La norma, explicada en conferencia de prensa por Guillermo Sarmiento Cabañas, director de Organización del Trabajo del MTSS, representa la descentralización de la facultad de aprobar la organización salarial hacia las empresas.

Sarmiento enfatizó que este cuerpo legal, que tiene su génesis en 2021, ha significado un gran avance ”porque transfiere al sistema empresarial la facultad de aprobar el salario de sus trabajadores”, desvinculándose de la obligatoriedad de sujetarse únicamente a la escala salarial única y los calificadores de cargos centralizados por el Ministerio.

“Se hace a él una descentralización de la facultad y la gestión del capital humano”, subrayó. Agregando que esta medida “pone en similitud de condición a todos los actores económicos para decidir sobre asuntos esenciales”.

El directivo contextualizó que el decreto se elaboró teniendo en cuenta experiencias previas, como el Decreto 98 para el turismo, y que su esencia es otorgar “mayor flexibilidad” al sistema empresarial.

Los resultados de la política aplicada desde 2023, considerada la antesala de este decreto, fueron expuestos como un aval. Más de 100 entidades, que representan el 45% del sistema empresarial estatal (según datos de septiembre), ya han implementado este modelo.

Este grupo, aunque minoritario en número, concentra más del 64% de las ventas y el 71% de la utilidad de todo el sistema. Además, presenta una productividad media de 46000 pesos, superior en más de 14000 pesos al resto, y un salario medio de 9558 pesos, que supera en más de 2000 pesos la media del sistema.

Una evaluación conjunta con las empresas, las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) y los sindicatos identificó como positivo el carácter “novedoso” de la medida y su contribución a “modernizar la gestión”.

También se reconocieron limitaciones y trabas en la normativa anterior (Decreto 37) que fue necesario modificar. Este proceso de evaluación, en el que participaron los ministerios de Trabajo, Economía y Planificación, Finanzas y Precios, y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), condujo a la elaboración del nuevo Decreto 138 y su norma complementaria, el Decreto 130.

Principios rectores y el alcance de la organización salarial

Sarmiento detalló que el objetivo principal de la norma es “promover, estimular el incremento de productividad, de eficiencia” y, como consecuencia, “aportar al presupuesto del Estado”.

El impacto en el ingreso de los trabajadores es visto como un resultado directo, pero “la esencia está en transformar la gestión de los recursos humanos”. La empresa ahora debe diseñar técnicamente su sistema, aplicando métodos científicos e innovación.

La “organización salarial” se define como el proceso mediante el cual la empresa diseña la arquitectura que define la remuneración. Esto comprende el diseño de su escala salarial específica, la evaluación y clasificación de los puestos de trabajo, la determinación del salario para cada cargo o grupo de cargos, y el establecimiento de los sistemas de pago adicional y por rendimiento.

Un aspecto destacado es el procedimiento de aprobación. La organización salarial debe ser aprobada por el jefe de la entidad, “sin previa evaluación” externa, pero tras un análisis en el Consejo de Dirección y, de manera fundamental, “de común acuerdo con la organización sindical” correspondiente.

Luego se refrenda en una disposición interna y se lleva a conocimiento de la Asamblea General de trabajadores, integrándose al convenio colectivo de trabajo. “No puede ser la decisión unipersonal de un jefe”, recalcó Sarmiento.

La norma se sustenta en cinco principios constitucionales y legales: igualdad (para trabajo de similar complejidad), diferenciación (reconocimiento individual), distribución (pago según cantidad y calidad del trabajo), dinámica (vinculación a resultados de la empresa) y uno novedoso: el principio de protección mínima.

Este establece que el salario en la nueva organización no puede ser inferior al salario mínimo nacional, ni tampoco al salario básico que el trabajador percibía el año anterior.

“Es un principio más protector”, destacó, explicando que antes la protección solo se refería al salario básico en el momento inicial de aplicación.

Condiciones, indicadores y tratamientos diferenciados

La aplicación de esta facultad no es automática para todas las empresas. Está condicionada al cumplimiento de un requisito central: no deteriorar el aporte por rendimiento de la inversión estatal o el pago de dividendos al presupuesto, en comparación con el año anterior.

Este es un indicador sintético, fiscal, que reemplaza a los cuatro indicadores que se exigían antes. “La empresa tendrá que tener más utilidad, mayor nivel productivo… para poder llegar a ser más eficiente”, explicó Sarmiento.

