Sánchez, quien fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo, ha construido su discurso alrededor de la necesidad de una nueva Constitución. Propone convocar a una Asamblea Constituyente que sustituya la Carta Magna de 1993, con el objetivo de instaurar un Estado plurinacional y democrático. Esta bandera lo ha posicionado como referente de sectores populares que demandan mayor inclusión y soberanía.

En el plano económico, el candidato plantea revisar los Tratados de Libre Comercio y renegociar concesiones estratégicas, bajo la premisa de recuperar la autonomía nacional. A ello se suma un programa social que promete educación superior gratuita y un sistema de salud fortalecido, con énfasis en la atención primaria. En materia de seguridad, su propuesta se centra en combatir el crimen organizado y la violencia urbana, fenómenos que preocupan a la ciudadanía.

Varios sectores han tratado de deslegitimar a Sánchez con investigaciones fiscales por presunto fraude en aportes de campaña y supuesta falsificación de documentos entre 2018 y 2020. La defensa del candidato afirma que el delito fue archivado por el Poder Judicial tras varios años de investigación. Señala que la acusación actual se basa en “formalismos administrativos” y que no existen pruebas de apropiación personal de fondos. Añade que la Fiscalía no ha demostrado desvío de dinero hacia gastos privados.

Además, su cercanía con Pedro Castillo y la posibilidad de un eventual indulto al expresidente generan rechazo en sectores derechistas de la nación.

En la primera vuelta electoral del 12 de abril, Sánchez logró el segundo lugar con alrededor del 12 % de los votos, y aseguró su pase al balotaje frente a la derechista Keiko Fujimori.

Los sondeos más recientes lo ubican detrás de su rival, aunque con una diferencia estrecha, mientras que el voto indeciso y en blanco supera el 20 %. Este escenario convierte a la segunda vuelta del 7 de junio en un desafío crucial para su candidatura.

El desenlace de la contienda dependerá de la capacidad de Sánchez para ampliar su base más allá del electorado de izquierda y disipar las dudas sobre su credibilidad.

Del contexto político peruano:

• Alta inestabilidad institucional: en la última década, Perú ha tenido múltiples presidentes que no lograron completar sus mandatos, debilitando la confianza en las instituciones.
• Proceso electoral polarizado: la segunda vuelta presidencial enfrenta a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), en un clima de tensión y acusaciones de irregularidades.
• Desconfianza ciudadana: gran parte de la población cuestiona la transparencia del sistema electoral, lo que aumenta la incertidumbre política.
• Crisis institucional: La sucesión de presidentes destituidos o renunciantes ha erosionado la gobernabilidad.
• Conflictos sociales: Protestas recurrentes por temas ambientales, laborales y de representación política.
• El clima general se percibe como inestable (40 %), aunque un sector habla de estabilidad (31 %) y optimismo (16 %).

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