento a la delincuencia, personas de conducta antisocial o de riesgo y sus actos, teniendo como prioridad el municipio, el consejo popular y otros ámbitos de interés, en los que se conjugan potencialidades operacionales, acciones preventivo-profilácticas, herramientas tecnológicas y las maniobras con fuerzas y medios de la institución.

Ello se articula con las medidas adoptadas por la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular para incrementar el rigor y la severidad en el tratamiento jurídico, penal y penitenciario a los imputados, acusados o sancionados, especialmente en figuras delictivas de ma­­yor daño para la sociedad.

Los tribunales sancionaron al 96 % de las personas juzgadas por hechos ilícitos contra la vida, los asociados a la corrupción, las drogas, la violencia de género, el sacrificio ilegal de ganado mayor y tráfico de sus carnes, contra las autoridades, la propiedad, entre otros.

Las acciones de la Fiscalía en el control de la legalidad, y de la Contraloría General de la República en la correcta y transparente administración de los fondos públicos y el control superior sobre la gestión administrativa, se dirigieron hacia actividades y sectores de mayor importancia para el país.

El Partido ha reforzado la atención, control y evaluación permanente del te­ma a todos los niveles, e incluso ha incorporado como una prioridad en la evaluación del desempeño de las organizaciones y sus militantes. La Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones estudiantiles, los movimientos juveniles, los sindicatos, las organizaciones sociales y de masas han dado pasos concretos para sumarse y hacerse sentir con más fuerza.

Por su parte, el Gobierno ha trabajado en la implementación y cumplimiento de las Directivas Generales para la prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales por los organismos, entidades nacionales, gobiernos provinciales y consejos de la Administración municipales, haciéndolas corresponder con las medidas para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Sin embargo, se impone seguir batallando para lograr la disminución del delito y sus rasgos de complejidad en determinados casos, en los cuales se aprecian hechos de violencia, que reflejan agresividad y temeridad que generalmente son manipulados o magnificados en las campañas subversivas, a través de las redes sociales digitales.

El Comandante en Jefe nos demostró el alcance y el significado estratégico de sembrar valores para inmunizar a las nuevas generaciones ante los desafíos de la globalización neoliberal, la colonización cultural y la guerra económica, comercial, financiera y mediática. Alertó que educar es «sembrar valores, ética e ideales revolucionarios», y «la educación es el arma más poderosa que tiene el hombre para crear una responsabilidad, una ética, un sentido del deber, de la disciplina, de la solidaridad», «sin educación no hay revolución», señaló, y «la Revolución solo puede ser hija de la cultura y de las ideas».

Ser consecuentes con su legado significa apostar por la formación integral de valores en niños, adolescentes y jóvenes, lo que requiere de especial atención por los organismos formadores, de los factores comunitarios, de la sociedad en general y mayor exigencia sobre la responsabilidad de las familias, así como corregir las insuficiencias y desviaciones de estos procesos.

Asimismo, se impone la necesidad de realizar análisis profundos, objetivos y proponer soluciones concretas, integrales, sistemáticas y enérgicas en los consejos de la Administración municipales, para prevenir y enfrentar el delito, la corrupción, las indisciplinas sociales, las ilegalidades, y hallar soluciones –sin dilación– a las personas desvinculadas del estudio y el trabajo.

Las acciones comunicacionales en los ámbitos mediático, organizacional y comunitario deben contribuir más eficazmente a la labor preventiva-profiláctica, fomentar una cultura de respeto a la ley y a la convivencia social y de rechazo a las conductas transgresoras, sin sensacionalismos ni superficialidades.

Como se ha ratificado en los principales análisis realizados por el Buró Político, el Secretariado del Comité Central del Partido, el Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional del Poder Popular, las visitas de control a los territorios y otros eventos de dirección, debe profundizarse y hacerse más efectivo el trabajo de prevención y enfrentamiento de las instituciones administrativas, eliminar las fisuras en el ambiente de control, identificar a tiempo y combatir sin paños tibios los riesgos y debilidades en el control de los recursos.

Los tiempos reclaman ejemplaridad y actuación ética de los directivos, funcionarios y demás trabajadores; exigencia, responsabilidad y rigor de las administraciones en el control y protección de los recursos; actuar con mano dura en la aplicación de medidas a los responsables directos y colaterales de los problemas detectados o conocidos. Se requiere integralidad y coordinación de las acciones de prevención y atención social en las comunidades; elevar la vigilancia y combatividad revolucionarias y el control popular.

El Partido ha considerado impostergable el perfeccionamiento y fortalecimiento, a corto plazo, de los mecanismos de fiscalización e inspección estatales, para hacerlos corresponder con los profundos cambios derivados de la diversificación de los actores económicos y las complejidades de la situación actual del país. Nos ha llamado a un enfrentamiento efectivo a los precios abusivos y es­peculativos de bienes y servicios. Todo ello, sin duda, contribuirá a la prevención y a mantener un clima de orden, legalidad y gobernabilidad, que complementen las acciones de carácter penal.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nos ha convocado a «desarrollar un enfrentamiento contra ilegales, pillos, lumpen, vagos y corruptos, a favor de nuestro pueblo y en función de la tranquilidad y el desarrollo honesto de nuestra sociedad».