El decreto introduce tratamientos diferenciados para reconocer la naturaleza diversa de las empresas:

• Servicios públicos y actividades exclusivas del estado (como la Empresa Eléctrica): Se les aplica un tratamiento especial, pues no siempre pueden lograr altas utilidades por su función social. El Estado puede decidir, en correspondencia con las posibilidades presupuestarias, asignarles un fondo de salario para mantener la fuerza laboral.
• Empresas de alto valor añadido y alta productividad: Reciben un tratamiento más específico , exigiéndoles un crecimiento sistemático de la productividad y del aporte fiscal. Se incluyen aquí las dedicadas a la exportación, a las que se les evalúa principalmente por indicadores físicos (volumen de producción) para aislarlas de las fluctuaciones de precios en el mercado mundial.
• Empresas de nueva creación: La nueva política las incluye, a diferencia de la anterior, estableciendo reglas para que puedan diseñar su organización salarial.
• Unidades Empresariales de Base (UEB) autorizadas: Se faculta al director de la empresa para aprobar la organización salarial en una UEB con resultados favorables, incluso si la empresa matriz no los tiene en su conjunto, siempre que a la UEB se le puedan medir sus resultados de forma independiente.

Novedades en los sistemas de pago y ejecución

El decreto generaliza la aplicación de un sistema de pago por rendimiento a todos los trabajadores de la empresa, directos o indirectos. Establece que, como mínimo, el 30% del fondo de salario debe responder a este concepto. “Siempre se va a tener un pago por resultado”, afirmó Sarmiento.

Respecto a los pagos adicionales (complementos al salario por conocimientos, condiciones, etc.), la norma aclara que aquellos establecidos en la legislación general (como por doctorado, maestría, o por trabajar en la Administración Pública) se mantienen con su cuantía fija y son inmodificables por la empresa.

Sin embargo, la empresa sí tiene la facultad de crear y aprobar otros pagos adicionales por año de servicio, certificaciones internacionales, o por realizar actividades adicionales, entre otros conceptos. El MTSS publicó una resolución (la 17) que establece los límites máximos para estos pagos.

En la ejecución, hay una regla beneficiosa: las empresas que superen su aporte por rendimiento al presupuesto (en valor absoluto) pueden aumentar su fondo de salario.

Este incremento no está condicionado a una proporción rígida con la utilidad, pero debe garantizar que el aporte fiscal no se deteriore. Si al cierre del año el aumento del salario causara un incumplimiento del aporte planificado, la diferencia se convierte en una obligación de pago para la empresa.

Responsabilidades, control y papel de los actores

El decreto refuerza las responsabilidades de todos los niveles. Los jefes de las OSDE (ministros, gobernadores, presidentes de consejos municipales) tienen la facultad de autorizar excepciones al requisito de cumplimiento del indicador, en casos justificados como movimientos organizativos o ciclos largos de investigación, pero siempre que el sistema empresarial en su conjunto no deteriore su aporte al presupuesto.

A las empresas que no cumplan las condiciones para aplicar el decreto, se les exige elaborar un programa de trabajo de un año para lograr su implementación. Los jefes de las OSDE deben informar al Consejo de Ministros sobre los resultados de estos programas, identificando las causas de los incumplimientos y las medidas correctivas.

La responsabilidad de velar por el cumplimiento recae también en las juntas de gobierno de las empresas, como representantes del Estado. El proceso de control involucra de manera coordinada al MTSS, al Ministerio de Economía y Planificación (por el plan) y al Ministerio de Finanzas y Precios (por el presupuesto y el indicador fiscal).

La participación sindical y la defensa de los trabajadores

Durante la presentación, se enfatizó repetidamente el papel protagónico de los sindicatos y los trabajadores. Yiseilis Nariño Ferrer, directora jurídica y de Relaciones Internacionales del MTSS, comentó que “en la medida que las personas que trabajan en la entidad… conozcan, dominen, se incorporen y participen en el proceso, en esa medida también el trabajador tendrá la posibilidad de saber exigir” sus derechos.

El “común acuerdo” con el sindicato es un requisito legal obligatorio, no una mera consulta. “No es el criterio del secretario de la sesión sindical. Es la evaluación de la organización sindical”, precisó Sarmiento. Todo el diseño de la organización salarial, así como cualquier ajuste posterior, debe ser analizado y aprobado en la Asamblea General de afiliados y trabajadores, y quedar reflejado en el convenio colectivo de trabajo.

Nariño Ferrer recordó a los trabajadores las vías establecidas para reclamar en caso de inconformidad, siendo el órgano de justicia laboral la instancia fundamental. “A veces perdemos tiempo quejándonos… lo tienen que conocer porque el sistema de justicia laboral es la vía hoy establecida”, afirmó.

