La Ley introduce un marco integral que redefine el tratamiento de las contravenciones, conceptualiza esa figura, excluyendo delitos y otras infracciones derivadas de contratos, licencias, permisos o convenios internacionales; así como  la diversidad de sanciones administrativas, que incluyen multas, decomisos y medidas correctivas. 

Igualmente estipula  un sistema de multas por cuotas, con rangos mínimos y máximos ajustados a la gravedad de la infracción; delimita la responsabilidad contravencional aplicable tanto a personas naturales como jurídicas y aclara quienes son las autoridades con potestad sancionadora y mecanismos de control y seguimiento de las sanciones impuestas. 

Asimismo recoge en su texto la posibilidad de la cancelación de oficio de antecedentes contravencionales y  el derecho de los infractores a conocer la información sobre sus registros vigentes, además de destacar el rol de asesoramiento metodológico del Ministerio de Justicia (Minjus) y las facultades al Consejo de Ministros para aprobar regímenes contravencionales y dictar disposiciones complementarias. 

Como parte del proceso de divulgación de la importante normativa el Ministerio de Justicia, a través del programa Haciendo Radio de la emisora Radio Rebelde, dedicó un grupo de espacios a explicarle a la población el alcance de la Ley, su impacto para la sociedad y las interioridades más importantes.

Al respecto durante su participación en uno de los programas el director de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, Luis Perdomo Roque,  definió que Contravención  es toda acción u omisión de una persona, natural o jurídica, definida en las disposiciones legales como vulneradora del ordenamiento jurídico, de carácter personal y exigible a las personas naturales y jurídicas.

 La sanción, prevista a través de la imposición de una sanción administrativa no constitutiva de delito, dijo, es aplicable, en el caso de las personas naturales, a partir de los 16 años de edad cumplidos; y en el caso de  las personas jurídicas cuando los hechos se originen por decisión de sus órganos de dirección o por acción u omisión de sus directivos, funcionarios, empleados o personal a su servicio, en el ámbito de sus funciones propias.

 La Ley 177, en su régimen de sanciones, expuso el directivo,  estipula multas; suspensión o revocación de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones, u otro título habilitante; clausura de establecimientos, locales o instalaciones; paralización de la actividad; y  comiso de los instrumentos, productos o beneficios directamente relacionados con la contravención.

Como quiera que la imposición de la multa ha sido hasta el momento la medida aplicable más habitual, subrayó, sería bueno explicar algunos de los cambios introducidos en la normativa, como el de imponer un sistema de cuotas definidos en cuatro grupos de clasificación de conductas con rangos que oscilan desde 20 hasta 200 de esas con la posibilidad de que cada una de ellas, en correspondencia con la gravedad del caso, se multiplique por valores de entre 10 y 200 pesos.

 Según Perdomo Roque la Ley prevé los incrementos en la multa a partir del beneficio económico obtenido,  así como a los infractores reincidentes, y  disminuciones por la subsanación voluntaria de los efectos de la infracción.

No obstante, aseguró, para  las personas jurídicas  la norma dispone la multiplicación por cinco veces su valor.  

Sin embargo, aclaró, quienes abonen el pago dentro de los 5 días hábiles siguientes a la imposición, se les aplicará una disminución automática del 50 % del valor; pero si el infractor agota el plazo de los 30 días posteriores a su imposición sin haber honrado la deuda esta duplicará su valor y de mantener esa conducta por un tiempo similar se le aplicará la Vía de Apremio.

Agotados los trámites administrativos, subrayó el directivo, sin que se logre que el infractor cumpla con sus obligaciones, deberá responder por el delito de  Incumplimientos de las Obligaciones Derivadas de Contravenciones, refrendado en nuestro novedoso Código Penal.

La Ley 177/2025 Del Régimen General de Contravenciones y Sanciones Administrativas, fue aprobada en el pasado mes de julio por la Asamblea Nacional del Poder Popular la cual, en sesión plenaria y con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, subrayó la necesidad de contar con un instrumento que armonice la prevención y el castigo de las conductas ilícitas menores en consonancia con el proceso de actualización del ordenamiento jurídico cubano.

