Las autoridades se basaron en declaraciones públicas del exmandatario derechista (2019-2022), en las que hizo referencia a un grupo de adolescentes venezolanas, de entre 14 y 15 años, mostrando atracción hacia ellas y sugiriendo una visita a su domicilio.

Durante un evento en 2022, Bolsonaro expresó que «detuve la moto en una esquina, me quité el casco y miré a unas niñas, tres, cuatro, bonitas, de 14, 15 años, arregladitas un sábado en una comunidad. Vi que eran bien parecidas. Pinto un clima, volví. ‘¿Puedo entrar en su casa?’, entré».

Estas palabras, consideradas por la Fiscalía como una normalización del abuso infantil, marcaron el inicio de un proceso judicial que coincidió con la campaña presidencial del mismo año.

La jueza encargada del caso, Leonor Aguena, determinó que dichas expresiones excedieron los límites de la libertad de expresión, calificándolas de inadmisibles por venir de una figura pública que debería actuar con responsabilidad.

Aunque inicialmente el juez civil de primera instancia, Evandro Neiva de Amorim, desestimó los cargos y rechazó la solicitud de indemnización, la Fiscalía presentó una apelación.

Posteriormente, los magistrados de la Quinta Sala Civil concluyeron que sí se había causado un daño colectivo. Como resultado, la sentencia incluye el pago de una indemnización de 27.000 dólares al Fondo de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, destinado a financiar programas sociales para el bienestar de menores en situación de vulnerabilidad.

(Fuente: teleSUR)

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El caso, actualmente en discusión en la Sala Primera del STF, involucra a altos funcionarios del gobierno anterior pues, además de Bolsonaro, están implicados sus exministros Augusto Heleno (Gabinete de Seguridad Institucional), Walter Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira (Defensa), Anderson Torres (Justicia) y el exasesor Mauro Cid, quien fue ayudante de órdenes del expresidente y están acusados de delitos como rebelión, intento de golpe de Estado y atentado contra el orden constitucional.

Según el fiscal general Paulo Gonet, la acusación se basa en pruebas como manuscritos, archivos digitales, hojas de cálculo y mensajes intercambiados, que demostrarían que Bolsonaro encabezó una organización criminal con el objetivo de alterar los resultados electorales.

Durante la audiencia, Gonet señaló que la presunta conspiración buscaba mantener a Jair Bolsonaro en el poder mediante una serie de acciones coordinadas, incluyendo el uso de la fuerza o amenazas, para evitar la transferencia de mando.

En paralelo, la denuncia conecta esta supuesta planificación con los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando una semana después de la investidura de Lula, miles de simpatizantes bolsonaristas invadieron violentamente las sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto en Brasilia.

El ex presidente, fue el único de los ocho acusados que asistió personalmente a la primera jornada del juicio, celebrada el martes en la sede del Supremo en Brasilia.

En la sesión, los jueces rechazaron dos recursos interpuestos por la defensa bolsonarista. El primero solicitaba la anulación del acuerdo de colaboración firmado por Mauro Cid con el Ministerio Público.

El segundo recurso pedía que el juicio se realizara en el pleno del STF y no en una de sus salas, argumentando que los hechos imputados ocurrieron durante el ejercicio de funciones de altos cargos del Estado. La solicitud también fue denegada por la mayoría de los magistrados de la Sala Primera.

Además, el tribunal rechazó otro pedido previo de la defensa para apartar a tres de los jueces que participan en el juicio: Alexandre de Moraes, Flávio Dino, y Cristiano Zanin.

La Sala Primera del STF, que decidirá si convierte a Bolsonaro y a los otros implicados en acusados formales, está compuesta por cinco magistrados. Si el proceso avanza, los investigados pasarán a ser juzgados por el alto tribunal.

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Según RFI, se trata de la cuarta operación de Policía Federal (PF) sobre este caso, con 5 mandatos de prisión preventiva y 7 órdenes de allanamiento, que incluyó el arresto de policías de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y de influencers digitales.

Entre las personalidades de primera línea que fueron vigiladas por la administración bolsonarista están el poderoso presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, y su antecesor, Rodrigo Maia, confirma un informe de la investigación difundido por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) -máxima corte- Alexandre de Moraes, a cargo del caso.

El propio Moraes, frecuente objeto de la ira de Bolsonaro por haber ordenado varias investigaciones contra él y su entorno, es citado en el documento como una de las figuras espiadas, así como otros tres jueces del STF, incluyendo su actual presidente, Luis Roberto Barroso.

También se menciona al exgobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria, y periodistas renombradas como Mónica Bergamo, del diario Folha de S. Paulo, o Vera Magalhães, del diario O Globo y a quien Bolsonaro llamó «una vergüenza para el periodismo brasileño» durante un debate electoral en 2022.

«El espionaje utilizando el aparato del Estado contra personas consideradas como adversarios del expresidente es un comportamiento de un gobierno totalitario y criminal”, expresó Maia, quien presidió la Cámara de Diputados de 2016 a 2021.

La Policía Federal lanzó la nueva operación el jueves, la cuarta en el marco de este caso, cumpliendo en cinco estados brasileños, incluida la capital Brasilia.

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Vuelve con la aspiración de encabezar la derecha brasileña.

La policía lo citó para que el próximo miércoles 5 declare sobre unas joyas regaladas por la familia real saudí que se llevó a su casa de manera irregular. Por vez primer, en tres décadas de carrera política, no tiene inmunidad.