Impacto general y perspectivas

Sarmiento resumió los impactos fundamentales del Decreto 138:

1. Contribuye a incrementar la ciencia empresarial, la eficiencia y el aporte al presupuesto.
2. Amplía la descentralización, eliminando trabas a la autonomía y responsabilidad empresarial.
3. Ofrece mayor claridad y precisión sobre el alcance de las facultades descentralizadas.
4. Promueve mayor estabilidad de los recursos humanos y atrae talento.
5. Avanza en la transformación de la estructura del ingreso de los trabajadores, favoreciendo la parte salarial sobre otras remuneraciones.
6. Fortalece la participación sindical y de los trabajadores en decisiones clave.

Con la publicación de esta norma, el gobierno cubano espera que para el plan del 2026 un mayor número de empresas puedan incorporarse a este sistema, con el propósito último de “lograr un adecuado balance entre el resultado que tiene este tipo de empresa y el ingreso del trabajador” y, en definitiva, “modernizar la gestión” de la empresa estatal cubana.

(Cubadebate)

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La implementación de las 43 medidas para el fortalecimiento de la empresa estatal le ha abierto nuevas oportunidades al empresariado cubano, otorgándole mayor autonomía en su administración y gestión.

EMPRESA INDUSTRIA ELECTRÓNICA COMANDANTE CAMILO CIENFUEGOS

En medio de las complejidades, la Empresa Industria Electrónica Comandante Camilo Cienfuegos alcanzó una cifra histórica en sus ingresos con 336 millones de pesos.

El director general de la entidad, Edel Gómez Gómez explicó que los resultados obtenidos se deben a un grupo de factores, entre los que se destaca la implementación de las 43 medidas y, de manera especial, la aprobación de un objeto social secundario.

La empresa comenzó, desde el año 20218, un programa encaminado a uso de las fuentes renovables de energía. Contempló la instalación anual de parques solares fotovoltaicos y en la actualidad disponen de 18 equipos.

Gómez Gómez señaló que la fábrica genera unos 8 mil 500 kw hora diarios y de ellos consume unos 5 mil kw. Aportan unos 3 mil kw hora al Sistema Eléctrico Nacional en días laborables y la cifra aumenta los fines de semana.

Mencionó su incursión en la vialidad eléctrica con una flota de 35 triciclos eléctricos para la transportación de las materias primas y de los productos terminados y otro grupo de autos, asimismo se trabaja en la homologación de tractores eléctricos con destino a la agricultura.

También centraron las bases de los logros de esta industria, la aplicación de la economía circular, el manejo de la ciencia y la innovación en la solución de problemas, la integración con otros actores de la economía y el empleo de una parte de las utilidades en beneficio de los trabajadores.

“No existe una empresa que avance si todos los factores no persiguen un mismo objetivo”. Se hace necesario establecer un intercambio real con los trabajadores desde las asambleas de afiliados, en la que el director rinda cuenta de su gestión. El trabajador hay que ponerlo en el centro del problema y a partir de ahí buscar soluciones,  alternativas y motivaciones, consideró.

EMPRESA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PRIMAS DE LA HABANA

La Empresa de Recuperación de Materias Primas de La Habana cumplió  en el 2024 su plan de ventas totales al 124% y de exportaciones al 147%. Su directora general Rosa María Reyes Santiesteban enfatizó que la implementación de las 43 medidas para fortalecer la empresa estatal, junto a la aplicación de los decretos 34 y 87 les permitieron alcanzar muchos de sus resultados.

Reconoció que su colectivo de 719 trabajadores no tiene horario, ni día, ni momento para estar en la calle recuperando, “los recicladores hoy cambiamos la manera de reciclar. Antes esperábamos que las personas vinieran a nosotros, hoy salimos a buscarlos”.

Contamos con una red de 53 puntos firmes en la capital en donde la población lleva las materias primas. La empresa, por está vía,  recuperó el pasado año más de 9 mil toneladas de productos. La población también nos contacta a través de la  página web Reciclando y en las comunidades se desarrolla el proyecto Reciclo en mi Barrio, apuntó.

LABORATORIOS AICA

Laboratorios AICA es una empresa de alta tecnología destinada a la fabricación de 180 medicamentos inyectables destinados al cuadro básico de medicamentos y para la exportación. Fabrica anualmente unas 60 millones de unidades estériles para Cuba y otros mercados.

