La propuesta obtuvo solamente dos votos contrarios, de las magistradas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, y fue aprobada por la mayoría.

Luego de poco más de cuatro meses del regreso del magnate a la Casa Blanca, la noticia trasciende en medio de una agenda migratoria feroz, centrada en la criminalización de la migración y el impulso de deportaciones masivas con respaldo de varias cortes y desavenencia de otras.

El fallo se refiere al uso de la llamada «libertad condicional humanitaria» (parole), un mecanismo que permite a ciertos migrantes trabajar legalmente si cuentan con un patrocinador. Esta medida, lanzada por la administración Biden bajo el programa conocido como CHNV (por las iniciales de los países beneficiarios), fue implementada inicialmente en octubre de 2022 para venezolanos, y extendida en enero de 2023 a haitianos, cubanos y nicaragüenses. Los migrantes debían pasar verificaciones de antecedentes, contar con patrocinadores en EE.UU., estar vacunados, y cumplir otros requisitos.

La sentencia revierte la decisión de la jueza federal de Massachusetts, Indira Talwani, quien en abril había impedido aplicar medidas generalizadas de expulsión, argumentando que la ley de inmigración no permite expulsiones aceleradas a quienes habían sido autorizados a permanecer legalmente. Con este nuevo fallo, la Corte elimina la obligación de evaluar caso por caso, dando luz verde a una revocación masiva del estatus legal.

Aunque temporal, en espera de que una corte de apelación se pronuncie sobre el fondo del caso, la medida afecta directamente a cientos de miles de migrantes, y se suma a otro fallo reciente que autoriza la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) a cerca de 350.000 venezolanos.

Los dos programas, TPS y parole, son distintos, aunque es posible acogerse a ambos simultáneamente. Su eliminación permite a Trump avanzar con su plan de deportación masiva, una promesa de campaña que ahora cuenta con apoyo judicial parcial.

Una de las magistradas en desacuerdo, Ketanji Brown Jackson, advirtió sobre «las devastadoras consecuencias» de esta medida. Alertaron sobre el peligro que corren cientos de miles de personas mientras sus casos están pendientes. Los migrantes, señalaron, se enfrentan a “dos opciones insoportables”: abandonar EE.UU. y arriesgarse a la violencia, la separación familiar y la pérdida de sus derechos, o permanecer y enfrentar una posible expulsión inminente y traumática.

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La medida afecta a miles de personas que planeaban regularizar su estatus migratorio mediante casos de asilo político, amparos familiares o leyes que permiten el camino a la residencia. El memorando, fechado el 14 de febrero y revelado el martes por Andrew Davidson, un alto funcionario de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), menciona que todas las “solicitudes de beneficios pendientes” están en pausa administrativa indefinida.

Tres programas migratorios son los más afectados: el parole humanitario que permitió la entrada de 530.000 nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela; el programa de reunificación familiar para colombianos, ecuatorianos, centroamericanos, haitianos y cubanos; y el programa Unidos por Ucrania, que brindó amparo a 240.000 ucranianos con patrocinadores estadounidenses.

El memorando menciona que la pausa se debe a preocupaciones de fraude y seguridad pública que no están siendo adecuadamente señaladas en los sistemas de adjudicación del país. Miles de solicitudes fueron encontradas con “patrocinadores en serie”, información de fallecidos o direcciones repetidas. Davidson explicó que esta pausa podría ser levantada después de una revisión exhaustiva de los extranjeros en libertad condicional bajo estos programas.

Ciertamente, el futuro puede ser incierto para los ciudadanos que actualmente tienen protección y permisos de trabajo por dos años y que aspiran a obtener un estatus legal permanente, como los cubanos que podrían beneficiarse de la Ley de Ajuste después de un año de permanencia en el país. La medida de revocar el estatus legal y someter a deportación a quienes no obtengan otros beneficios de inmigración es una señal de que, bajo el gobierno actual, cualquier migrante podría estar en el limbo legal, y por ende, en riesgo.

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