Bolsonaro viajó a Estados Unidos el pasado 30 de diciembre y no participó en la solemne ceremonia de entrega del poder a su sucesor Lula da Silva. Una semana más tarde de la toma de posesión del líder de la izquierda como presidente, un grupo de bolsonaristas protagonizó el ataque más violento sufrido por la democracia en el gigante sudamericano durante décadas con el asalto a las sedes del Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo. En tal sentido, Bolsonaro ha sido investigado por los tribunales y la policía, tras ser acusado por haber alentado el asalto.

El expresidente tiene previsto ir hasta la sede del Partido Liberal para encontrarse con su esposa, y con parlamentarios afines.

Bolsonaro anunció hace una semana que regresaba definitivamente, cuando Lula está a punto de cumplir los primeros tres meses de su mandato.

El asalto de enero

Miles de radicales seguidores de Bolsonaro, asaltaron el domingo 8 de enero las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo, en Brasilia. También exigieron una intervención militar.

Los manifestantes golpistas llegaron al corazón del poder en la capital de Brasil desde el Cuartel General del Ejército, ubicado a nueve kilómetros en línea recta, donde estaban acampados desde que Bolsonaro perdió las elecciones.

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El texto se halló mientras los agentes realizaban registros en la casa del exministro de Justicia, Anderson Torres, según la actual portavoz del Ministerio de Justicia, Lorena Ribeiro.

Torres fue ministro de Justicia del ultraderechista expresidente Jair Bolsonaro hasta el 31 de diciembre de 2022.

El documento mencionaba la instalación de un estado de emergencia en el Tribunal Superior Electoral (TSE) mientras Bolsonaro aún era presidente, para anular la victoria electoral del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En un estado de emergencia, el presidente puede interferir en otras áreas gubernamentales para asegurar el orden público.

La Policía Federal, según la vocera del Ministerio de Justicia, descubrió el documento mientras ejecutada una orden de allanamiento y captura en la casa de Torres este martes. El borrador no había sido firmado por Bolsonaro.

Después de dejar el Gobierno, Torres asumió el cargo de jefe de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, pero fue despedido este domingo después de que los manifestantes rompieron las barreras policiales y entraron a edificios gubernamentales. Coincidentemente había viajado a Orlando, Florida, supuestamente de vacaciones, solo unos días antes de los disturbios y estuvo allí mientras se desarrollaban los acontecimientos.

Los documentos fueron reportados por primera vez por el periódico brasileño Folha de S. Paulo este jueves. Aproximadamente una hora después, la portavoz del Ministerio de Justicia, Ribeiro, confirmó a CNN que se habían encontrado los documentos.

Por su parte, el ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, dijo a la citada cadena televisiva estadounidense que era “espantoso”.

“No tuve acceso al documento y según versiones de prensa era un decreto de golpe de Estado que enfatiza lo que vimos el 8 de enero, que no fue un caso aislado, fue un elemento de una cadena, un eslabón de una cadena golpista en Brasil que tuvo actos preparatorios y sorprendentes, como un decreto de intervención militar en el Tribunal Electoral, que es inconstitucional”, enfatizó el funcionario.

También criticó a Torres por guardar el documento en su casa. “Un agente público, al enterarse de un delito, no debe tener ese documento en su casa. Es algo que realmente muestra la voluntad de cerrar la Corte Suprema, el Congreso, de impedir la libertad del pueblo brasileño para elegir a sus gobernantes. Y todos los intentos fracasaron, incluido el del 8 de enero».

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“Estados Unidos debe dejar de conceder refugio a Bolsonaro en Florida”, dijo la representante Alexandria Ocasio-Cortez, en un mensaje en el que expresó su solidaridad con el presidente Lula da Silva y calificó a los atacantes como parte de “movimientos fascistas”.

También Joaquin Castro,  escribió: “No se le debe dar refugio a Bolsonaro en Florida, donde se ha estado escondiendo de la responsabilidad de sus crímenes”.

Según el sitio Bloomberg,  Anna Eskamani, diputada por el estado de Florida, cuestionó directamente al gobernador republicano Ron DeSantis, quien no condenó el ataque al Congreso estadounidense: “¿Por qué le estás dando refugio a Jair Bolsonaro en Florida? ¿Es porque apoyas los regímenes fascistas de extrema derecha que invaden capitolios?”.

Bolsonaro en Florida

El expresidente brasileño viajó a Florida a fines de diciembre antes de terminar su mandato en Brasil, y con ello rompió la tradición de pasar la banda presidencial a Lula da Silva el 1 de enero. Desde ese entonces se instaló en Orlando sin agenda pública conocida.

Durante la jornada anterior,  el presidente estadounidense, Joe Biden, comentó sobre lo sucedido. “Condeno el asalto a la democracia y a la transferencia de poder pacífica en Brasil”, indicó el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter.

Radicales bolsonaristas mantienen algunas vías bloqueadas

Algunas vías y carreteras del gigante sudamericano amanecieron bloqueadas.

Según el último boletín de la Policía de Carreteras, el tránsito ya fue liberado en varias vías pero permanecen obstruidas dos en el municipio de Novo Progreso, en el estado amazónico de Pará (norte), y otra en Matupá, ciudad del estado de Mato Grosso (centro).

Desde la noche del domingo, seguidores los bolsonaristas mantienen bloqueadas carreteras en los estados de Paraná, Mato Grosso, Sao Paulo, Pará, Minas Gerais, Santa Catarina.

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