El llamado es a la unidad, la cohesión y la firmeza revolucionaria en defensa del bienestar social y de las conquistas sagradas del pueblo, como la seguridad y la tranquilidad ciudadana, consolidadas y preservadas a lo largo de 65 años, pese a las agresiones permanentes, al bloqueo genocida y a las guerras de todo tipo de los gobiernos de Estados Unidos para tratar de desestabilizar, asfixiar y derrocar la Revolución.

El informe que se debatirá en el VIII Pleno del Comité Central del Partido concluye, precisamente, con el pensamiento estratégico del Comandante en Jefe, cuando el 5 de enero de 1999, en el aniversario 40 de la Policía Nacional Revolucionaria, afirmó:

Hoy, sin abandonar las demás tareas, sin abandonar absolutamente una sola tarea revolucionaria, incluida la defensa de la patria con las armas en la mano si llegara el momento, está la tarea fundamental, de enorme trascendencia económica y política, de combatir y de vencer al delito.  Vencer al delito no significa el sueño de que el delito desaparezca de la faz de nuestra sociedad, sino reducirlo a aquella mínima expresión que resulte incapaz de golpear económicamente, de manera grave, y políticamente, también de manera grave, a la Revolución.

(Fuente: Granma)

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Reconocidos periodistas cubanos como José Alejandro Rodríguez, Ricardo Ronquillo, Francisco Rodríguez y Gabino Manguela analizan durante 20 minutos que dura el segmento radial trasmitido los viernes en Haciendo Radio, causas y consecuencias de esas manifestaciones sociales que, en ocasiones, se enraízan en determinadas capas de la sociedad sin una acción consecuente para detenerlas o violando normas aprobadas en el país.

Escuche aquí el programa completo:

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Al encabezar el análisis de diputados cubanos sobre el cumplimiento del Acuerdo X-22, que aprobó el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y la de Defensa Nacional y Orden Interior en la pasada Sesión Ordinaria de la X Legislatura, destacó cómo constituye una herramienta para el trabajo diario en todos los revolucionarios que ocupan responsabilidades en el país, ante un tema trascendental como la prevención y enfrentamiento al delito e ilegalidades en la nación.

Reflexionó con profundidad sobre el control administrativo, el papel de los gobiernos locales en la verificación de los recursos, la implicación consciente ante muestras de indisciplinas sociales y el rigor y exigencia a todos los niveles.

Aún sin alcanzarse los resultados que se necesitan -aseveró en el debate el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del legislativo, José Luis Toledo Santander-, el Acuerdo X-22 del Parlamento, contribuyó a ganar efectividad en la prevención y el enfrentamiento al delito, la eliminación de cualquier rasgo de impunidad, el logro de un clima de orden y disciplina en la sociedad y la garantía de la tranquilidad y seguridad ciudadanas.

Agregó en este punto Darío Delgado Cura, funcionario del Consejo de Ministros, que durante este periodo y en diversos eventos, con las estructuras del Ministerio del Interior, la Fiscalía y los Tribunales de Justicia, «se ha contado con la presencia de diputados de la ANPP, que con sus intervenciones han influido y respaldado  la aplicación con rigor de la política penal y penitenciaria», según lo dispuesto en las leyes, sumado a un enfrentamiento enérgico a los que vulneran el orden legal y atentan contra la seguridad e integridad de las personas, la propiedad y cualquier manifestación de corrupción.

Detalló en su exposición cómo en el sistema de trabajo del Gobierno para el 2023 y el previsto para el 2024, «se incluyó con una mirada diferenciada la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales por los organismos, entidades nacionales, provinciales y consejos de la administración municipales, lo que está organizado desde la nación hasta los territorios».

A los diputados cubanos, refirió que como parte de la implementación de las proyecciones de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en 2024 se aprobó el Objetivo no. 8, con una actualización de las Directivas Generales para prevenir y enfrentar el delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales y presentarlas al Consejo de Ministros para su aprobación.

Por su parte, al intervenir Julio César García Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido, manifestó que el enfrentamiento al delito permanece como la máxima prioridad del Partido y Gobierno en Cuba.

Como resultado del enfrentamiento y de las acciones de control de la Fiscalía, la Contraloría, el Ministerio del Interior y las propias realizadas por las entidades, aunque se aprecian algunos avances, se reiteran problemas relacionados con el control interno, importantes afectaciones económicas, la falta de exigencia, negligencia, de ética y combatividad de algunos cuadros y la no erradicación de las causas y condiciones que los favorecen.

Valiosas reflexiones sobre cuánto se ha hecho ante tan compleja problemática, que demanda un intenso trabajo político-ideológico, una integralidad y actuar cohesionado de todos los cuerpos inspectivos en la Mayor de las Antillas, proporcionaron de igual manera en el intercambio, autoridades de la Policía Nacional Revolucionaria, la Contraloría, el Ministerio del Interior, Fiscalía, el Tribunal Supremo Popular y el Ministerio de Justicia, en voz de sus principales representantes.

«El camino, para en el mediano plazo y gradualmente, contener y reducir el delito requiere de una unidad y esfuerzo comprometido de todos los cubanos», afirmó el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, a la vez que precisó la urgencia de un actuar cohesionado, en un asunto estratégico y de alta prioridad para la nación.

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