Lilia María Hernández Doejo, presidenta de la Junta Directiva Nacional de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos resalta que «con disposiciones normativas como la Del ejercicio de la abogacía y la organización nacional de bufetes colectivos, aprobada recientemente en el Parlamento, se perfecciona el quehacer en todo el país».

Al respecto considera que «en un escenario complejo de nuevas transformaciones legislativas, nuestros profesionales han garantizado en las condiciones más difíciles, el derecho a la defensa como postulado de la Constitución de la República».

Así enfatizó Hernández Doejo, en ocasión de conmemorar este 22 de enero el aniversario 60 de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, con la motivación especial de contar con una Ley que permita alcanzar un ejercicio más eficiente de la profesión.

Agrega que con el compromiso y el reto de respaldar jurídicamente su ámbito de actuación, tras la aprobación en la pasada sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la Ley «Del ejercicio de la abogacía y la organización nacional de bufetes colectivos» que contribuye sin dudas, a la materialización del derecho a la defensa de las personas con mayor garantía, arriban a su aniversario 60 los Bufetes colectivos en Cuba.

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La Gaceta Oficial de la República en su edición Ordinaria No.57 publicó el 27 de junio la Resolución 209 de 2024 de Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) que regula las relaciones comerciales entre los actores económicos del país, y precisa que la adquisición de bienes y servicios tiene una tasa de utilidad máxima del 30 por ciento sobre el total de los costos y gastos.

Agrega la norma que la cuantía corresponderá con la aplicación de los impuestos sobre las ventas y los servicios.

También especifica que los consejos provinciales y los consejos de la Administración municipales, están facultados para aprobar los precios y tarifas máximas de los bienes y servicios que seleccionen, de entre aquellos que adquieren las entidades estatales provenientes del sector no estatal teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

Por otra parte, este día también entrará en vigor la extensión de los beneficios arancelarios a las importaciones sin carácter comercial que realizan las personas naturales de alimentos, aseo, medicamentos, insumos médicos y plantas eléctricas.

La medida da extiende la aplicación de una resolución con similares propósitos, emitida en marzo de 2024 por el MFP, cuyo período de vigencia concluía el 30 de junio y ahora se extiende hasta el 30 de septiembre de 2024.

Esa decisión se corresponde con la persistencia de limitaciones internas en las ofertas de alimentos y otros productos, debido fundamentalmente al impacto del bloqueo del Gobierno de Estados Unidos y la crisis económica internacional.

(Fuente: Prensa Latina)

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«Hoy la ONBC cuenta con un total de 3647 trabajadores, de ellos más de 2 mil abogados», explicó Mercedes Díaz Velázquez, Directora Nacional de Cuadros y Recursos Humanos, en un intercambio con la prensa.

Al intervenir, precisó las prioridades de trabajo en el año que cumplen su aniversario 59, dirigidas al perfeccionamiento de los servicios y a elevar la calidad y confianza de la población.

Elizabeth Moya Linares Directora Técnica Nacional de la Junta Directiva, subrayó cómo desde la entrada en vigor del Código de las Familias, la Organización trabaja para lograr su adecuada implementación y dominio por parte de los abogados en materias civil y familiar.

«Este 22 de enero, con homenajes a trabajadores destacados, entrega de distinciones y matutinos especiales en las provincias, inicia además la campaña por las 6 décadas de creada la Organización Nacional de Bufetes Colectivos», aseguró Ileana Sandoval Roldan Secretaria de la Junta Directiva Nacional.

«Motivaciones para este 2024, unido a la superación profesional de los abogados y técnicos, indispensable para la prestación del servicio, así como las acciones de capacitación en los diversos temas vinculados a los nuevos cambios legislativos y a las propias necesidades de la Organización», concluyó.