Su entrada en vigor dota a las autoridades administrativas de herramientas claras y proporcionales para sancionar conductas que, sin constituir delitos, afectan el orden social, económico, la convivencia y la tranquilidad ciudadana, para lo cual establece un sistema integral de contravenciones, concebido para garantizar la disciplina social y la protección de bienes públicos y privados.

Entre sus principales disposiciones refrenda la clasificación de contravenciones, definiéndolas en categorías según la gravedad y el ámbito dígase orden público, transporte, comercio, medio ambiente e incluye una escala de sanciones que prevén multas, decomisos, suspensión de licencias y medidas correctivas, con criterios de proporcionalidad y gradualidad. 

Igualmente refuerza las garantías de defensa, el derecho a recurrir y la transparencia en la actuación de las autoridades; así como enfatiza en la necesidad de desarrollar campañas educativas y acciones comunitarias para reducir la incidencia de infracciones.

Su promulgación responde a la necesidad de modernizar el régimen contravencional, armonizándolo con la Constitución del año 2019 y con las políticas de ordenamiento jurídico aprobadas en los últimos años. Su aplicación efectiva permitirá un mayor control social, la reducción de prácticas ilícitas menores y la consolidación de una cultura de respeto a la legalidad.

 La entrada en vigor de esta Ley 177 noventa días después de su publicación deroga la Resolución 9, de 7 de enero de 2010 y actualiza la Resolución 218, de 12 de septiembre de 2007, ambas dictadas por la ministra de Finanzas y Precios.

Fuente: Ministerio de Justicia

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El calendario, de acuerdo a la titular, estuvo marcado por el refuerzo de la capacitación, los procesos de digitalización, procesos jurídicos relacionados con el uso de la inteligencia artificial, y coronado con el proceso de la más alta fiscalización de la Asamblea Nacional, a lo que se sumó la digitalización de todos los tomos del Registro Civil, lo que marca un hito de cara a los procesos de transformación digital.

Asimismo, se aprobó por primera vez en la Asamblea Nacional una política para el fortalecimiento del control de las leyes y disposiciones jurídicas y el fortalecimiento del asesoramiento jurídico, además de la aprobación de la ley de los Registros Civiles y la entrada en vigor de la ley del Notariado.

Gamón Verde destacó el vínculo del ministerio de Justicia con los medios de comunicación, los cuales han colaborado de forma decisiva a la interacción con el pueblo y a la cultura jurídica de la población.

La ministra de Justicia expresó que, si bien la intensa agenda legislativa marcó un hito en el accionar de la cartera, tienen el reto de continuar con el cumplimiento del cronograma legislativo, en el que quedan una gran cantidad de normas de rango superior por aprobar, entre ellas leyes y decretos leyes donde el ministerio de Justicia juega la función coordinadora.

Por lo tanto, llamó a “continuar con los procesos de transformación digital con la inteligencia artificial, siempre pensando de cara a nuestro pueblo y en cómo esto impactaría en un mejor servicio a la población”, el cual definió como “profesional, de calidad, aliviando las trabas, las dificultades con mucha sensibilidad y con mucha ética”.

Más detalles en la propuesta radial:

La entrada Ministerio de Justicia por más logros en el 2026 se publicó primero en Radio Rebelde.

Este acto refleja solidez, transparencia y continuidad, aseguró el Minjus en su perfil en la red social Facebook.

Partimos de lo logrado para proyectar nuevos horizontes de trabajo, la gestión desarrollada se consolida y mejora, refirió el organismo.

Añadió que queda reforzada la hermandad con el nuevo presidente del Tribunal Supremo Popular, Oscar Manuel Silvera Martínez, extitular del Minjus; unidos, Ministerio y Tribunal, avanzaremos por un mismo objetivo: servir a Cuba y a su pueblo, refirió la publicación.

Silvera Martínez entregó el cargo a Gamón Verde tras ser ratificada este 18 de diciembre de 2025 por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.

(FUENTE: Agencia Cubana de Noticias)

La entrada Asumió cargo nueva ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde se publicó primero en Radio Rebelde.

La sede del MINJUS en La Habana, fue el escenario de inicio del proceso de recogida de firmas a favor de la paz y de la soberanía de la patria bolivariana, así como el reconocimiento a la legitimidad del gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro.

