La nueva normativa, anunciada el viernes por las autoridades migratorias, establece que los solicitantes deberán regresar a sus países de origen para gestionar la visa de residencia. Este giro en la política migratoria afectará a una amplia franja de inmigrantes legales, obligándolos a abandonar el país, separarse de sus familias, dejar sus empleos y desestabilizar comunidades enteras. El proceso de obtención de la mencionada tarjeta ya es conocido por su complejidad y puede extenderse durante meses o incluso años.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración aclaró que habrá excepciones en casos de “circunstancias extraordinarias”, según explicó su portavoz Zach Kahler. “Cuando los extranjeros solicitan desde su país, se reduce la necesidad de localizar y expulsar a quienes deciden quedarse ilegalmente tras serles denegada la residencia”, añadió.

En el año fiscal 2024, alrededor de 1,4 millones de personas obtuvieron la residencia permanente, según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. La nueva regla, sin embargo, ya enfrenta fuertes críticas y posibles demandas judiciales. Legisladores, abogados y defensores de inmigrantes han calificado la medida de cruel y contraproducente. La congresista Delia C. Ramírez pidió incluso desmantelar el DHS “pieza por pieza”, mientras que Greg Stanton advirtió que expulsar a solicitantes antes de completar el proceso privará al país de innovación, impuestos y aportes económicos.

David J. Bier, del Cato Institute, tachó la política de “ilógica”, señalando que podría empujar a profesionales talentosos hacia otros países y restar competitividad a Estados Unidos.

Aunque la administración Trump ha priorizado la lucha contra la inmigración ilegal, esta disposición se suma a otras acciones que también restringen vías legales: reducción de solicitudes de asilo, eliminación del estatus de protección temporal para varios países, suspensión de la admisión de refugiados salvo sudafricanos blancos, y limitaciones en visas de trabajo y estudio.

Tras el tiroteo del año pasado en Washington, donde murieron dos soldados de la Guardia Nacional, el Gobierno anunció además una revisión de las “green cards” otorgadas a ciudadanos de 19 países considerados “de preocupación”. No obstante, el atacante era un solicitante de asilo afgano, un proceso distinto al de la residencia permanente, iniciado en 2021 y aprobado en 2025.

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