Se identifican, según su director, Antonio Vallín García como una empresa impaciente y ávida de hacer cosas nuevas. Aprovechan todas las regulaciones aprobadas por el país y que permitan flexibilidad.

Bajo la premisa de que lo que es bueno para el país, tiene que serlo para AICA y sus trabajadores, se crearon dos mipymes estatales, una enfocada en el desarrollo de encadenamientos y la otra en el mantenimiento de equipos analíticos complejos. Esta última brinda servicio especializado de calibración y metrología para muchas empresas a nivel nacional, además de dar soluciones de automatización con alto valor agregado.

“En la actualidad disponen de 12 proyectos de automatización. Hoy sueñan no solo con ponerle cerebro a los equipos sino también en construirlos”, infirió que su principal desafío es internacionalizar las mipymes para lograr un esquema de financiamiento propio que les permita crecer en el tiempo.

Solo en el 2024 la mipyme generó casi 40 millones de pesos de ventas en bienes y servicios y le aportó al país alrededor de 14 millones de pesos.

Mientras la mipyme destinada al desarrollo de encadenamientos, con solo 6 meses en operaciones, centra su atención en la organización de eventos de interés para una parte de la industria, talleres que buscan espacios de colaboración y negocios entre distintos tipos de industrias, cursos de inteligencia artificial aplicados a la gestión empresarial y un proyecto de la industria 4.0.

Hay quienes deciden subir el Turquino y hay otros que por las adversidades desisten de hacerlo, según extrapoló Vallín García,  eso mismo ocurre  con los empresarios. El país nos pide que nos animemos a hacer pruebas.

Agregó que hay que tener una afición por correr riesgos para el bien común y de eso se trata ser revolucionario y un buen empresario. Además subrayó que una acertada selección del equipo de dirección resulta medular para lograr los resultados esperados.

AICA necesita unos 25 millones de USD anuales para poder ejecutar sus producciones y hoy solo exportan menos de 10 millones de dólares. El directivo de manera autocrítica definió que cuando sean capaces de finaciar sus producciones entonces lo estarán haciendo bien, no obstante se han dado pasos importantes a partir  de haberseles aprobado la capacidad importadora y exportadora directa.

Desde su óptica, Antonio Vallín identificó para AICA la necesidad de integrarse en cadenas de valor. Aspiramos a tener pequeñas empresas subsidiarias en varios países que nos permitan mover    materias primas, dinero e insertarnos en el mercado internacional.

RETOS Y PROYECTOS PARA EL 2025

El 2025 será un año retador para el sistema empresarial, Edel Gómez Gómez, director de la Empresa Industria Electrónica Comandante Camilo Cienfuegos habló de lo complejo del período, sin embargo con optimismo se proponen un plan de ingresos superior de 368 millones de pesos.

Este año será mejor si aprovechamos las experiencias positivas del 2024, consolidamos e incorporamos encadenamientos productivos con otras empresas, así como desde la dirección de gestión del conocimiento humano avanzamos con pasos firmes rumbo a convertirnos para el 2035 en empresa de alta tecnología.

Por su parte, Rosa María Reyes Santiesteban ratificó que la Empresa de Recuperación de Materias Primas de La Habana incorporará nuevas ideas y hará las transformaciones necesarias para fortalecer la actividad del reciclaje y avanzar en la economía circular. Se trabaja en incrementar la cartera productos con destino a la población cuyos precios son mucho más competitivos. 

La conversión en mipyme de una UEB para de fabricación de medicamentos citostáticos, desarrollar alianzas colaborativas con los servicios veterinarios del país y la creación de una entidad con inversión extranjera indirecta para centros de recuperación de plasmas son los proyectos, más inmediatos de AICA, en este   2025.

Arriesgar más y aprovechar al máximo todas las oportunidades deberá ser el punto de giro del Sistema Empresarial Estatal.  La integración entre empresas, la sagacidad de sus directivos y la motivación de sus colectivos laborables despejarán el camino hacia la empresa a la que todos aspiramos.

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La flexibilización del objeto social de las empresas y su articulación con el sector privado contribuyeron a que el 84% de las empresas estatales cerraran el año con utilidades. No obstante, hoy 326 presentan perdidas en su gestión financiera, cifra que aun cuando disminuye en 26 unidades.

La directora del Sistema Empresarial Estatal del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Yovana Vega Matos explicó que en su mayoría estas entidades tienen precios y tarifas centralizadas como mecanismos de protección a la población y la economía.