La firma estuvo encabezada por el Ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez. Colectivos laborales, planteles estudiantiles y comunidades se sumaron a la acción que tendrá lugar hasta el 30 de septiembre en todo el país.

Al final del proceso, los libros con las firmas serán enviados a la tierra de Bolívar, como muestra de la amistad inquebrantable entre ambos pueblos.

La iniciativa fue anunciada por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central tras su reciente visita a Caracas y encuentro con el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros.

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En conferencia de prensa, el titular destacó que JURISCUBA 2026 estará dedicado al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el marco del Centenario de Fidel, como tributo a su legado jurídico, ético y revolucionario.

El evento reunirá a delegados nacionales y expertos internacionales, incluyendo académicos, investigadores, operadores del derecho y estudiantes universitarios, que participarán en paneles, conferencias magistrales, presentaciones de investigaciones y espacios de debate. JURISCUBA 2026 también será escenario para la firma de acuerdos de colaboración internacional y para el fortalecimiento de alianzas entre instituciones jurídicas de Cuba y otros países.

El ministro de Justicia reafirmó que este encuentro será un espacio para denunciar el ilegal e injusto bloqueo económico financiero y comercial que por más de 60 años mantiene el Gobierno de los Estados Unidos contra la

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Este ejercicio, que refleja transparencia y responsabilidad institucional, es conducido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, con la participación de las comisiones de Atención a los Servicios y de Órganos Locales del Poder Popular.

| Desde la sede del @Minjus_Cuba
desarrollamos el ejercicio de la Más Alta Fiscalización realizada por la @AsambleaCuba

Hoy, protagonizan los intercambios las direcciones de Legislación y de Registros de Personas Naturales.#AltaFiscalizacionMinjus #MinjusConTodos pic.twitter.com/EDXbm13cM0

— Ministerio de Justicia de la República de Cuba (@Minjus_Cuba) September 16, 2025

Según anunció el sitio web del Minjus, en estricto cumplimiento del Acuerdo x-141 de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se examinará el cumplimiento del cronograma legislativo, la vigilancia del acatamiento de las leyes, y la labor de asesoría jurídica a organismos estatales.

También se evaluará el funcionamiento de las direcciones provinciales de Justicia y la calidad de los servicios notariales, registrales, defensoriales, y de asistencia legal a personas naturales y jurídicas.

Se prestará especial atención a la Caja de Resarcimientos y a la atención directa a la población, pilares del sistema de justicia popular.

El Minjus reafirma su vocación de servicio, su apego a la legalidad, y su disposición a ser evaluado por el pueblo, al que rinde cuenta.

Este proceso no es mera formalidad, sino un acto de fortalecimiento institucional, en sintonía con los principios de la democracia participativa.

(Fuente: Granma)

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Rosabel Gamón Verde, viceministra primera de Justicia, señaló en conferencia de prensa que constituye una de las acciones que desarrolla el organismo vinculada a la transformación digital y que posibilitará prestar servicios con mayor agilidad. La Resolución, explicó, entrará en vigor a los 30 días de su publicación.

«Es un cambio cultural en la mentalidad tanto en los operadores del derecho, en la población como en los destinatarios. Cuando se haga uso del documento, en el lugar que usted lo utilice tienen que conocer de la existencia de este documento electrónico y de su validez», señaló. 

Por su parte, Olga Lidia Pérez Díaz, directora General de Notarías y Registros Públicos, apuntó que esta Norma tendrá un impacto sin precedentes en los servicios a la población. Subrayó que los avances en la transformación digital han permitido un escenario favorable para la implementación de la solicitud del documento digital y que el mismo tenga un reconocimiento. 

«En la Norma se aclara que todos estos documentos disponen de un código QR y de un código pin que el receptor del documento puede, cuando lo reciba digitalmente, comprobar la validez y la autenticidad de estos documentos», apuntó. 

Pérez Díaz detalló que esta resolución va a permitir desde su entrada en vigor, hacer uso de los documentos electrónicos. Aclaró que cuando se habla de documento electrónico se refiere a un documento en soporte digital, que contiene una firma electrónica certificada del funcionario que lo expide y que su circulación, para que sea reconocido como electrónico, deberá ser por  la vía digital. » Ya una vez que se imprime deja de ser documento electrónico». 