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Tras la exposición realizada por Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular; se adoptó el decreto ley «Reglamento de la Ley de Ejecución Penal», disposición normativa que tiene como objeto implementar las disposiciones de dicha ley, en el curso del proceso de ejecución de sanciones penales, medidas de seguridad postdelictivas terapéuticas, cautelar de prisión provisional y sobreseimiento condicionado, en lo relacionado con el modo y tiempo de actuación de los sujetos implicados.

Las diferentes versiones del proyecto analizado fueron sometidas a un extenso proceso de consulta, en el que se recibieron diversas propuestas por magistrados y jueces, los fiscales encargados del control de la legalidad en esta materia, de directivos y funcionarios de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios y de la Policía Nacional Revolucionaria del Ministerio del Interior, además de los expertos y especialistas de otras materias afines, precisó Remigio Ferro.

Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, presentó el proyecto de decreto ley «Del Régimen Especial de Seguridad Social de los Ciudadanos Cubanos Designados como Representantes de las Representaciones Comerciales Extranjeras en la República de Cuba».

La disposición normativa aprobada por el Consejo de Estado establece un régimen especial de seguridad social dirigido a la protección de esos ciudadanos, con excepción de los que son sujetos del régimen general de seguridad social.

En la sesión los miembros de este órgano examinaron, además, el cumplimiento del plan de medidas derivado de la rendición de cuenta del Gobierno Provincial de Granma a la Asamblea Nacional del Poder Popular, efectuada en el mes de julio de 2022.

En ello la gobernadora de esa oriental provincia, Yanetsy Terry Gutiérrez, resaltó que, teniendo en cuenta las nueve recomendaciones realizadas tras la rendición de cuenta y el dictamen presentado por la Comisión de Órganos Locales, se elaboró un plan de medidas aprobado por el Consejo Provincial en septiembre de 2022, que a su vez fue implementado por los consejos de administración.

Al plan de medidas se le da seguimiento, por la relevancia del acto del cual se derivó, que representa para la provincia un alto compromiso y por formar parte de la cotidianidad de los procesos administrativos en función del desarrollo y la calidad de vida de la población», destacó.

A su vez, el Consejo de Estado evaluó la propuesta de acuerdo de la Asamblea Nacional del Poder Popular que regula el procedimiento para la realización de preguntas por los diputados en las sesiones del Parlamento cubano.

La necesidad de garantizar a los diputados el ejercicio pleno de ese derecho aconseja articular otros mecanismos, que les faciliten, previo a la realización de las sesiones, elaborar las preguntas que desean formular al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros o a los miembros de uno y otro, o sobre alguno de los restantes temas que se van a debatir; y estas les sean respondidas con la calidad que corresponde, explicó Homero Acosta Álvarez, secretario del legislativo cubano.

Al respecto, subrayó que los parlamentarios pueden hacer llegar a la Secretaría de la Asamblea Nacional, a través de los departamentos independientes de ésta con sede en las provincias, las interrogantes que desean formular, con el tiempo suficiente y en correspondencia con nuestro diseño constitucional y con las regulaciones vigentes.

Aclaró que este procedimiento no limita el derecho a los diputados de hacer otras preguntas en el plenario.

Los integrantes de este órgano analizaron también el proyecto de ley del Código Penal Militar, previo a su presentación y discusión por los diputados en el Primer Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular convocado a partir de este 20 de julio en el Palacio de Convenciones de La Habana.

También el Consejo de Estado acordó convocar al proceso de elecciones de los jueces legos del Tribunal Supremo Popular por la Asamblea Nacional del Poder Popular y del resto de los tribunales de Justicia por las asambleas municipales del Poder Popular, que se desarrollará entre el  primero de agosto de 2023 y el 28 de febrero de 2024, de acuerdo a lo establecido en la ley.

Como últimos puntos de la agenda, fueron aprobados los nuevos cambios en el Reglamento de Funcionamiento de las Oficinas Auxiliares de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, y el Plan de Temas de las reuniones del Consejo de Estado para el segundo semestre del año.

(Fuente: ACN)

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