“En las empresas hay multiplicidad de factores, también inciden otras cuestiones asociadas a la eficiencia empresarial. Son entidades que se han estudiado y para las cuales se aplican medidas enfocadas en minimizar los resultados negativos y avanzar en el mejoramiento de su gestión”, acotó.

Destacó que algunas de estas empresas deberían transitar hacia un incremento de sus precios y tarifas, sin embargo no están creadas las condiciones en la economía para tomar tal decisión. Por eso‌ indicó que se buscan otros mecanismos de protección, como son las subvenciones desde el Presupuesto del Estado.

Asimismo aclaró que esas ayudas financieras tienen límites y no cubren esas ineficiencias que no están asociadas justamente a la producción de bienes y servicios.

Las transformaciones del sistema empresarial estatal en la búsqueda de una mayor eficiencia continúan su paso en este 2025, encaminadas, en lo fundamental, a modificar los mecanismos de asignación de recursos. De igual modo, se generalizará la facultad de aprobar por los empresarios el diseño de la organización salarial de las empresas.

La directiva del MEP subrayó que el nuevo decreto permitirá, de una manera más efectiva, que los empresarios puedan realmente definir cuáles son los ingresos de los trabajadores, en función de los resultados que tenga la entidad empresarial, ” hablamos del diseño de su propio salario escala, de los pagos adicionales y por su puesto se mantiene la distribución de utilidades activa desde años anteriores”. También habrá transformaciones en las estructuras de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) y se precisa avanzar con mayor celeridad en la diversificación del tejido empresarial.

Además hay que fomentar una mayor participación de las empresas en la producción nacional y, a su vez, hacer un proceso más articulado con las estrategias de desarrollo territorial. Insistió en la complementariedad que se deberá lograr en los municipios entre  la empresa  estatal como sujeto fundamental y los nuevos actores de la economía.

Vega Matos, a su juicio, destacó que pese al complejo escenario por el que transita la empresa estatal hay experiencias muy positivas y alentadoras que demuestran que Sí es posible su desarrollo.

“En la medida en que logremos consolidar las acciones y las transformaciones que se diseñan y se implementan, en que se generalicen los buenos resultados empresariales, se innove desde todos los puntos de vista, no solo técnicamente, sino también organizacional y en temas financieros y en que seamos más eficientes obtendremos mejores resultados.  Hay grandes retos por delante en el año 2025, pero que también hay grandes posibilidades de mejorar, aun cuando el escenario es muy adverso para nosotros como país”, apreció.

De igual forma sugirió las alianzas con los países miembros del  grupo de los BRICS, una oportunidad para el empresariado estatal que deberá saber aprovechar con agudeza.

En la actualidad, el 90% de las  ventas netas del sistema empresarial provienen de las entidades estatales, al igual que las exportaciones de bienes y servicios con un 75%. Dichos números demuestran la urgencia de que la empresa estatal logre el despegue que tanto demanda nuestra economía.

En un segundo trabajo se expondrán criterios de varios empresarios cubanos sobre los resultados de la empresa estatal y sus enormes desafíos.

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La iniciativa, explicada en la última sesión del Parlamento Cubano, proyecta cómo desde la localidad se puede alcanzar autonomía para impulsar el desarrollo, en función de mejorar la calidad de vida de los mas de 37 mil habitantes de ese municipio pinareño.

 La descentralización de competencias a los diferentes niveles, la integración de un grupo de empresas al Consejo de la Administración y la creación de otras de subordinación local , son algunas de las acciones ejecutadas para garantizar el sistema alimentario local, que ya muestra resultados.

En el intercambio,   Carlos Manuel de la Cruz, Intendente de Los Palacios , al referirse al impacto de la implementación explicó que algunas entidades que cerraron 2022 con pérdidas muestran utilidades en el primer semestre de este año,se redujo la cantidad de trabajadores vinculados indirectamente a la producción, en tanto las producciones forestales se emplean en la construcción de viviendas territoriales y en la confección de sarcófagos ante el déficit existente en la provincia.

Lazo Hernández al conocer la implementación de este sistema ,recordó que la autonomía municipal permite    que cada territorio conozca y pueda aprovechar al máximo sus recursos endógenos, a partir del uso y explotación de la tierra, la aplicación de la ciencia, la técnica y la innovación, base para la impostergable soberanía alimentaria. 

 El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular recordó que al nocivo efecto del bloqueo no se le pueden sumar deficiencias internas, de ahí la pertinencia de impulsar desde lo local el desarrollo para beneficio popular.

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