Mencionó que se podrán solicitar copias de documentos notariales y certificaciones registrales que expiden las oficinas de civil, propiedad, mercantil, registro central de sancionados y registro de acto de última voluntad y de declaratoria de herederos. 

Francisco García Enríquez, coordinador del proceso de Informatización del Ministerio de Justicia, explicó  que es un paso cualitativamente superior pues se da pleno valor y eficacia al documento electrónico. «Las personas van a poder exhibir ante las oficinas públicas un documento autorizado por los notarios o por los registradores y ese documento tiene eficacia legal. La población podrá gestionar sus trámites y servicios con un documento electrónico que puede llevar en el teléfono». 

El documento electrónico evita la presencialidad en las unidades de prestación de servicios al potenciarse la solicitud y recepción en línea. Se aclaró  en el encuentro que esta constituye  otra vía para obtención de documentos, que no sustituye los servicios en los escenarios tradiciones.

Escuche el reporte radial:

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Con el corte de cinta protocolar quedó oficialmente instaurado el organismo encargado de encauzar y recopilar información en función de reforzar la voluntad política del Estado cubano por la vigilancia, la prevención y el enfrentamiento, contemplados en la política de tolerancia cero a las drogas ilícitas y otras sustancias de efectos similares.

En sesión de trabajo previo, dedicada al lanzamiento del OND, Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro cubano de Justicia, destacó que este paso es un reflejo normativo de la alta prioridad que concede el país a la unidad de todos los actores involucrados en el enfrentamiento de las drogas.

Precisó que este hito tiene su principal antecedente en los esfuerzos de la nación caribeña por evitar la proliferación, el tráfico y consumo de sustancias ilegales y por cooperar activamente con los esfuerzos globales por combatir esa problemática.

El titular del Minjus señaló asimismo que la implementación del Observatorio está fundamentada en tres pilares esenciales: descargar de determinadas funciones a la Dirección Nacional de Drogas en cuanto a la supervisión del fenómeno, facilitar el acceso de la ciudadanía a la información y datos de la materia y, como aspecto novedoso, integrará en su funcionamiento la gestión de redes de información, de investigación y de alerta temprana.

 Subrayó que esto se corresponde con la creciente amenaza a nivel internacional debido al aumento de la producción y tráfico de estas sustancias, la posición geográfica de Cuba respecto a grandes rutas de contrabando, la aparición de nuevas formulaciones sintéticas, la delincuencia organizada transnacional y el avance en las técnicas de encubrimiento.

 Pablo Benítez Jiménez-Ugarte, encargado de Política, Prensa e Información de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Cuba, resaltó las potencialidades del Observatorio, alineado con el enfoque de la evidencia científica y el procesamiento de la información en el centro del diseño de políticas públicas para el enfrentamiento, y como este contribuirá a reforzar la seguridad colectiva y la salud pública.

 Apuntó que las características y tendencias actuales requieren una cooperación internacional sistemática para beneficio de todos, y este constituye un logro de Cuba con proyección internacional, fruto de la disposición de apertura y cooperación para reducir el impacto de estas problemáticas.

 De igual manera, reiteró el compromiso del bloque europeo de facilitar la integración, impulsar la capacitación en la materia, potenciar la investigación y la posición de aliada de la UE en todos los esfuerzos que se realicen en ese sentido.

 A la inauguración asistieron además representantes de los ministerios del Interior, de Salud Pública, de la Dirección Nacional de Drogas, de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas y del Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en materia de políticas de lucha contra la droga, entre otros.

 Cuba es signataria de las tres Convenciones de Naciones Unidas referidas a ese tema y sostiene acuerdos gubernamentales de colaboración con más de 45 países, así como convenios de asistencia jurídica, civil y penal con más de medio centenar de países.

 El OND está diseñado sobre la base de la interconectividad de todos los actores sociales e institucionales competentes en el abordaje integral del problema de las drogas en el país, así como el fomento de coordinaciones con otras instituciones internacionales en el intercambio de buenas prácticas y el fortalecimiento de las capacidades operativas.

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El titular visitó el Registro Civil de La Fe, poblado de segunda importancia en el Municipio Especial, donde verificó los trámites y la atención a la población. En la ciudad de Nueva Gerona, durante su visita a la Dirección Municipal de Justicia, Silvera Martínez, analizó detalladamente la gestión del Departamento de Asociaciones.

En la Unidad de Servicios (Registro Civil, de la Propiedad y Mercantil) el Ministro de Justicia intercambió con los notarios, ocasión donde detallaron la nueva Ley del Notariado y la mejora en la prestación de servicios.

En la Consultoría Jurídica, el titular analizó los pasos para fortalecer el asesoramiento legal, con énfasis en las mipymes y la actualización de cooperativas.

En su recorrido el titular de Justicia pudo apreciar el buen ambiente laboral y compromiso del equipo y mejoras en infraestructura y organización.

Como cierre de su visita al territorio pinero, Oscar Manuel Silvera Martínez, visitó el Museo del Presidio Modelo, incluyendo la celda donde estuvo recluido el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, tras los sucesos del Moncada.

La entrada Evalúa Ministro de Justicia funcionamiento de los servicios jurídicos en Isla de la Juventud se publicó primero en Radio Rebelde.

Por videoconferencia desde el Capitolio Nacional, el ministro de Justicia Oscar Manuel Silvera Martínez resaltó que se incorporan en los principios normativos fundamentales del derecho administrativo sancionador, tales como legalidad, proporcionalidad, tipicidad, finalidad educativa y preventiva, entre otros.

El proyecto de ley «Del Régimen General de Contravenciones y Sanciones Administrativas» -explicó- define como contravenciones aquellas conductas expresamente descritas que no constituyen delito, pero que afectan o pongan en peligro la vida social, el orden público y el bienestar general, así como otras que impactan ámbitos más especializados del actuar administrativo.

En el debate, moderado por el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, José Luis Toledo Santander, trascendió que se propone unificar en una norma con rango de ley, las conductas que constituyen contravenciones contra la seguridad ciudadana y el orden público, incluyendo definiciones, principios, sistema de sanciones y reglas aplicables a toda la normativa contravencional, con una propuesta que busca fortalecer la importante área; asegurando un sistema justo, claro y efectivo que promueva el respeto al orden público y la convivencia social.

Escuche y descargue la ptropuesta radial.

La entrada Mirada parlamentaria al proyecto de Ley que regula contravenciones administrativas se publicó primero en Radio Rebelde.

En el intercambio, el titular destacó la intensa agenda sostenida por el ministerio, en la que se destaca la aprobación de diversas leyes que modifican el funcionamiento del propio organismo.

De igual manera, Silvera Martínez destacó la importancia del proceso de digitalización como parte necesaria del accionar del órgano, en el que se ha volcado una gran parte de los esfuerzos y donde se ha recibido apoyo de otros países, aunque insistió en que no podrá existir una trasnformación digital sin un cambio en la postura de las personas.

Sobre la actividad del ministerio para el próximo año, el titular de Justicia adelantó que el cronograma legislativo en en 2025 volverá a ser intenso, en primer lugar con la aprobación de 13 nuevos decretos leyes, entre otras acciones.

Escuche y descargue el intercambio íntegro:

La entrada Cierra Cuba año intenso en su cronograma legislativo se publicó primero en Radio Rebelde.

La presentación del documento, estuvo a cargo de Yojanier Sierra Infante, Presidente del Tribunal Provincial Popular de la Habana y Jefe del Grupo para la Transformación Digital de los Tribunales Cubanos en el evento, Justicia y Derecho.

«La transformación digital en el sistema de Tribunales es un tema de vital importancia, por cuanto garantiza que los procesos sean más ágiles, transparentes e interactivos con la población», dijo Sierra Infante en las palabras de apertura.

Asimismo, el funcionario manifestó que no son necesarias nuevas normativas para establecer la digitalización del proceso del sistema, pues se reconoce como un proceso natural tras la reforma normativa.

Asistieron a la presentación, Homero Acosta, Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, y Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular.

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